Bukele acorrala pandilleros con despliegue de 8000 soldados y policías

Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió a las instituciones usar un “lenguaje de desescalamiento del conflicto” con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ordenó a la fuerza pública suspender las operaciones militares contra esta narcoguerrilla y anunció un subsidio mensual para delincuentes en el marco de un programa que ha bautizado “pagar por no matar”, su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, no da tregua en su guerra contra la delincuencia.

Fue así como en la madrugada de este martes, el mandatario salvadoreño ordenó un cerco a un departamento completo del país, en el que asegura se han atrincherado células terroristas. Con un despliegue de 7000 soldados del Ejército y 1000 oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), Bukele acorraló a los pandilleros que se han ocultado en Cabañas, al este la pequeña nación centroamericana.

“El cerco se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros. La población de Cabañas, sus visitantes y turistas pueden estar tranquilos y realizar sus actividades normalmente”, anunció Bukele en un hilo publicado en la red social X, antes Twitter.

¿Política controversial pero efectiva?
Aunque organizaciones humanitarias salvadoreñas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Amnistía Internacional y el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado «profunda preocupación» por la política de seguridad de Bukele, denunciando casos de atropellos, detenciones arbitrarias y la existencia de ‘escuadrones de la muerte’ dentro de la policía y las fuerzas armadas y medios locales e internacionales han puesto en duda la veracidad de las cifras sobre la reducción de homicidios, el presidente salvadoreño aparece como el que tiene mayor favorabilidad en la región con 92 % de aprobación, según una encuesta de la firma costarricense CID Gallup.

Las críticas a Bukele se enfocan en las detenciones sin órdenes de captura ni allanamiento, suspensión de las garantías constitucionales y el derecho a la defensa de los detenidos bajo el régimen de excepción que mantiene el presidente en el marco de su lucha sin cuartel contra las pandillas lideradas por las mara salvatrucha, política bajo la cual se han efectuado más de 70000 detenciones que han permitido al Gobierno mostrar una cifra de “cero homicidios” durante más de un año.

Fuente: PanamPost