¿Por qué la corrupción del kirchnerismo es incomparable a cualquier otra?

Hace rato que Martín Insaurralde se convirtió en una de las caras más visibles de la corrupción  política y del kirchnerismo. En medio del debate sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparecieron unos videos del exintendente peronista que volvieron a dejar sin habla a los argentinos. Como era de esperar, varios medios se lanzaron a hacer un paralelismo entre ambos casos.Política

Según se observa en una filmación, la que sería su expareja recorrere los cajones del vestidor del dirigente peronista, mostrando millones de dólares «ocultos» simplemente debajo de unas remeras dobladas.

Vale recordar que el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof tuvo que dejar su puesto luego que trascendieran otras imágenes a bordo de lujosos yates, tomando los champagnes más caros del mundo, en compañía de otras mujeres con las que se daba la buena vida tras la separación de Jesica Cirio. Como sucedió con tantas otras imágenes del kirchnerismo, la impunidad de una corrupción multimillonaria dejó en evidencia que hay algo más detrás de un espacio político repleto de corruptos: los incentivos de un sistema.

El actual debate sobre el patrimonio no declarado de Manuel Adorni y 500 mil dólares que fueron a la compra de una propiedad en un country con una lujosa refacción dirigió la discusión a una cuestión comparativa vinculada a los montos. En este sentido, se escuchó decir que la pequeña fortuna imputada al exvocero «es nada» en comparación a la corrupción kirchnerista. Sin embargo, más allá de lo que determine la justicia (que afortunadamente se está moviendo con celeridad) el debate es más complejo.

Aunque los medios de comunicación busquen trazar equivalencias, a pesar de la salvedad que hacen con la cuestión de las cantidades, lo cierto es que el análisis de la corrupción kirchnerista merece un análisis aparte. Lógicamente, la justicia tendrá que analizar el caso Adorni para determinar si se trató de un caso de evasión en el marco de un estatismo impositivo agobiante como el funcionario señaló o si existe algún dinero mal habido. Sin embargo, sea como sea, hay que dejar en claro una cuestión: el kirchnerismo no fue un gobierno con corruptos, fue una asociación ilícita que utilizaba las estructuras del Estado para enriquecerse. Es decir, los casos de corrupción del kirchnerismo no se tratan ni de excepciones ni de casos aislados.

Vale advertir que no hay gobierno que pase por la gestión sin dejar casos de corrupción. La administración pública es enorme y es inevitable que algún funcionario haga algo indebido. Ante esta realidad, es necesario plantear instituciones realistas que recorten los incentivos para la corrupción y, lógicamente, contar con una administración decente que aparte a los que cometen ilícitos.

El modelo estatista, que el kirchnerista imputa como virtuoso, es el caldo de cultivo para la corrupción, por lo que se genera un sistema de retroalimentación y círculo vicioso: el político apela a normativas que incrementan su discrecionalidad y los favores políticos pasan a cotizar en el mercado. Así es como los presidentes pueden usar la obra pública para desviar fondos con testaferros devenidos en constructores o un simple intendente y jefe de Gabinete de una provincia puede salir multimillonario. Recordemos que los millones de las bolsas y las cajoneras era solamente lo que Insaurralde tenía en su domicilio y que el viaje en yate con los lujos fue solamente lo que salió a la luz.

Cuando todo pasa por el control estatal, desde la autorización para comprar dólares a un tipo de cambio privilegiado, o es necesario el OK del gobierno para importar o exportar (cuando se destape el escándalo de las SIRAS, Argentina seguramente conozca en términos cuantitativos el mayor hecho de corrupción de la historia) los funcionarios salen de la gestión devenidos en millonarios. Aunque esto sucede por políticos corruptos, lo que permite y avala el sistema son los incentivos que tienden a la corrupción.

La gestión actual puso la vara muy alta en materia de decencia de la gestión pública y está muy bien que así sea. Tampoco hay que ser oficialista o adivino para prever que este gobierno no terminará con ningún caso semejante al de Insaurralde, ya que se dedicó a desregular y terminar con los focos que generaban esta impúdica corrupción. Por eso es que es necesario que los estándares morales se mantengan en lo más alto.

Pero también es necesario despersonalizar la cuestión si se pretende corregir el problema. Claro que es necesario cargar las tintas contra la corrupta condenada de Cristina Fernández de Kirchner o el mismo Insaurralde. Sin embargo, es también o más necesario cuestionar los modelos estatistas discrecionales, que le otorgan a los políticos y funcionarios prerrogativas que terminan inevitablemente en el saqueo. Es por esto que, aunque a simple vista no estén relacionadas con la cuestión, políticas como las del ministerio de Capital Humano que eliminó a los intermediarios en materia del asistencialismo gubernamental, o las iniciativas del ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, terminan siendo las armas más eficientes para combatir este flagelo.

Es necesario contar con funcionarios decentes, pero más importante es recortar las prerrogativas de los políticos para que no aparezcan ni las tentaciones ni los incentivos. Cuando no hay favor que vender, habilitación que otorgar, permiso que tramitar, el burócrata se queda sin servicio para ofrecer a cambio de un pago irregular.

Fuente: PanamPost