Ahora la disputa es por los depósitos bancarios de Rusia

Frente a la posibilidad concreta de un cese del fuego contra Rusia en un corto plazo, la Unión Europea analiza por estas horas cómo direccionar el apoyo económico a Ucrania en una primera fase de la posguerra.

Las prioridades de la reconstrucción apuntan a dos ejes fundamentales: la infraestructura dañada durante el conflicto y, fundamentalmente, los amplios recursos defensivos cuya adquisición el gobierno de Volodímir Zelenski ya tiene comprometida con distintos gobiernos de la Unión Europea y con la administración general del bloque.

En medio de un escándalo de corrupción cuyas derivaciones ya están golpeando al régimen de Zelenski y que amenaza con extenderse a diversos países europeos, Ucrania avisó que sin tener aprobada la ley del presupuesto para 2026, probablemente se quede sin recursos desde principios del próximo año.

Si bien se barajan distintas alternativas para sustentar a Kiev, como la emisión de deuda común con el presupuesto comunitario o a través de créditos bilaterales, por ahora el razonamiento predominante es el de utilizar los bienes rusos congelados como la opción más directa y efectiva.

Desde febrero de 2022, cuando inició el conflicto abierto en Ucrania, un amplio conjunto de gobiernos occidentales como los de Estados Unidos y distintos miembros de la UE congelaron más de 300 mil millones de dólares en activos estatales rusos. Aproximadamente 240 mil millones de dólares de esos activos se encontrarían en el bloque comunitario, en su mayor parte depositados en la financiera belga Euroclear.

La propia presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha argumentado que el embargo no solo beneficiaría a Ucrania, sino que también serviría para presionar a Rusia, a la que se responsabiliza exclusivamente por los costos de la guerra, ignorando así, de manera deliberada, el papel jugado por la OTAN en el origen y desarrollo del conflicto.

Los gobiernos de Francia, Alemania, Eslovenia, Holanda, Lituania y Luxemburgo son algunos de los países que más presión están ejerciendo para asumir las reparaciones a partir de los recursos inmovilizados de Rusia. Con economías dañadas por deudas en algunos casos abismales, existen obvias resistencias a aumentar impuestos y a adoptar medidas impopulares para luego transferir lo recaudado a Ucrania.

Para la Unión Europea, la utilización de estos recursos implicaría un importante resarcimiento económico, más aún teniendo en cuenta que el plan de paz impulsado inicialmente por la Casa Blanca, y que todavía se encuentra bajo discusión, propone destinar 100 mil millones de dólares correspondientes a los activos rusos a un mecanismo para reconstruir Ucrania que le brindaría a Estados Unidos un amplio conjunto de ventajas y beneficios.

Últimamente, también el Parlamento Europeo se mostró de acuerdo con la iniciativa contra Moscú. Una resolución que ha recabado el apoyo de una amplia mayoría del hemiciclo fue aprobada por 401 votos a favor, 70 en contra y 90 abstenciones.

Pero no todos los gobiernos de la Unión Europea están a favor de esta iniciativa y algunos han comenzado a evidenciar sus diferencias con el bloque.

El caso más conocido es el de Bélgica que abiertamente expresó su preocupación por las implicaciones legales de esta medida, más aún, tomando en cuenta que la mayor parte de los recursos financieros rusos en el exterior se encuentran alojados en entidades bancarias de este país.

Bruselas considera que la acción podría ser vista como una “confiscación”, lo que podría exponer al gobierno a futuras reclamaciones por parte de Rusia. Por ello, el primer ministro Bart De Wever ha solicitado garantías legales de que el resto de los socios europeos le respaldarán en el caso de que Moscú exija responsabilidades en el futuro.

Además, el gobierno belga sostiene que, si los fondos rusos se desbloquean, Moscú podría utilizar esta decisión como una justificación política para abandonar el diálogo y señalar a la Unión Europea como responsable del fracaso del plan de paz. En este caso el riesgo sería doble, no sólo por reactivar y profundizar las diferencias con Putin sino también con la administración de Trump, la principal impulsora del acuerdo con Rusia.

La disidencia expresada por el gobierno belga amenaza además con resquebrajar la unidad de los 27 integrantes de la Unión Europea, al instalar un clima de sospecha sobre la supuesta falta de información completa y detallada en torno el destino de los ingresos fiscales provenientes de los activos inmovilizados. Cada vez más dirigentes europeos expresan sus dudas sobre si el gobierno belga se está beneficiando de esos recursos económicos y, en consecuencia, si está retrasando los pagos a Ucrania.

Dentro del conglomerado europeo, a la reticencia de Bélgica se le suma también la influencia decisiva de Hungría, cuyo gobierno, aliado al ruso, se opone a nuevas medidas para ayudar a financiar la aventura bélica de Ucrania.

Por su parte, Rusia ha advertido en varias ocasiones que la congelación de sus fondos viola el derecho internacional y ha calificado como un “robo” la iniciativa de la Unión Europea. Además, el presidente Putin planteó que la medida tendría “consecuencias negativas para el sistema financiero mundial”, porque toda la confianza en la Eurozona “se desplomará”.

Los fundamentos de Putin son irrevocables. Según el derecho internacional consuetudinario, los bienes estatales generalmente gozan de inmunidad frente a medidas coercitivas como la confiscación y la expropiación. En tanto que la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades de los Estados, aún en trámite, confirma este principio, que, en la práctica, se aplica a medidas ejecutivas como las sanciones del Consejo de la UE, que funcionan de forma similar a las medidas judiciales.

Más allá de que las aseveraciones provenientes de Moscú no suelen ser escuchadas en las capitales europeas, el carácter inédito y gravemente ultrajante de esta iniciativa está generando un clima de zozobra que no se condice con el relato triunfalista que las principales potencias europeas pretenden instalar.

Por las dudas, se están evaluando otras alternativas en caso de que finalmente, y en un corto plazo, no se logren utilizar los recursos congelados de Rusia. La opción que está ganando apoyo es un empréstito puente, financiado a su vez con préstamos de la UE, para mantener a Ucrania a flote durante los primeros meses de 2026. Esto no niega la posibilidad de usar los fondos retenidos, pero da más tiempo al bloque europeo para ponerse de acuerdo respecto a la metodología y en consensuar la forma en que se implementaría la transferencia. El próximo 18 de diciembre el Consejo Europeo deberá tomar una decisión trascendental, y ya sin retorno.

Asoma así la sombra latente de una crisis económica de enormes proporciones motivada fundamentalmente en el gasto desenfrenado en maquinaria bélica, en préstamos otorgados sin mayor control y en un agujero sin fondo que ha drenado los recursos militares y financieros transferidos a Ucrania en estos últimos cuatro años y que ha devenido en cada vez más graves denuncias sobre hechos de corrupción.

Para los gobiernos europeos, el sueño inicial de la derrota de Rusia en una guerra decisiva contra la OTAN, ahora se ha transformado en una verdadera pesadilla sin solución aparente.

Fuente: Página12