En las últimas décadas, la evolución de doctrinas relacionadas con la seguridad ha sido cambiante de acuerdo con el desarrollo social, político, bélico, económico, tecnológico e industria. Iniciando desde el Imperio Romano, donde se originó la figura del “vigiles”, que en latín hace referencia a aquellos que cuidaban la ciudad de Roma durante la noche para evitar robos e incendios.
Seguidamente, el crecimiento poblacional de las ciudades, las revoluciones, la intervención del sistema industrial, la tecnología y los diferentes tipos de delincuencia, sumados a estrategias políticas y bélicas como la guerra no convencional, de guerrillas, guerra híbrida, hasta tácticas de golpe suave, trajeron como consecuencia una rápida evolución de la seguridad como un sistema preventivo, pero, a su vez, el colapso operativo de la fuerza pública.
Por consiguiente, dicho colapso ocurre ante la variedad y crecimiento de las amenazas; por tanto, los gobiernos han optado por fijar su atención en el riesgo que requiere una respuesta coactiva, y que pueda afectar estratégicamente al Estado.
Ante estos cambios, la seguridad privada ha tomado mayor terreno como parte estratégica dentro de la seguridad estatal, no solo cumpliendo funciones que paulatinamente han sido descuidadas o de poco interés, sino también como una primera línea preventiva ante situaciones que salen de la cotidianidad social.
Dichas funciones cumplen un rol que va desde el ámbito de la defensa hasta la protección, dando un mayor espectro operativo, en donde las tareas desatendidas por el Estado son abarcadas por la seguridad privada, que, a su vez, llena un vacío operativo e indirectamente ejerce como un sensor del Estado.
Desde el ámbito militar, los contratistas privados de seguridad, aunque cuestionados internacionalmente, han cubierto funciones de segunda línea necesarias en zonas de conflictos, en donde su labor ha sido determinante para la instalación de empresas privadas, control territorial, adiestramiento de personal, reorganización de fuerzas estatales, custodia de instalaciones estratégicas, bienes y personas.
En el ámbito civil, que de manera distinta enfrenta otro tipo de amenazas, las empresas privadas de seguridad cumplen una función más amplia, sustentada en la prevención como doctrina de protección; en otras palabras, su función no constituye una segunda línea, sino que opera de forma distinta como fase previa a la respuesta de la fuerza pública.
La doctrina de prevención
Por tanto, la doctrina de prevención, muchas veces subestimada, integra indirectamente el primer paso de una estructura de seguridad que incluye a la seguridad privada, con una finalidad fundamental: calcular el riesgo, la contención de la amenaza y su mitigación.
Al mismo tiempo, la doctrina de prevención, aplicada por medio de la seguridad privada, funge como sensor distribuido; es decir, la recolección de la información por medio de novedades, datos de cámaras, entre otros, puede facilitar la labor estratégica estatal e influir en los despliegues de dispositivos de seguridad. A su vez, dicha información, manejada estadísticamente, puede dar una visión más acertada del combate al delito y otros problemas relacionados con la seguridad, ya que no todos los hechos relacionados son registrados por el Estado.
Bajo esta lógica, tomando en cuenta el colapso operativo estatal, sumado a la integración progresiva de la seguridad privada como un factor necesario en la sociedad, la misma requiere una arquitectura organizativa que pueda integrar las capacidades de ambos sectores, sin que este necesariamente desplace las competencias del Estado como poseedor del monopolio de la violencia.
Por último, la vinculación de la seguridad privada no puede estar limitada solo a detectar amenazas, sino que esta pueda intervenir inicialmente ante escenarios donde las amenazas sean inminentes, es decir, aunque los cuerpos de seguridad puedan tener una reacción lo suficientemente rápida, siempre se va a encontrar un margen de tiempo en donde la inmediatez puede hacer la diferencia.
Podemos concluir que la seguridad parte de una necesidad humana y social, que integra los fundamentos básicos de la convivencia, como la política, las leyes y la economía. Pero su sistema organizativo no puede ser competencia exclusiva del Estado, sino, al contrario, debe expandirse para que pueda ser completamente eficaz y eficiente, integrando el sector privado como complemento funcional.
Fuente: PanamPost
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