Expropiación exprés antes de dejar La Moneda: Boric premia la usurpación de terrenos

Antes de despedirse de la presidencia de Chile, Gabriel Boric ordenó expropiar 100 hectáreas de las 215 que  están ocupadas a raíz de la megatoma de San Antonio, en Valparaíso. La decisión evidenció la crisis habitacional durante su gobierno, la falta de un política efectiva para enfrentarla y la implementación de una medida que transgrede el derecho a la propiedad privada.

La disposición de Boric de expropiar los terrenos para beneficiar a 10 mil familias que invadieron desde 2019, equivale a «una bofetada» para los afectados de Viña del Mar, que esperan la reconstrucción de las 15 mil viviendas arrasadas por los incendios ocurridos durante su mandato, asegura la abogada Jeanette Bruna a La Tercera. 

Basar el anuncio en la necesidad “evitar una crisis humanitaria» es un argumento que levanta detractores ante la pretensión del Ejecutivo de disponerse a pagar el 0,23 del valor de la Unidad de Fomento por metro cuadrado, estimada en 39.643,59, en detrimento del 0,44 solicitado por los dueños.

La pérdida se pudo evitar. Para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, «la toma de San Antonio es un claro ejemplo de una usurpación de terrenos que debería haberse tratado desde el principio con una aplicación firme de la ley». Ya no sucedió.

Tema de campaña 
El tema de la crisis habitacional tensa en Chile a la campaña electoral que protagonizan para la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre, la candidata comunista Jeannette Jara y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. A uno de ellos les corresponderá lidiar con las 120 mil familias que hoy viven en 1428 asentamientos ilegales, ubicados principalmente en la región Metropolitana, Valparaíso y Biobío.

Sus posiciones difieren frente al manejo de esta cifra, que en la últimas dos décadas aumentó diez veces en comparación con los 972 campamentos y 100 mil personas que residían en ellos en 1996. Desde ya Kast rechaza la expropiación, porque es una medida “dilatoria» que deja a un lado el peso de los fallos judiciales que ordenan desalojos.

El republicano insiste en que “si ya se determinó que las personas están sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el Gobierno debería haber aplicado eso”, sostuvo con respecto a San Antonio. Por su parte, Jara lo contradice e incluso justifica la decisión del Ejecutivo. Para ella, el caso es una «excepción en política pública».

La candidata de coalición del oficialismo admite que la expropiación «no es la solución perfecta, pero es la solución que se pudo, porque quienes vendían los terrenos van a recibir el valor comercial; quienes estaban en la toma van a poder contribuir a la urbanización y construcción de viviendas y acceder a su casa propia».

Chile está en un panorama similar al que enfrenta España por la falta de un política habitacional. En el país ibérico, el gobierno socialista que lidera Pedro Sánchez provocó un alza sin precedentes en los alquileres y frustró el sueño de la casa propia.

Su «cambio de paradigma» terminó en crisis tras la oferta de inmuebles pasar de 855.518, con un precio medio de 906 euros, a 734.662 viviendas y un ajuste a 1146 euros, entre 2022 y 2024, así lo revela un informe del Observatorio del Alquiler elaborado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. El pronóstico del documento apunta a finalizar 2025 con menos de 681.920 viviendas en arriendo.

Contar con nuevas edificaciones en España para mitigar la crisis de vivienda tampoco es probable a corto plazo. Las estimaciones de Singular Bank indican que el déficit acumulado de vivienda alcanzará las 600.000 unidades este mes, mientras que la promoción de obra nueva seguirá siendo insuficiente, al prever la terminación de sólo 260.000 inmuebles. Todo es fruto de la Ley de Vivienda estatal, que después de 15 meses en un cajón del Congreso logró luz verde en 2023.

La nación austral tiene el mismo reporte dramático al arrojar un déficit habitacional  de 554.046 viviendas en el país, concentrado el 60% de este en la Región Metropolitana. A la cifra se suman 1.263.576 viviendas que requieren mejoras, ampliación y acceso a servicios básicos.

Fuente: PanamPost