El gobierno de Venezuela asegura que la amnistía es clave para “la estabilidad de la nación”

El gobierno venezolano aseguró este viernes que la aprobación de la ley de amnistía, que puede conceder la libertad a cientos de detenidos durante episodios de crisis política entre 2002 y 2025, es clave para “la estabilidad de la nación”. La ley es presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país sudamericano, mientras que ONG y opositores exponen dudas sobre la posibilidad de una reconciliación. Aunque el gobierno de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 detenidos desde el secuestro del expresidente Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan “casi 650 presos políticos encarcelados”, según la ONG Foro Penal.

“Para que Venezuela se despoje del odio”
La presidenta encargada de Venezuela dijo sentirse “muy complacida” con la aprobación de la ley que, a su juicio, abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y el país aprenda a convivir. “Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento”, sostuvo Delcy Rodríguez tras rubricar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Delcy Rodríguez sostuvo que hay que “saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón” lo que, indicó, se abre ahora con esta nueva ley. La normativa “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”, dijo por su parte el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, en un comunicado.

La Asamblea Nacional de Venezuela instaló este viernes una comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley de amnistía, que podrá revisar casos no contemplados en la norma. Dicha comisión se instaló en el Palacio Federal Legislativo, sede parlamentaria en Caracas, dirigida por el diputado chavista Jorge Arreaza como presidente y por la opositora Nora Bracho como vicepresidenta.

Amnistía y exclusiones
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. Sin embargo, la presidenta encargada pidió al Parlamento, al programa de Convivencia y Paz que promueve el diálogo político y a la comisión de revolución judicial que busca reformar el sistema de justicia, que evalúe casos que no están contemplados en la ley aprobada para “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y la justicia.

En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción. Además establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela por parte de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

En el artículo 11 se indica que un tribunal con competencia en el delito imputado verificará la aplicación de la amnistía y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación, en un plazo “que no excederá de 15 días continuos”. La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

“Una herramienta para reconstruir la justicia”
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a pedir el viernes elecciones en Venezuela en su primera aparición pública después de recibir su libertad beneficiado por la recién aprobada ley de amnistía. Guanipa fue vicepresidente del Parlamento y es muy cercano a la líder opositora María Corina Machado. Estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y tras pocas horas excarcelado fue otra vez capturado el 8 de febrero por supuestamente violar su libertad condicional al llamar precisamente a nuevos comicios. Estuvo hasta la madrugada del viernes en arresto domiciliario en su casa en Maracaibo.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el gobierno encargado. La mayoría de estos detenidos no han recibido una condena y, de acuerdo a denuncias de familiares, hubo retrasos en las audiencias de presentación ante tribunales y también en los procesos de juicios. El diputado opositor Stalin González, miembro de la comisión de seguimiento de la ley, cree que la amnistía es una “herramienta para reconstruir la justicia”, aunque “no es perfecta”.

Buenas señales desde España
El proyecto pasó por una consulta pública que incluyó a juristas y familiares de presos políticos, así como negociaciones con la pequeña bancada opositora en la Asamblea Nacional. La amnistía es parte de la agenda de Delcy Rodríguez, así como una mayor apertura petrolera y un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. El miércoles pasado el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, se reunió en Caracas con Rodríguez, Padrino y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

España anunció este viernes que pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones a Rodríguez en respuesta a los pasos dados. El bloque “tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. Su aprobación es “una muy buena noticia”, destacó.

Fuente: Página12