La situación política actual en Venezuela: entre golpe de estado y lucha por la libertad

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, aceptó el Recurso Contencioso Electoral introducido por el presidente Maduro, para investigar la situación electoral y ratificar su triunfo.

Al respecto, el TSJ optó por citar a los diez candidatos para iniciar una investigación sobre el tema electoral, pero «le salió el tiro por la culata». Los candidatos exigieron la presentación de las actas de escrutinio, pero pasados ya siete días luego de la elección, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no lo ha hecho, lo cual tipifica un «Golpe de Estado», perpetrado por el gobierno, al declarar a Maduro como ganador sin presentar las actas de escrutinio que lo fundamentan.

Lo que quedó claro es que el TSJ, en vez de citar a los candidatos, debería haber citado a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los jefes del equipo de seguridad informática de ese organismo para aclarar con ellos los siguientes asuntos:

 
La emisión de un único Boletín, el domingo 28, sin presentar los datos que lo soportan; La proclamación, como ganador, del candidato Maduro con solo el 80% de las actas no mostradas y sin el Acta de Totalización que exige la ley, firmada por los rectores y los testigos acreditados de los candidatos; Las razones por las cuales no se ha hecho pública y en Gaceta Oficial, el Acta de Totalización con los correspondientes soportes de datos verificados; La opinión de los expertos en seguridad informática acerca de la situación actual de los servidores del CNE y de las posibilidades de «hackearlos», lo cual ha sido usado como excusa para no presentar las Actas de Escrutinio; Las evidencias técnicas de que dichos servidores fueron intervenidos desde Macedonia del Norte y que continúan así; y, Fundamentar legalmente la competencia del TSJ para decidir sobre una cuestión respecto a la cual el órgano definido por la Constitución y las leyes como responsable del asunto, aún no se ha pronunciado.

Luego de haber hecho esas aclaratorias, entonces el TSJ quizás podría abrir la investigación solicitada. Estas consideraciones están avaladas por los principales juristas del país y por la comunidad internacional.

Las Actas oficiales existen, se han hecho públicas y todo el mundo tiene acceso a ellas, así que ese no es el problema, como creen Lula, Petro y AMLO; el problema es el golpe de estado que significa la adulteración del escrutinio, la proclamación irrita y el robo de la elección del 28 de julio.

Estamos, pues, ante un vacío de poder, llenado por las malas por el candidato Maduro, avalado por el silencio cómplice de los poderes públicos y de su único observador principal, el inefable Rodríguez Zapatero.

Habría que agregar que, en una Declaración Conjunta entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerios del Interior, Justicia y Paz, ratificada el pasado 29 de julio, todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional, los cuerpos de seguridad del Estado y la Policía, junto con sus armas, pasaron a estar bajo el control del General Padrino López, y que también fueron suspendidas las garantías constitucionales.

Lo que sí está claro, es que las Actas oficiales de los escrutinios existen, se han hecho públicas y todo el mundo tiene acceso a ellas, así que ese no es el problema, como creen Lula, Petro y AMLO; el problema es el golpe de estado que significa la adulteración del escrutinio, la proclamación írrita de Maduro como presidente electo y el robo de la elección del 28 de julio.

Estamos, pues, ante un vacío de poder, llenado por las malas por el candidato Maduro.

Así que, pese a la promesa tanto del CNE como de Maduro, de presentar las actas en algún momento, y mientras se espera que ocurra, la respuesta de gobierno ha sido la represión feroz contra el pueblo que sigue protestando en las calles de todo el país.

En su alocución del sábado 3 de julio, Maduro dijo que ya van unos 2.000 prisioneros, para los cuales «esta vez, no habrá perdón e irán a la cárcel por pretender dar un golpe de estado y desestabilizar a la nación».

Las cifras presentadas por el «Foro Penal Venezolano» y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, indican que hay hasta ahora 934 arrestados confirmados, de los cuales el 10 % son menores de edad enviados a cárceles comunes, violando la ley de protección a niños y adolescentes (LOPNA), entre 11 y 20 muertes y cerca de 200 heridos.

Por su parte, María Corina Machado (MCM), pese a las amenazas de Maduro y su fiscal general, se presentó en la enorme concentración popular ocurrida en Caracas el día 3 de junio, haciendo gala de una gran entereza y valentía, que el pueblo agradeció.

Allí dijo, «Venezuela unida salió sin miedo, en paz y en familia … la lucha es difícil y compleja … sabíamos con quién nos estamos enfrentando y lo que haría … pero sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos … la lucha es hasta el final».

Continuó diciendo, «luego de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o a atemorizar…miren la respuesta, aquí, en todo el país y en el mundo…esto demuestra la magnitud de la fuerza cívica, pacífica, que tenemos y la determinación de llegar hasta el final…ganamos y vamos a cobrar».

César Pérez Vivas, líder opositor, también se expresó diciendo que, «Han pasado 6 días desde la elección presidencial y el CNE no tiene como demostrar que Maduro ganó…Junto al liderazgo de MCM, continuaremos en la calle defendiendo y haciendo valer el mandato popular de más de 8 millones de venezolanos que hicieron posible el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela».

* Para El Debate