Pedro Castillo enloquece en su juicio entre ataques a fiscales y una peculiar petición

Indeciso, irónico y absolutamente errático, así enfrenta el expresidente peruano Pedro Castillo el inicio del juicio oral en su contra, por el intento de golpe de Estado que impulsó en 2022. Su comportamiento va desde desafiar a la autoridad, rechazar la defensa pública, hasta negar su responsabilidad en las primeras dos audiencias del proceso legal.

La presión de estar en el banquillo de los acusados, imputado por rebelión y abuso de autoridad —dos cargos por los cuales arriesga una condena de más de tres décadas privado de libertad— lo hunden en un laberinto de contradicciones. Castillo está desorientado, pero, sobre todo, perdido en su ignorancia. Asegura que el juicio está “parcializado”, a pesar de que su defensa ha optado por la vía de la lástima, al insistir que su “único delito” ha sido actuar a favor de los intereses de la población.

La Fiscalía lo rebate. En su lugar, acusa a Castillo de haber aprovechado su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía para ordenar —a través de un mensaje enviado 7 de diciembre— un alzamiento en armas contra el régimen constitucional, la intervención del sistema de Justicia, el cierre inconstitucional del Congreso y el establecimiento de un gobierno por decreto.

Sin protocolo
Interrumpir más de una vez las jornadas parece ser el fin de Castillo durante las comparecencias. Según El Comercio, el expresidente sólo desacata el orden de los turnos al micrófono en las audiencias para manifestar su incomodidad en la sala de la Corte Suprema, ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú.

Aunque Castillo solicita en el juicio retirarse constantemente, el presidente de la sala, el juez José Neyra, mantiene que “las personas comprendidas en un proceso tienen deberes que cumplir. También tienen muchos derechos y garantías, como acogerse a la no incriminación y ejercer su defensa, pero en términos jurídicos”.

Castillo carece de habilidades para manejar la frustración. Lo deja claro con su pretensión de abandonar con recriminaciones ofensivas. “Señor Castillo, tiene que moderar su vocabulario, porque si no, no vamos a permitir que haga el uso de la palabra. Tenga la bondad, señor Castillo”, le dijo el presidente del juzgado.

Como un niño
Castillo recae en pataletas que rozan lo infantil. En la segunda audiencia hasta planteó querer cambiar de sala “para coordinar unos temas”. Su deseo generó sorpresa. “¿Con quién va a coordinar si su abogado, Edgar Callahualpa, está acá presente.” le dijo el juez. “Dejo constancia que se está haciendo contra mi voluntad. No descarto que mi abogado de la defensa pública haya grabado algunas que cosas que le he dicho”, refutó el expresidente.

Cuatro horas sentado en un juicio —sin duda— lo superan. Tendrá que autorregularse, porque el juicio tiene en agenda siete audiencias para interrogar a los 40 testigos de la Fiscalía. La próxima está prevista para el martes 11 de marzo. También dispusieron cancelar la audiencia que estaba pautada para este viernes 7, ya que se requería más tiempo para citar a los declarantes.

Mientras, para el lunes 10 de marzo, se citó a los primeros seis testigos, Mario Gómez de la Torre, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Walter Córdova Alemán, excomandante general del Ejército; Lina Sánchez Kamada, exsecretaria de Defensa; Andrés Salas Jaén, exviceministro de Defensa; Gustavo Bobbio, exministro de Defensa; y Alberto Alcalá Luna, excomandante general de la Marina de Guerra.

Defensa con confianza
Las demás audiencias en el calendario del juicio de Castillo serán el 13, 14, 18, 20, 21 y 25 de marzo. Para ellas, otros que requerirán paciencia son la expresidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; el exministro del Interior Willy Huerta; así como también los policías Manuel Lozada y Jesús Venero. Los cuatro también están formalizados por rebelión y arriesgan una condena de 25 años.

El abogado de Castillo les provee esperanza. En sus tesis mantiene que será improbable para la justicia demostrar coordinaciones previas entre los funcionarios del Gobierno para definir el contenido del mensaje golpista.  En su turno frente a los magistrados recalcó que debe descartarse el delito de rebelión porque no se levantó en armas: “Este será el talón de Aquiles de la acusación fiscal. No existirá modo alguno que se pueda probar que Pedro Castillo se haya alzado en armas o haya establecido un estado de excepción, porque no existe ese documento de acuerdo con los ministros para declararlo”, dijo. Callahualpa solicitará la absolución.

Fuente: PanamPost