Una síntesis demoledora sobre la violación de derechos humanos en Venezuela

El informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presentado recientemente, abarcó ampliamente las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela solo en el período entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, pues no incluyó el voluminoso expediente acumulado por la Corte Penal Internacional (CPI) tras ocho años de investigaciones sobre el tema.

Sin embargo, dicho informe representó un acto demoledor de toda la narrativa de justificación gubernamental sobre la represión desatada contra el pueblo venezolano.

La Misión inició señalando la violación de los acuerdos de Barbados y los actos de intimidación y represión preelectorales, así como diferentes actuaciones del régimen para minar el proceso, entre ellos: la inhabilitación de candidatos y, particularmente, de la ganadora de las primarias, María Corina Machado (MCM), el impedimento a la inscripción de Corina Yoris, y la prohibición de participar a varios partidos políticos.

 
También se refirió al «irregular anuncio» de los resultados electorales y la «írrita proclamación», sin culminar el proceso de totalización y en violación de los mínimos estándares internacionales, citando al Centro Carter y al Panel de Expertos de la ONU.

El informe reporta, asimismo, la detención de 48 personas, incluyendo civiles y militares, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, bajo acusaciones de conspiración como en el caso de la operación «Brazalete Blanco», y documentaron 121 detenciones adicionales relacionadas con actividades de la oposición en el mismo período.

Es de destacar que la Misión estableció que el anuncio de supuestas «conspiraciones», es frecuentemente utilizado para justificar actos de represión y violencia, por parte de gobiernos autoritarios.

La Misión también denunció que se impidió el ingreso de los testigos nacionales opositores a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de las elecciones y que después, se llevó a cabo una campaña masiva de detenciones (Operación Tun Tun) contra miembros y testigos de mesa, la detención de 158 niños y niñas, y de más de mil personas comunes durante las protestas, con acusaciones graves de terrorismo.

Señala, además, que la orden política de detener a las personas que levantaron sus voces contra el anuncio de resultados electorales sin sustento, vino desde las más altas esferas del poder a través de los medios de comunicación social, e incluso del propio presidente de la República.

Como resultado, se practicaron 1937 detenciones arbitrarias, sin asistencia legal adecuada, sin audiencias imparciales y sin abogados de confianza, violando el debido proceso. No hubo órdenes de aprehensión, ni tampoco órdenes de allanamiento de morada.

Se documentaron al menos 25 muertes en las protestas postelectorales, la mayoría por disparos, con la participación de Fuerzas de Seguridad y grupos civiles armados afines al Gobierno. Según el informe, 23 de esas muertes fueron responsabilidad de la FANB, de la PNB, y de los Colectivos Paramilitares, y dos de ellas ocasionadas conjuntamente por cuerpos de seguridad y cuerpos paraestatales.

La Misión documentó, desapariciones forzadas de corta duración como parte de la represión, afectando también a sus familiares, y aseguró que esto pudo evidenciarse en todas las detenciones practicadas.

Adicionalmente, se investigaron los casos de tortura y violencia sexual en prisiones y centros de detención, incluidos tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Las prácticas utilizadas por los funcionarios incluyeron: golpes con planchas de madera o bates envueltos en goma espuma, descargas eléctricas, incluidos los genitales, inmersión en agua helada, privación forzada del sueño, sentarlos desnudos en planchas heladas, violencia sexual y amenazas contra familiares.

Los principales organismos perpetradores identificados fueron el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ambas dependientes del Ministerio del Interior, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aunque también participaron otras agencias de seguridad del Estado.

El informe indica que las violaciones y crímenes fueron cometidos en cumplimiento de una política estatal diseñada para «silencia y desalentar a la oposición y sofocar las protestas».

La coordinación entre el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, con la complicidad del sistema judicial, demuestra que estas acciones fueron ordenadas y respaldadas por los más altos niveles de poder estatal.

Las víctimas identificadas fueron principalmente dirigentes y miembros de partidos políticos, miembros de ONG’s y defensores de DD. HH., periodistas, opinadores y creadores de contenido, militares, mujeres y niños, así como sus familiares cercanos. Pero incluyó también a personas comunes sin vínculos partidistas, poniendo en evidencia un patrón sistemático de persecución contra la dirigencia de los partidos de la oposición, pero también contra las protestas por el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones.

Igualmente, se hace mención específica a los dirigentes políticos que se encuentran en calidad de asilo en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, debido a órdenes de detención arbitrarias.

La Misión concluyó que estas personas fueron objeto de persecución basada en motivos políticos, y las violaciones documentadas fueron perpetradas de manera sistemática, buscando silenciarlas por sus posiciones políticas. Se pudo evidenciar, también, el temor a declarar por parte de las víctimas y sus familiares, por las esperadas represalias.

Estas violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, constituyen crímenes de lesa humanidad, o configuran crímenes de persecución basados en motivos políticos, ambos previstos en el Estatuto de Roma.

Vista la situación, sorprende entonces que a la fecha, todavía no haya actos concluyentes ni sanciones legales por parte de los organismos internacionales que tienen ese mandato.

*Para El Debate