España debate nuevas reglas para las ofertas laborales: ¿la inclusión puede terminar complicando la búsqueda de empleo?
RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE
Una propuesta impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca modificar las reglas de publicación de ofertas laborales para incorporar criterios de lenguaje neutro y evitar referencias discriminatorias.
La iniciativa también plantea limitar las preguntas que pueden realizarse durante las entrevistas, entre ellas las relacionadas con los salarios percibidos en empleos anteriores.
La medida generó críticas de sectores que consideran que sumar exigencias administrativas podría complicar los procesos de selección y generar confusión entre empleadores y postulantes.
Sus detractores sostienen que las nuevas reglas podrían aumentar los costos de contratación y provocar entrevistas innecesarias si las ofertas no describen con suficiente claridad el perfil buscado.
Sin embargo, la legislación española ya contempla la igualdad de trato en el empleo y establece que la selección debe basarse en criterios objetivos, como la formación y la idoneidad para el puesto.
Qué cambia en las búsquedas laborales
La discusión se originó a partir de un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de noviembre, a propuesta del Ministerio de Trabajo que conduce Yolanda Díaz. La norma introduce modificaciones en los procesos de contratación con el argumento de combatir las desigualdades salariales y garantizar condiciones más transparentes desde el comienzo de la búsqueda de empleo.
Entre las principales disposiciones establece que las ofertas deberán utilizar denominaciones neutrales respecto del género. Por ejemplo, en lugar de publicar «se busca camarera», las empresas deberán recurrir a expresiones como «personal de sala». También tendrán que informar la remuneración inicial prevista para el puesto y el convenio colectivo aplicable.
Otro cambio importante es la prohibición de preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus empleos anteriores. El objetivo del Gobierno es evitar que las diferencias salariales existentes se reproduzcan en nuevas contrataciones, especialmente cuando afectan a las mujeres.
Las críticas: más exigencias para las empresas y posibles dificultades para los candidatos
La columna publicada por PanAm Post, firmada por Marcelo Duclos, cuestiona el alcance de estas medidas y sostiene que podrían generar consecuencias contrarias a las buscadas por el Ejecutivo.
Uno de los argumentos centrales es que una oferta laboral redactada de manera neutral no necesariamente modifica las preferencias de contratación de una empresa. Desde esa perspectiva, si un empleador tiene definido un perfil específico, el cambio en la terminología no alteraría su decisión, pero podría sumar trámites y consultas de postulantes que finalmente no encajen con los requisitos del puesto.
El artículo también advierte sobre el riesgo de incrementar los conflictos entre empleadores y trabajadores. Su autor considera que limitar las preguntas durante las entrevistas podría abrir nuevas discusiones legales y reducir el margen de decisión de las compañías.
Sin embargo, estos planteos corresponden a una posición crítica sobre la reforma y no constituyen evidencia de que las nuevas disposiciones vayan a provocar necesariamente esos efectos.
La transparencia salarial, otro eje de la reforma
La prohibición de consultar los ingresos anteriores de un postulante es uno de los puntos centrales del cambio. El Gobierno sostiene que utilizar el salario previo como referencia puede perpetuar diferencias injustificadas: una persona que históricamente cobró menos podría recibir una oferta inferior, incluso cuando realiza tareas equivalentes a las de otros trabajadores.
Por eso, la nueva regulación busca que la remuneración se determine en función del puesto, sus responsabilidades y criterios objetivos, en lugar de depender de los antecedentes salariales individuales.
Además, los trabajadores podrán solicitar información sobre su propia remuneración y los salarios medios de quienes desempeñan tareas iguales o de valor equivalente, con datos desglosados por sexo. Las empresas tendrán un plazo máximo de dos meses para responder.
Qué dice la legislación española sobre la igualdad en el empleo
La discusión también debe contemplar que España ya cuenta con normas contra la discriminación laboral. La Ley 15/2022 establece que no pueden imponerse exclusiones o limitaciones en el acceso al empleo por motivos como el sexo, la edad, el origen, la discapacidad o la orientación sexual.
A su vez, el Real Decreto 1026/2024 establece medidas para prevenir la discriminación de las personas LGTBI en las empresas y señala que los procesos de selección deben priorizar la formación y la idoneidad de cada candidato, independientemente de su identidad u orientación sexual.
En ese sentido, la nueva regulación no reemplaza el criterio profesional por uno exclusivamente identitario: plantea que la contratación debe realizarse con criterios objetivos y sin discriminación.
Una reforma que todavía debe superar el trámite parlamentario
Aunque el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley y el texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre, todavía debe ser convalidado por el Congreso en el plazo constitucional de 30 días.
El debate, por lo tanto, excede la utilización de determinadas palabras en los anuncios laborales. La discusión enfrenta dos preocupaciones: por un lado, la necesidad de evitar que los prejuicios y las desigualdades condicionen el acceso al empleo; por otro, el temor de que una regulación demasiado compleja termine agregando obstáculos a los procesos de contratación.
El desafío será determinar si las nuevas exigencias consiguen ampliar las oportunidades laborales y reducir las brechas salariales sin generar cargas innecesarias para las empresas ni dificultades adicionales para quienes buscan trabajo.
Fuentes consultadas: PanAm Post, Boletín Oficial del Estado (BOE), La Moncloa, RTVE, El País y Europa Press.
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