China amplía el alcance de sus leyes y genera alarma por su posible aplicación fuera de sus fronteras

La entrada en vigor de una nueva legislación en China abrió un fuerte debate internacional sobre los límites de la jurisdicción de los Estados. La Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, vigente desde el 1 de julio de 2026, fue presentada por Beijing como una herramienta para fortalecer la integración entre los distintos grupos étnicos del país. Sin embargo, uno de sus artículos despertó preocupación porque permitiría perseguir acciones realizadas fuera del territorio chino.

El punto más cuestionado es el artículo 63, que, según especialistas y organismos internacionales, habilita a las autoridades chinas a reclamar responsabilidades legales contra personas u organizaciones extranjeras cuyas actividades sean consideradas contrarias a la unidad nacional de China, aun cuando esas conductas sean legales en los países donde se desarrollen.

La norma fue aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional y rápidamente generó cuestionamientos desde la Unión Europea, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. El Parlamento Europeo advirtió que el texto incorpora un mecanismo de "jurisdicción de largo alcance", al considerar que extiende la aplicación de las leyes chinas más allá de sus fronteras.

Un antecedente en Hong Kong

Analistas señalan que esta estrategia no comenzó con la nueva ley. En 2020, Beijing implementó la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que permitió investigar y perseguir a personas acusadas de apoyar movimientos independentistas o democráticos, incluso cuando esas expresiones se realizaron en otros países.

Desde entonces, activistas radicados en ciudades como Londres, Washington o Madrid pasaron a enfrentar posibles investigaciones por manifestaciones efectuadas fuera de China, pese a que esas acciones estaban protegidas por las legislaciones locales.

Ahora, especialistas consideran que el nuevo marco legal podría extender criterios similares a cuestiones vinculadas con Xinjiang, el Tíbet y Taiwán.

Recompensas y presión sobre opositores

La preocupación internacional también se apoya en antecedentes recientes. Entre 2023 y 2024, las autoridades de Hong Kong ofrecieron recompensas económicas para obtener información que permitiera localizar y detener a dirigentes opositores que residían en el extranjero.

Varios activistas exiliados fueron incluidos en listas de personas buscadas, pese a encontrarse bajo protección de países como Reino Unido y Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que, además de las acciones judiciales, Beijing ha recurrido a otras formas de presión, como el hostigamiento a familiares que permanecen en China o Hong Kong y la utilización de restricciones administrativas para limitar la actividad de los opositores.

La denominada "trampa del retorno"

Uno de los casos más citados es el de una estudiante de Hong Kong que cursaba estudios en Japón. Tras publicar mensajes favorables a la independencia del territorio, regresó temporalmente para realizar trámites personales y fue detenida al ingresar, acusada de sedición bajo la legislación vigente.

Según expertos, este tipo de situaciones demuestra que las personas investigadas pueden enfrentar consecuencias legales al volver a territorios bajo jurisdicción china, aunque los hechos que originaron las acusaciones hayan ocurrido en países donde esas expresiones eran completamente legales.

Un debate sobre soberanía y derecho internacional

La aprobación de la ley reavivó la discusión sobre los límites de la jurisdicción extraterritorial. Si bien distintos países contemplan mecanismos para perseguir delitos graves cometidos fuera de su territorio —como terrorismo, genocidio o crímenes de guerra—, numerosos especialistas remarcan que el caso chino incorpora criterios vinculados con opiniones políticas, identidad étnica y actividades de organizaciones civiles.

Gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y varios países europeos sostienen que ninguna legislación nacional debería penalizar conductas desarrolladas en otros Estados cuando estas se encuentran protegidas por las libertades fundamentales.

El alcance potencial de la norma también genera interrogantes sobre sus efectos para académicos, funcionarios, organizaciones internacionales y ciudadanos extranjeros que mantengan vínculos con Taiwán o expresen públicamente posiciones críticas hacia el gobierno chino.

Con esta legislación, el debate ya no se limita a la política interna de China. La discusión se traslada al plano internacional y pone sobre la mesa cuestiones centrales como la soberanía de los Estados, los límites del derecho penal y la protección de los derechos humanos en un contexto de creciente tensión geopolítica.