Síndrome de Hubris: la delincuencia en Perú les pasa factura al gobierno y a la oposición

Renunció el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Oscar Arriola. Lo que era un clamor popular finalmente se concretó. Desde la izquierda, en el Congreso, hasta ministros del gobierno de Keiko Fujimori como Juan Sheput exigían su renuncia. Cabe preguntar si una renuncia logra disminuir la delincuencia transnacional en Perú en sus diversas modalidades como extorsión, sicariato, secuestros y más. Obviamente que no es así.

Los errores en Trujillo, como consecuencia del múltiple asesinato y secuestro del minero ilegal Jens Lara y que hicieron caer en el error a la presidente Keiko Fujimori, le pasaron factura. Pero también debería renunciar el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa (a quien apoyamos en su gestión como ministro de Defensa), que sostuvo «hemos capturado a los sicarios». Y además se exhibió, indebidamente, interrogando a un supuesto sicario que no era sicario. Parece que el ministro de Defensa cree que está en una película del lejano oeste estadounidense.Escucha Podcasts Criminología

Perú está en riesgo de convertirse en un Estado criminal. Los partidos políticos como Podemos, Somos Perú, Juntos por el Perú, entre otros, se postulan con listas plagadas de delincuentes con prontuarios. Y los distritos de Lima no son la excepción. Después de octubre tendremos en algunas regiones auténticos feudos del Tren de Aragua, los Pulpos, la Jauría y otras organizaciones criminales, pues sus «alcaldes o gobernadores regionales» estarán en el poder. Los partidos políticos son vientres de alquiler de la delincuencia transnacional en Perú. Y las dirigencias de los partidos reciben el dinero por designar candidatos. Típica democracia boba.

Delincuencia en Perú: un asunto de seguridad nacional
Llama la atención, en referencia al múltiple asesinato y secuestro en Trujillo, que la Fiscalía no llame a declarar al exsecuestrado Jens Lara y le pregunte de dónde obtuvo 2 millones de dólares en cuatro horas para su liberación. Además, se trata de un minero ilegal, lo que lo involucra en lavado de activos. Lo sucedido en Trujillo es la radiografía del Perú de hoy, un Estado por debajo de las organizaciones criminales.Suscríbete A Noticias

Y los medios de comunicación siguen con los conceptos de «seguridad ciudadana», bandas de delincuentes sin entender que la realidad indica que estamos ante un problema de «seguridad nacional».

En tanto, en el Congreso, la oposición de Juntos por el Perú (en proceso de ruptura), Ahora Nación y Buen Gobierno ralentizan la solicitud de facultades legislativas extraordinarias para el Poder Ejecutivo.

Fuente: PanamPost