Muerte de preso político en El Helicoide complica a Maduro frente a EEUU

La muerte de Alfredo Díaz, exgobernador opositor de Nueva Esparta, en las celdas de El Helicoide —catalogado por distintas organizaciones como «el centro de tortura más grande América Latina»— despierta la indignación dentro y fuera de Venezuela. Quedó detenido en noviembre de 2024 por orden del régimen y desde entonces solo le permitieron una visita de su hija.

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Para desligarse de acusaciones, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela, al servicio del chavismo, aseveró que el también exconcejal y exalcalde, murió a causa de un «infarto». Sin embargo, distintos voceros de la oposición aseguran que llevaba meses solicitando atención médica. Así, se eleva a 17 la cantidad de presos políticos que han fallecido desde 2014 en el país, según el registro de la organización Foro Penal, mientras que hasta el 25 de noviembre pasado, se calculaba que 884 permanecían tras las rejas.

En medio de un contexto tenso para el régimen de Nicolás Maduro —debido a la operación militar en el Caribe que lleva adelante el gobierno estadounidense de Donald Trump— esta muerte de otro preso político no hace más que complicar su débil situación. Y es que más allá de los pronunciamientos de organizaciones locales, partidos o figuras como María Corina Machado, lo que más resuena es el mensaje que emitió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. «La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de El Helicoide del régimen de Maduro, es otro recordatorio de la vileza de la naturaleza criminal del régimen», escribió el organismo, adscrito al Departamento de Estado.

El mensaje de Estados Unidos se basa en un amplio seguimiento que el Gobierno republicano ha hecho sobre los crímenes de lesa humanidad del chavismo contra la población y cuya élite política es señalada por estar incriminada en una amplia red de narcotráfico. El presidente Donald Trump ha demostrado estar atento a estos crímenes y la influencia de la dictadura, que dirige Nicolás Maduro, en otros países socialistas de la región.

Por ende, la muerte del exgobernador Alfredo Díaz no pasa desapercibida, menos aún para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. En un comunicado conjunto afirman que  «no puede tratarse como un fallecimiento común». Agregan que se trata de «un crimen bajo la responsabilidad del régimen» y que «el sistema de seguridad y penitenciario ha sido instrumentalizado para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto».

Cientos de presos políticos permanecen aún bajo la custodia del chavismo, sin garantías procesales y con juicios arbitrarios, según los registros de grupos independientes. Algunos relatos de sobrevivientes, hoy en el exilio, han trascendido demostrando las aberraciones sufridas a manos de agentes de la dictadura en las celdas. Alfredo Díaz fue detenido arbitrariamente el 24 de noviembre de 2024 y estuvo cuatro días en desaparición forzada. Tal como menciona Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, «se trata de una ‘muerte potencialmente ilícita´», según el Protocolo de Minnesota y que «debe ser investigada de manera objetiva e imparcial».

Fuente: PanamPost