e recrudece el choque entre el Ejército de Israel y el Gobierno de Netanyahu en plena escalada con Irán

La carta enviada por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa, Israel Katz, no es una simple advertencia administrativa. Constituye el cuestionamiento institucional más grave formulado por el Ejército a una decisión política y expone –con total claridad– la creciente tensión entre las exigencias de seguridad nacional y la ambición de supervivencia de la coalición gobernante en plena escalada de tensiones con Irán.

El detonante fue el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para consolidar y ampliar las exenciones al servicio militar de los estudiantes de yeshivá (centros religiosos). Según revelaron Ynet, The Jerusalem Post, Haaretz y los principales canales de televisión israelíes –Kan 11, Canal 12 y Canal 13–, Zamir comunicó al Gobierno que la iniciativa resulta incompatible con la realidad operativa que enfrentan actualmente las FDI. El mensaje no fue político ni ideológico; fue el diagnóstico profesional del oficial responsable de dirigir una guerra prolongada con recursos humanos limitados.

Desde el ataque terrorista islámico del 7 de octubre de 2023, Israel sostiene un despliegue militar sin precedentes en varios frentes simultáneos. A las operaciones intensas en la franja de Gaza –hoy rige un alto el fuego– se suman la presión permanente sobre la frontera norte, la actividad antiterrorista en Judea y Samaria (Cisjordania) y la protección reforzada de comunidades fronterizas. Esa combinación ha obligado a extender durante meses el servicio de miles de reservistas, retrasar licencias y mantener movilizadas unidades cuyo desgaste físico, psicológico y económico alcanza niveles que los mandos militares califican de preocupantes. La escasez de personal dejó hace tiempo de ser una proyección para convertirse en una limitación concreta.

En ese marco, la discusión sobre el reclutamiento de la población ultraortodoxa dejó de ser jurídica o cultural para transformarse en un problema de capacidad militar. Cada año, alrededor de 13.000 jóvenes jaredim alcanzan la edad de reclutamiento, pero solo una fracción mínima termina integrándose a las FDI. Mientras el resto de la sociedad prolonga sucesivamente su servicio y los reservistas acumulan cientos de días lejos de sus familias y empleos, la ampliación de las exenciones proyecta una imagen de desigualdad que afecta tanto la moral del Ejército como la legitimidad del sistema.

Eyal Zamir patea el tablero

La fuerte intervención de Zamir otorgó respaldo institucional a un malestar social que viene creciendo desde hace años. Organizaciones de reservistas, familiares de soldados caídos y amplios sectores de la opinión pública consideran que la guerra ha modificado definitivamente los términos del debate. Ya no se discute únicamente la igualdad ante la ley, sino la distribución efectiva de las responsabilidades en un país cuya seguridad depende del servicio militar. La percepción de que una minoría sostiene el esfuerzo bélico mientras otra permanece legalmente al margen alimenta una fractura que trasciende las diferencias ideológicas.

La oposición aprovechó el pronunciamiento del jefe militar para redoblar sus críticas al Gobierno. El líder de la oposición, Yair Lapid, acusó a Netanyahu de sacrificar el interés nacional para preservar su alianza parlamentaria; Benny Gantz, rival del primer ministro hebreo en las elecciones, sostuvo que ningún acuerdo de coalición puede prevalecer sobre las necesidades de defensa; Avigdor Lieberman, líder de Israel Beiteinu, denunció que la legislación envía «el peor mensaje posible» a quienes combaten desde hace casi tres años. Incluso dirigentes del oficialismo admitieron, en conversaciones reservadas difundidas por la prensa, el profundo coste político que implica defender esta iniciativa en medio de una guerra.

La respuesta de los partidos ultraortodoxos fue igualmente categórica. Arie Deri, líder del partido Shas, reafirmó que el estudio de la Torá (Biblia) constituye una contribución esencial a la existencia del Estado judío. Los sectores jaredím más radicales endurecieron aún más su discurso. En Jerusalén, Bnei Brak y Beit Shemesh volvieron a registrarse manifestaciones contra los centros de reclutamiento, bloqueos de carreteras y violentos enfrentamientos con la policía. Un ejemplo de que el conflicto ya no enfrenta únicamente al Gobierno con la oposición, sino a dos concepciones profundamente distintas sobre las obligaciones cívicas dentro del Estado de Israel.

La trascendencia de la carta de Zamir reside precisamente en haber desplazado el debate desde el terreno político hacia el institucional. El jefe del Estado Mayor no cuestionó la importancia del estudio religioso ni ingresó en una disputa partidaria. Advirtió, simplemente, que el Ejército al que corresponde garantizar la supervivencia del país carece hoy del volumen de personal necesario para responder a los desafíos presentes y futuros. Cuando quien formula esa advertencia es el máximo responsable de las FDI, el debate deja de ser una controversia ideológica y pasa a convertirse en una cuestión de seguridad nacional.

La polémica revela una tensión que Israel ha postergado durante décadas y que la guerra volvió imposible de eludir. Mientras la dirigencia oficialista procura preservar equilibrios parlamentarios cada vez más débiles, la realidad del campo de batalla impone una lógica diferente: ningún Ejército puede sostener indefinidamente un conflicto de alta intensidad si el principio de solidaridad nacional deja de aplicarse en la distribución de las cargas. La carta de Eyal Zamir es, en esencia, el recordatorio de esa verdad elemental. Y el jueves se difundió –justamente– la primera encuesta que otorga mayoría de 61 legisladores –sobre 120– a la coalición laica opositora.

*Para El Debate