Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Pedro Sánchez es experto en caer de pie. Ni la falta de Presupuestos Generales del Estado, ni los repetidos casos de corrupción que han desgastado al PSOE, ni la crisis migratoria de Ceuta habían conseguido precipitar el final de su tercera legislatura. La gota que colmó el vaso ha sido el desahucio de Maricarmen el pasado 23 de septiembre, que desencadenó una acampada de protesta en la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos ley sobre vivienda. Su posterior rechazo en el Congreso terminó por precipitar el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, en lugar de 2027, como estaba previsto.

Mientras el tiempo hace tic-tac durante estos 49 días que quedan para los comicios, el PSOE suda la gota gorda y al PP le brillan los ojos. Los primeros sondeos vaticinan una mayoría absoluta de los populares con Vox, con Alberto Núñez Feijóo logrando “por fin” su ansiada llegada a La Moncloa. Pero los sondeos no garantizan nada, menos con las fricciones generadas a raíz de la vivienda —cuyos decretos recibieron los votos en contra del PP, Vox y Junts— y una izquierda que, más allá de Pedro Sánchez, todavía no tiene líder. La coalición ahora llamada Frente Amplio anunciará su dirigente el próximo 17 de octubre, con Ada Colau sonando con fuerza y Gabriel Rufián (ERC) ganando protagonismo después de que la exalcaldesa de Barcelona y líder de los comunes le haya invitado públicamente a sumarse al proyecto.

Pero la vivienda no lo es todo. La crisis migratoria de Ceuta, los casos de corrupción que han cercado a Pedro Sánchez durante esta legislatura, los salarios y el futuro de las pensiones son otros de los asuntos que han alimentado el debate político y que protagonizarán la campaña electoral. Ahora, los partidos tendrán que explicar qué soluciones proponen para afrontarlos. Con este escenario, cuatro grandes cuestiones se perfilan como protagonistas del camino hacia las urnas, en unas elecciones que también pondrán a prueba la capacidad de las formaciones para alcanzar acuerdos.

La vivienda: el desahucio que terminó por precipitar las elecciones
La vivienda, que ha sido el detonante de las elecciones, también se perfila como uno de los grandes campos de batalla de la campaña. El pasado 2 de octubre, PP, Vox, Junts y UPN rechazaron los dos decretos ley impulsados por el Gobierno para ampliar la protección de los inquilinos y frenar los desahucios.

Aunque los partidos todavía no han presentado sus programas electorales para el 29-N, el PSOE pretende convertir la vivienda en una de sus principales bazas de campaña. Tanto es así que, el 6 de octubre, el Ejecutivo volvió a aprobar dos decretos que recuperaban buena parte de las iniciativas anteriores e incorporaban nuevas propuestas. Entre ellas, intervenir en el mercado.

En cambio, la estrategia del PP pasa por construir un millón de viviendas en cuatro años para hacer frente a la crisis, crear una ley antiokupación y “agilizar los trámites administrativos favoreciendo el silencio positivo y medidas fiscales para jóvenes, mediante una hucha hogar o avales públicos hasta el 95% o el 100%, y reducciones de impuestos de hasta el 60%”. Vox, por su parte, ha defendido eliminar el IVA de la compra de la primera vivienda, exigir “prioridad nacional” para acceder a vivienda y a la remigración de los inmigrantes ilegales.

A la izquierda del PSOE, el que será el futuro Frente Amplio defiende ampliar la regulación de los alquileres y las garantías de los inquilinos. Junts, por su parte, presentó una alternativa que proponía agilizar los desalojos por ocupación ilegal, suspender desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre y grandes tenedores, o una reducción fiscal del 90% de los rendimientos del alquiler si pactan una rebaja de al menos el 5% durante la prórroga del contrato, y del 70% en el resto de casos para los propietarios.

