Argentina: permanentemente entre el cielo y el infierno

Sistemáticamente, Argentina pareciera estar entre un tire y afloje de buenas noticias y palos en la rueda. Lo que está sucediendo con el Congreso –que afortunadamente está avanzando en una dirección de políticas desreguladoras– suele encontrar en la justicia reparos, que poco tienen que ver con lo legal y constitucional y mucho con lo prebendario y corporativo. Lo que ocurrió con la ley de modernización laboral y el fuero relativo al ámbito no es más que la manifestación de lo que pasa todo el tiempo.

Esta tarde, dos noticias independientes recordaron esta dicotomía entre el «cielo», al que tendríamos que dirigirnos de una vez, y el «infierno», de donde no nos quieren dejar salir. Por un lado, retornando de Estados Unidos, el presidente Javier Milei anunció una auspiciosa medida que se traducirá en más empleos y mejores salarios. Por otro lado, desde la justicia porteña dejaron en claro que la corporación prebendaria seguirá fortaleciendo un lobby que no hace otra cosa que perjudicar a los argentinos.

Seguramente, producto de las reuniones que tuvieron lugar en el norte, el presidente anunció que enviará otra iniciativa para fomentar grandes inversiones. Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el RIGI actual le estaba abriendo la puerta a una inversión de 10000 millones de dólares. Hoy, el mandatario habló de algo incluso más grande: un «súper RIGI» (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, aprobado en el Congreso).

«Mega bomba desde el avión presidencial: estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina», anunció el jefe de Estado antes de retornar al país. Según Milei, la iniciativa fomentará el desarrollo en nuevos «sectores dinámicos» de la economía, «satisfaciendo necesidades productivas».

Lo cierto es que esta tendría que haber sido la noticia de la jornada. Sin embargo, y aunque se trate de algo mucho más «chico», la justicia porteña tuvo que venir a recordar la problemática estructural que padece el país. Por una denuncia del sindicato de taxistas, para trabajar con una aplicación de transporte, como Uber o Cabify, ahora se tendría que comenzar a pagar una licencia, de la misma manera que pagaron los taxis. Lógicamente, la excusa es la de resolver el problema de una supuesta «competencia desleal».

Sin embargo, para los que se han beneficiado por estas barreras de entrada, las licencias se han convertido en excusas para arremeter contra la competencia. Si el enfoque hubiese sido el mejor para la economía en términos generales (incluyendo transportistas y pasajeros) lo lógico hubiera sido que los propietarios de los taxis fueran reembolsados por el importe abonado en materia de dicha licencia. Esto incluso se podría lograr mediante una exención impositiva de importes como AGIP, el viejo «alumbrado barrido y limpieza» porteño, que cada vez es más alto. Esta excusa es antigua y se usa en todas las latitudes. En Europa, los agricultores dicen que no hay que permitir el ingreso del Mercosur, ya que ellos lidian con regulaciones, pero no piden la eliminación de las mismas para competir en igualdad de condiciones.

Grandes noticias como la anunciada por el presidente son muy relevantes en el mediano plazo para salir de la decadencia actual. Pero también pequeños traspiés municipales como esto último se pueden convertir en pésimas novedades para mucha gente que sale todos los días a la calle a ganarse el pan con el sudor de la frente. Seguramente, en las elecciones de 2027, ambos modelos vuelvan a enfrentarse en las urnas. La ciudadanía decidirá si se profundiza el modelo de cambio o si se retorna a la pesadilla corporativa del atraso y la prebenda.

Fuente: PanamPost