Un Tribunal Supremo dividido permite a Trump seguir usando una ley de guerra de 1798 para las deportaciones

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado la suspensión cautelar que impedía al Gobierno de Donald Trump deportar a inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer a una banda criminal en virtud de una ley de guerra de 1798. En una decisión tomada por el voto de cinco jueces (todos ellos hombres y conservadores) frente a las cuatro juezas (tres progresistas y una conservadora), el Supremo da la razón a una petición de la Administración Trump. La resolución sí señala que los inmigrantes deben tener la oportunidad de impugnar su deportación antes de ser expulsados del país y que deben contar con un “tiempo razonable” para acudir a los tribunales.

Los jueces indican que los recursos legales de este caso en concreto debían tener lugar en Texas, en lugar de un tribunal de Washington, que es el que había tomado cartas en el asunto. Fue el juez James E. Boasberg, del Distrito de Columbia (Washington), el que suspendió cautelarmente la aplicación de la ley. Su orden prohibía temporalmente las deportaciones de los migrantes acusados ―sin pruebas ni garantías judiciales― de ser miembros de bandas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, redactada para tiempos de guerra. Boasberg se había convertido en una pesadilla para Trump, que incluso había llegado a pedir su procesamiento político (impeachment).

El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión del juez Boasberg. Los jueces del Supremo dictan su resolución en respuesta a la apelación de emergencia del Gobierno de Trump a esa decisión. La resolución no entra en el fondo del asunto, pero levanta la suspensión.

El presidente del Supremo, John Roberts, salió en defensa de la independencia judicial ante los ataques de Trump al juez, pero a la hora de la verdad le ha dado la razón al presidente, al menos provisionalmente, y le ha librado del juez. El Gobierno del republicano había estado toreando y desoyendo las reclamaciones del juez de forma reiterada. Las juezas progresistas se quejan de que la Administración ha tratado de evitar la revisión judicial en este caso y que el tribunal “ahora recompensa al Gobierno por su comportamiento”.

La resolución de la mayoría señala que “a pesar de toda la retórica de las [juezas] disidentes”lo importante es que su fallo confirma “que los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tienen derecho a ser notificados y a tener la oportunidad de impugnar su expulsión”.

En su voto particular, las cuatro juezas del Supremo señalan que la ley bajo la que se escudan las deportaciones solo otorga al presidente el poder de detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de una “nación o gobierno hostil” cuando “hay una guerra declarada” con dicha nación o cuando una “nación extranjera” amenaza con una “invasión o incursión depredadora” contra el territorio de los Estados Unidos.

“Hasta hoy, los presidentes de EE. UU. solo han invocado la Ley de Enemigos Extranjeros en tres ocasiones, cada una en el contexto de una guerra en curso: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esto cambió el 14 de marzo de 2025, cuando el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para abordar una supuesta ‘invasión de los Estados Unidos por el Tren De Aragua’, una organización criminal con sede en Venezuela. (...) Por supuesto, no existe una guerra en curso entre Estados Unidos y Venezuela. Tren de Aragua tampoco es una ‘nación extranjera”, subrayan las juezas para tratar de subrayar la ilegalidad manifiesta de las deportaciones amparadas en esa ley.

Un “régimen sin ley”
Las magistradas advierten de la deriva autoritaria que supone la aplicación de una ley sin garantías, saltándose la literalidad de la norma y con un Gobierno que alega que, una vez expulsados y encarcelados los deportados, ya no puede devolverlos al país aunque reconozca su error. “La consecuencia de la postura del Gobierno es que no solo los no ciudadanos, sino también los ciudadanos estadounidenses podrían ser sacados de las calles, obligados a subir a aviones y confinados en prisiones extranjeras sin posibilidad de reparación si la revisión judicial se deniega ilegalmente antes de la expulsión. La historia no es ajena a estos regímenes sin ley, pero el sistema de leyes de esta nación está diseñado para prevenir, no para permitir, su surgimiento”, dicen las juezas.

La fiscal general, Pam Bondi, ha cantado victoria: “La decisión de esta noche es una victoria histórica para el Estado de derecho. Un juez activista de Washington, D. C. no tiene jurisdicción para tomar el control de la autoridad del presidente Trump para llevar a cabo la política exterior y mantener a salvo al pueblo estadounidense”, ha tuiteado.

“Tras el histórico fallo del Tribunal Supremo de esta noche, el pueblo estadounidense puede estar seguro de que [la secretaria de Seguridad Nacional,] Kristi Noem, [el zar de las fronteras,] Tom Homan, y yo dirigiremos nuestros activos para rastrear el país en busca de cualquier remanente de Tren De Aragua y EXPULSARLOS”, ha añadido Bondi.

La decisión se produce en el mismo día en que el presidente del Supremo, John Roberts, ha suspendido la orden que había dado una jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, para devolver a Estados Unidos a Kilmar Abrego García. Se trata de un salvadoreño de 29 años sin antecedentes penales que fue deportado por error, pues contaba con una protección contra su expulsión desde hace seis años. El Gobierno de Donald Trump ha admitido su equivocación al enviar a Abrego de vuelta a su país, donde se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Nayib Bukele. Al mismo tiempo, Washington se ha resistido al mandato judicial que lo obliga a corregir el error, pues asegura que Abrego ya no está bajo su custodia y que no puede hacer nada.

Fuente: El País