Las reformas al Banco Central en Argentina

El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la preparación de un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Este anuncio se enmarca dentro de una profunda discusión que se ha venido dando en los últimos años respecto de cómo combatir la inflación y prevenir el mal manejo de la moneda.

Varias fueron las propuestas desde la misma campaña presidencial de Milei en 2023. La dolarización fue una de las más populares, mientras que los libertarios más radicales abogaron por la eliminación de la moneda nacional, del Banco Central, y abrir un mercado monetario libre donde funcione la competencia de monedas.

Estas ideas fueron esbozadas por el propio presidente en sus inicios, lo que se vio potenciado con su participación en una obra de teatro en la que con un palo destruía una maqueta del Banco Central ante el deleite de los espectadores.

Pero algo que afortunadamente Milei ha comprendido desde el primer día de su mandato presidencial, es que una cosa es discutir sobre teoría económica y otra es gobernar un país. La eliminación de peso y la apertura de la competencia de monedas, una dolarización tradicional o la eliminación del Banco Central requerirían modificaciones legislativas impensables en las actuales circunstancias. A lo que debe sumarse que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia hace un tiempo, en una publicación periodística, expresó la discutible tesis de que eliminar el Banco Central sería inconstitucional.

Frente a este panorama, al actual gobierno no le quedó otra alternativa más que utilizar los instrumentos económicos a su alcance, y con ellos procedió a disminuir radicalmente el gasto público, dejar de emitir, reordenar la deuda pública e iniciar un camino gradual de desregulación, privatizaciones y reducción de impuestos.

Las consecuencias de sus primeras medidas han sido muy auspiciosas: evitó una hiperinflación y un default que estaban en puertas, y logró rectificar el rumbo macroeconómico sin crisis económicas, sin corralitos, sin expropiación de depósitos al estilo del Plan Bonex. Simplemente aplicando el sentido común de las leyes económicas, algo que se había perdido en Argentina desde hace muchas décadas. Los niveles de inflación descendieron considerablemente y el peligro del default se ha alejado, lo que se refleja en la disminución del índice que mide el riesgo país.

En esta segunda etapa, el gobierno anuncia el paso siguiente: derogar las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central de 2012, que convirtieron al organismo destinado a cuidar el valor del dinero en una agencia al servicio del gobierno de turno para proveerle billetes; y conferir al Banco Central la calidad de un ente autónomo del gobierno, con funciones técnicas vinculadas con el mantenimiento del valor de la moneda.

Se puede pensar en dos modelos monetarios fundamentales para el país: un modelo de libertad monetaria, donde como ha sido durante casi toda la historia de la humanidad la moneda es un bien de mercado, y su valor se fija por la libre concurrencia de oferta y demanda; o un modelo con moneda fiduciaria, establecida por el Estado (sea el argentino, el norteamericano o de algún otro país), lo que requiere establecer reglas muy firmes para evitar que cada circunstancial gobierno utilice a la moneda como instrumento político a su disposición, en perjuicio de los habitantes.

Probablemente en el final del camino, la libre competencia de monedas a elección de las personas sea el modelo más razonable. Pero en estos momentos, la coyuntura exige al gobierno avanzar por donde se puede, no por donde se quiere. Por ello, el anuncio de la modificación de la Carta Orgánica al Banco Central supone la propuesta de una reforma legislativa para la cual se espera que se cuente con el apoyo suficiente en el Congreso. Esta reforma, de acuerdo con el anuncio presidencial deberá contener los siguientes elementos:

La eliminación de toda función del Banco Central que exceda la tarea técnica de vigilar el mercado monetario con el fin de defender el valor de la moneda, tal como faculta el artículo 75, inc. 19, al Congreso Nacional.
Dicha finalidad y limitación se puede reforzar con una limitación adicional que tenga que ver con topes impuestos al Banco Central para la emisión monetaria.
Prohibir expresamente al Banco Central el financiamiento del déficit operativo del gobierno, a través de adelantos de dinero, compra de bonos u otros mecanismos.
Buscar la independencia del organismo respecto de presiones de presiones que pudiera sufrir por parte de la administración. Para ello se buscará que los directores sean elegidos por sus cualidades técnicas, y tengan suficientes garantías de estabilidad, así como períodos largos en la duración de sus cargos, para sustraerlos de la influencia del gobierno, y un mecanismo de designación que los mantenga al margen de los vaivenes de la política.
Incluir sanciones políticas, administrativas, civiles y penales, para los funcionarios, sean del Banco Central o del gobierno, que intenten alterar estas reglas.

Todo esto no es otra cosa más que seguir la misma ortodoxia de la teoría económica al funcionamiento del dinero, y es lo que sucede en aquellos países que logran tener una moneda fiduciaria estable.

Curiosamente, quienes exigen que el gobierno vaya hacia una dolarización, lo que están pidiendo es sustituir un Banco Central sospechoso de parcialidad y corrupción, por un Banco Central más confiable, como es la Reserva Federal de Estados Unidos. No es la existencia del organismo monetario lo que les preocupa, sino que no confían en el que existe en Argentina.

Sin embargo, nada impediría que Argentina tenga un Banco Central que funcione con las mismas reglas que la Reserva Federal, salvo nuestra muy justificada desconfianza hacia los políticos. En este sentido, la dolarización tendría la ventaja de dejar el manejo de la moneda lejos de las manos de los políticos una vez que este gobierno termine y pueda ser sustituido por otro de signo contrario.

Pero incluso en nuestra región tenemos algunos ejemplos de autoridades monetarias técnicas e independientes que funcionan razonablemente bien. Por ejemplo, Guatemala desde hace más de 30 años, en que la junta monetaria tiene prohibido financiar al gobierno o comprar sus bonos, o Perú en los últimos años, en los que el Banco Central permitió la estabilidad de la moneda más allá de los desaciertos de los gobernantes.

Es posible que la tercera etapa venga con una amplia apertura monetaria, permitiendo la libre circulación y contratación en distintas monedas, y la cuarta sea llegar a un sistema monetario completamente libre.

Pero en este momento, en el que el gobierno aun sigue campeando la crisis, y no cuenta con el necesario apoyo político por parte del Congreso, la propuesta vinculada con la Carta Orgánica del Banco Central se advierte como muy auspiciosa y revolucionaria, si se tiene en cuenta la dirección de la política monetaria desde su creación hace noventa años.

Fuente: PanamPost