Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador: “Noboa perdió el horizonte, es un totalitario”

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, alista sus maletas para regresar a su país después de casi un año de haber sido confinada en el exterior como “embajadora de paz”, con la misión de “mediar” en el conflicto entre Israel y Palestina. Hace apenas cuatro días fue apartada del Gobierno mediante una jugada política y jurídica sin precedentes. El Ministerio de Trabajo la sancionó con 150 días de suspensión por “abandono injustificado del cargo”, una figura jurídica que no se aplica a su situación, dado que es una funcionaria de elección popular. Además, el reglamento invocado por la ministra de Trabajo no establece una sanción de cinco meses, sino de un máximo de 30 días.

El Gobierno, que previamente había declarado a Abad una “enemiga política”, busca evitar que Abad asuma la presidencia cuando el mandatario, Daniel Noboa, tenga que dejar el cargo en enero para hacer campaña y presentarse a las elecciones del 9 de febrero. El procedimiento administrativo iniciado por el Ministerio de Trabajo se activó tras la última orden de la Cancillería, que decidió trasladarla de Tel Aviv a Ankara, presuntamente para protegerla ante la escalada de violencia en Israel. La orden fue que Abad llegara a Turquía el 1 de septiembre, pero ella arribó el 9 de ese mes, tras enviar a sus dos hijos menores de edad a Ecuador.

En un nuevo movimiento política el presidente Noboa designó a Sahira Moya como vicepresidenta encargada, apelando al artículo 150 de la Constitución, por ausencia temporal de la funcionaria, aunque Abad fue sancionada por un período de cinco meses; es decir, hasta la segunda vuelta electoral de 2025, al límite del mandato del actual Gobierno. Todo el aparataje gubernamental se ha prestado para reforzar la decisión del Ejecutivo, incluida las Fuerzas Armadas. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, se refirió a Abad como “exvicepresidenta”, aun cuando la segunda mandataria todavía no ha perdido su posición oficial.

Sin cargo, sin seguridad, sin sueldo, y sin su familia, Verónica Abad (Cuenca, 48 años) permanece en Turquía. Intentó regresar al país para presentarse ante el Pleno de la Asamblea, que la había convocado para que explicara su situación, pero no tuvo éxito. En una entrevista con EL PAÍS, Abad analiza por videollamada los pormenores de su destitución, califica la maniobra del presidente como un acto de “totalitarismo” y denuncia el atropello de las leyes a manos de quienes, según ella, carecen de “escrúpulos”.

Pregunta. Usted dijo que el único paso que faltaba para que no continuara en el Gobierno era que “la mataran”. ¿Creyó que el presidente iba a ser capaz de llevar la situación a ese límite?

Respuesta. Le faltaba hacer eso [apartarla] o quitarme la vida para no llegar a la sucesión. Por un lado, no imaginaba que llegaría tan lejos, pero por otro lado, sí, porque lo que me hizo solo lo puede hacer alguien sin escrúpulos, que está dispuesto a todo. Esto ya no es solo un tema político, el presidente está dispuesto a todo. Todo comenzó cuando, en nombre de “mi seguridad”, me enviaron a Turquía. Me trasladaron de Israel a Ankara con un decreto presidencial que no tenía ningún fundamento. No me daban seguridad ni en Israel, ni aquí, ni en ningún lado. Y eso no fue todo. El tema administrativo, como acabamos de ver, está en sus manos.. El Gobierno manipuló toda la estructura administrativa a su conveniencia, sin sustento jurídico, atropellando las leyes y utilizando el poder para intimidar. Por eso mi llamado es a la justicia, para que determinen [la legitimidad de] la actuación del Gobierno.

P. ¿Cómo ha reaccionado frente a la decisión del Ministerio de Trabajo, que la sancionó con 150 días de suspensión?

R. Presentamos una acción de protección de medidas cautelares por el sumario administrativo, que ya fue sorteada a una jueza. También pedimos a la Asamblea que trate este tema, que fiscalice y que se pida a la Corte Constitucional la aclaratoria de este caso. La Vicepresidencia en este momento está pasando momentos de miedo con la designación de la encargada, así que hemos presentado una declaratoria de estado de rebeldía para que quede por escrito nuestro derecho a la resistencia ante este atropello de colocar una nueva encargada en la Vicepresidencia. Hemos elevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que revise de manera urgente esta sentencia de destitución directa del presidente. Esto no es una decisión de la ministra de Trabajo, esto es una orden del presidente y debe ser juzgado por eso.

P. ¿Fue una orden del presidente?

R. Totalmente. Y no se va a detener. Hoy [el miércoles] ya dijo que le encargó al nuevo ministro del Gobierno que averigüe sobre cuentas en paraísos fiscales que se han inventado que tiene mi hijo. Va a tener que responder ante las instancias internacionales que parecen no estar siguiendo lo que él está haciendo. Él es un presidente que sigue mezclándose en el fango para ensuciar a otros y así que los demás se vean malos y no vean la maldad en él.

P. ¿Cree que la decisión de la justicia llegue antes del 5 de enero, cuando usted debería asumir el poder?

R. Tengo esperanza de que así sea. Pero también es cierto que estamos frente a un sistema judicial que está bajo la presión de poderes que no respetan el Estado de Derecho

P. ¿Ha hablado con alguien de la CIDH para agilizar una medida cautelar y corregir esta sanción?

R. No directamente. Hemos seguido el proceso. Pero hace 15 días se dio el examen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde la comisión preguntó a las autoridades ecuatorianas sobre el caso de la vicepresidenta. Estaban la ministra de la Mujer y el procurador del Estado, y nunca hablaron del tema, ni dieron respuestas a mi caso y otros que se ventilan. El comité se refirió a la preocupación que tiene de que la justicia en Ecuador está gravemente coartada por diferentes poderes, entre esos por el Ejecutivo.

P. ¿Qué tiene pensado decir en la Asamblea a la que fue convocada?

R. La verdad. Ellos están llamados a fiscalizar. Decir que en medio de esto hay capricho y funcionarios que, obedeciendo la orden de un presidente, han hecho cosas ilegales. Tenemos que rescatar la independencia de poderes. Un poder no puede adueñarse del país.

P. Manteniendo el peor de los escenarios, si no prosperan las medidas cautelares, ¿qué tiene planeado hacer?

R. Mantenerme firme, como lo he hecho. Sigo creyendo en la democracia. Las leyes son libertad, para vivir en orden y justicia. Y ahora quiero luchar con mayor fuerza por eso. Esto no me debilita, al contrario.

P. ¿Qué le incomodó tanto al presidente de usted?

R. Desconozco. Pero creo que el presidente perdió el horizonte y ve a Ecuador como su patrimonio, estamos frente a una persona que tiene actos dictatoriales.

P. ¿El presidente es un dictador?

R. Sí, por supuesto. Es un totalitario, lo ha demostrado desde el inicio con mi destierro. El techo de un demócrata es la ley, para limitar el poder, y a él no le gusta vivir bajo la ley porque se cree todopoderoso.

Fuente: El País