Trump prepara una orden de emergencia contra el extremismo de izquierda tras los ataques que marcaron su campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una nueva orden ejecutiva de Seguridad Nacional destinada a reforzar la lucha contra organizaciones vinculadas al extremismo de izquierda y movimientos anarquistas, en una decisión que representa un cambio de enfoque en la estrategia antiterrorista del país.

La iniciativa, identificada como la Orden Ejecutiva de Seguridad Nacional Número Siete, surge luego de los intentos de asesinato que sufrió el mandatario y del homicidio del dirigente conservador Charlie Kirk. Según la Casa Blanca, la medida permitirá destinar mayores recursos de inteligencia y seguridad para prevenir ataques de motivación política dentro del territorio estadounidense.

Hasta ahora, la política antiterrorista de Estados Unidos había concentrado buena parte de sus esfuerzos en organizaciones extremistas internacionales, especialmente aquellas vinculadas al terrorismo islamista. Con esta decisión, la administración Trump busca ampliar ese esquema para incluir amenazas internas consideradas de carácter ideológico.

En ese marco, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la nueva estrategia durante una cumbre internacional, donde afirmó que durante años existió una subestimación de la violencia política proveniente de sectores de extrema izquierda.

Rubio sostuvo que esa clase de terrorismo "no es un fenómeno nuevo" y cuestionó que parte de la prensa, del ámbito académico y de distintas instituciones hayan minimizado ese tipo de amenazas. A su entender, la historia reciente demuestra que diversas organizaciones de inspiración marxista o revolucionaria protagonizaron episodios de violencia en distintos países.

Durante su exposición, el funcionario mencionó como antecedentes a grupos armados que actuaron en América Latina, entre ellos los Tupamaros en Uruguay, Montoneros en Argentina, las FARC en Colombia, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y Sendero Luminoso en Perú, además de recordar los métodos violentos empleados por esas organizaciones.

La futura orden ejecutiva marca un giro en la política de seguridad de Washington y anticipa una mayor participación de las agencias federales en el monitoreo y la prevención de acciones extremistas de origen interno, un tema que promete generar un intenso debate político y jurídico en Estados Unidos.