La migración y Ceuta: un debate que ha marcado la legislatura, aupado por la ultraderecha
La crisis migratoria de Ceuta ha situado la política de fronteras como uno de los asuntos más calientes del año. Su gestión ha generado enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición, especialmente con Vox, que ha endurecido su discurso contra la inmigración irregular.

El propio Santiago Abascal señaló el mismo día que Sánchez convocaba elecciones tres condiciones para un eventual acuerdo de Gobierno con el PP: “Prioridad nacional, para que los españoles no estén discriminados en su propia patria”, “desregulación, para quitarle a nuestra economía todas las ideologías y todo el ánimo confiscatorio”, y remigración, porque “hay que revertir la invasión migratoria”.

El PP, por su parte, ha situado la inmigración legal y el control de fronteras entre sus prioridades, mientras que el Gobierno de Sánchez defiende la regularización de personas extranjeras que ya residen en España y la contribución de la inmigración al mercado laboral. La discusión no se limita a Ceuta. También alcanza a las políticas de asilo, los procedimientos de expulsión, la cooperación con Marruecos y las consecuencias económicas y demográficas de la inmigración.

La corrupción: la cara del desgaste
El PP no ha esperado siquiera al comienzo de la campaña electoral para mirar hacia los tribunales como arma política contra el PSOE. Apenas 24 horas después del anuncio del adelanto electoral, los populares solicitaron al juez Santiago Pedraz que imputara al partido como persona jurídica en el caso Leire Díez, aunque el magistrado ha descartado por ahora esa posibilidad, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Las investigaciones que afectan al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a Leire Díez, así como los procedimientos judiciales que involucran a Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno, se perfilan como una de las principales bazas del PP durante la campaña electoral.

Sin embargo, el PP tampoco llega a las urnas ajeno a los tribunales: a los antecedentes de Gürtel y Kitchen se suman las investigaciones sobre los negocios de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y su relación con el grupo Quirón, o la gestión de Carlos Mazón durante la DANA que asoló Valencia en 2024. Tampoco a polémicas como la del ático de la Comunidad de Madrid, comprado con dinero público, o las acusaciones de esta sobre un posible fraude electoral a través del voto por correo.

Economía y trabajo: las bajas laborales, los salarios y las pensiones
El futuro de las pensiones, de los impuestos y de los derechos laborales es otro de los grandes terrenos de confrontación. Y algunas de las propuestas anunciadas durante las últimas semanas ya han provocado las primeras discrepancias.

El 29 de septiembre, Feijóo defendió que las mutuas pudieran emitir altas médicas en “determinadas patologías” y el 5 de octubre planteó bonificar a las empresas con menos bajas laborales mediante un sistema de incentivos. “Estamos trabajando en un modelo de bonus para las empresas porque las empresas también tienen responsabilidad”, explicó durante el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. A la par, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, defendió hace unas semanas una reforma legal para dar “más libertad” a los pactos entre trabajadores y empresas, y lamentó el actual límite de horas extraordinarias, que, según aseguró, es “de los más bajos de Europa”.

Por su parte, Vox ha abierto otro debate: la reforma del sistema público de pensiones. “El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado”, aseguró el diputado José María Figaredo en una entrevista publicada por El Debate. La formación propone avanzar hacia un modelo mixto “que combine el reparto con la capitalización individual”, lo que supondría introducir mecanismos de ahorro individual junto al actual sistema público. Sobre esto sí se ha distanciado el PP: El sistema aguanta, hay que garantizarlo y visibilizarlo. Es robusto y sólido”, defendió el portavoz nacional, Borja Sémper, en declaraciones a LaSexta.

Mientras tanto, el calendario electoral ya está en marcha. Los partidos tendrán del 21 al 26 de octubre para presentar sus candidaturas, mientras que la campaña oficial comenzará el 13 de noviembre y se prolongará hasta el día 27. Tras la jornada de reflexión del sábado 28, los españoles acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre para decidir la composición del próximo Congreso y Senado.

Fuente: Infobae