El espejo español del lawfare: una encuesta confirma que la mayoría cree que la Justicia actúa políticamente

Durante años, cada vez que Cristina Fernández de Kirchner denunció que existía lawfare en Argentina, gran parte de la oposición, sectores del Poder Judicial y buena parte de los medios rechazaron esa idea y la presentaron como una estrategia para desacreditar las causas judiciales en su contra. Sin embargo, la expresidenta sostuvo de manera constante que existía una articulación entre jueces, fiscales, medios de comunicación y sectores del poder económico para perseguir judicialmente a dirigentes políticos y condicionar su participación electoral. Esa discusión, que parecía propia de América Latina, hoy encuentra un eco inesperado en España.

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Una encuesta realizada por el Instituto 40dB. y publicada por El País muestra que el 65,4% de los españoles considera que en su país existe una “guerra judicial” o lawfare. Es decir, casi dos de cada tres personas creen que la Justicia interviene en la disputa política y no actúa únicamente como un poder independiente.

Lawfare La encuesta publicada por El País reveló que el 65,4% de los españoles cree que existe una "guerra judicial" en España. Redes Sociales
Más allá de las diferencias entre los sistemas judiciales de ambos países, el dato muestra un cambio de clima; la idea de que los tribunales pueden ser usados con fines políticos dejó de ser una “discusión de sectores militantes” para instalarse en una parte importante de la opinión pública.

El sesgo político
El estudio español indagó cómo ven los españoles la actuación de los jueces. En este contexto, el 34% de los encuestados considera que los magistrados tienden a favorecer a la derecha, mientras que apenas un 16% cree que benefician a la izquierda.

Al mismo tiempo, tres de cada cuatro personas consultadas sostienen que los partidos políticos influyen en las decisiones judiciales y casi un 63% afirma que los jueces actúan condicionados por su propia ideología.

Los datos no prueban que exista una utilización política de la Justicia en casos concretos. Lo que sí muestran es que una parte mayoritaria de la sociedad percibe que la independencia judicial está deteriorada.

Las causas que concentran la atención
La encuesta fue difundida en medio de una fuerte exposición mediática de investigaciones que involucran al entorno del presidente español Pedro Sánchez.

Las causas contra Begoña Gómez, esposa del mandatario; el juicio contra su hermano, David Sánchez; y la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son conocidas por más del 90% de la población.

Cuando el estudio preguntó por las motivaciones detrás de esos expedientes, aparecieron nuevamente las dudas.

El 36% considera que existen razones políticas en la investigación contra Begoña Gómez; un 34% opina lo mismo sobre el juicio a David Sánchez y un 26,4% cree que la imputación de Zapatero también responde a intereses partidarios.

Una Justicia con menos credibilidad
La encuesta también refleja un deterioro de la confianza en el sistema judicial español.

La Administración de Justicia recibe una calificación promedio de 4,9 sobre 10. Cuando la consulta se refiere específicamente a su actuación en casos de corrupción o escándalos políticos, la nota desciende hasta 3,7.

Además, el 58% de los encuestados considera que el Poder Judicial controla poco o nada a los jueces que actúan de manera incorrecta, mientras que alrededor de un tercio cree que el propio sistema termina protegiéndolos.

La consecuencia de esa percepción también aparece en otro dato: la mitad de los españoles asegura que hoy confía menos en la Justicia que hace cinco años.

El caso testigo: la radiografía de la persecución a Cristina
El debate sobre el lawfare no es nuevo en Argentina. Cristina Fernández de Kirchner sostiene desde hace años que detrás de las causas judiciales en su contra existe una estrategia coordinada entre sectores del Poder Judicial, medios de comunicación y grupos de poder económico para perseguir a dirigentes políticos e impedir que compitan electoralmente.

La confirmación de su condena en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos reavivaron esa discusión. Para el kirchnerismo, el fallo de la Corte Suprema no fue solo el cierre de un expediente judicial, sino parte de una estrategia de persecución política.

Un informe del Observatorio Lawfare, integrado por juristas, investigadores y comunicadores latinoamericanos, sostiene que el caso de la expresidenta reúne varios de los rasgos que caracterizan este tipo de procesos. Entre ellos menciona más de 650 denuncias judiciales entre 2004 y 2023, la reapertura de causas que habían sido archivadas, la citación a ocho indagatorias en un mismo día, reiterados pedidos de prisión preventiva y cuestionamientos a la designación y traslado de jueces.

El documento también señala la difusión de escuchas telefónicas antes de que hubiera sentencias, la amplia cobertura mediática de las investigaciones y episodios como el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales y funcionarios. Para el Observatorio, esos hechos muestran cómo distintos sectores actuaron de manera coordinada en la persecución contra Cristina Kirchner.

Fuente: Página12