Trump desafía las leyes de Estados Unidos con sus promesas migratorias

El 20 de enero será el pistoletazo de salida de una larga lista de medidas que el presidente electo, Donald Trump, tiene preparadas contra los migrantes y que van desde la deportación masiva de indocumentados hasta la retirada de la ciudadanía a personas nacidas en el país. Sus intenciones están claras, pero que las pueda realizar no es tan evidente. El republicano ha llegado a decir que le gustaría ser dictador por un día, y esa podría ser la única manera de llevar a cabo algunas sus promesas, porque muchas de ellas desafían las leyes vigentes desde el siglo XIX, además de enfrentar problemas operativos, políticos y éticos.

Probablemente, el asunto más controvertido sea la retirada de la ciudadanía por nacimiento. En su primera entrevista tras la victoria electoral, concedida a la cadena NBC, al ser preguntado si pensaba sacar adelante la medida desde el primer día, Trump respondió: “Sí, absolutamente”. Para ello, tendría que saltarse por alto la 14 Enmienda de la Constitución, que desde 1870 otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, con la única excepción de los hijos de diplomáticos.

Una orden ejecutiva del presidente no puede cambiar la Constitución, aunque existen riesgos. Uno sería reinterpretar la enmienda cuando dice que el derecho lo tienen las personas que están “bajo la jurisdicción del Estado”.

Trump tendría que justificar que, por ser hijos de indocumentados, que no se encuentran legalmente en el país, no están sujetos a la jurisdicción. El caso llegaría casi con toda probabilidad al Tribunal Supremo. “Sería lo más radical que ha hecho el Tribunal”, afirma Hiroshi Motomura, profesor de Derecho de UCLA. La 14 Enmienda se aprobó tras la Guerra Civil estadounidense y eliminarla “revocaría 160 años de historia. Su propósito y papel en la historia fue comprender el país como una nación de inmigrantes, lo que en el momento fue un cambio muy progresista”, añade.

A favor de Trump está el hecho de que el Alto Tribunal tiene una mayoría de jueces conservadores (seis frente a tres progresistas), tres de los cuales nombró él mismo. Un cambio tan drástico en la interpretación de la Constitución no parece muy probable, pero la jurisprudencia de la Corte despierta dudas. “Ya hemos visto cómo actuó el Supremo en el caso de Roe contra Wade. Hay incertidumbre sobre lo que haría en este caso”, señala Adriel Orozco, abogado del American Immigration Council, una organización dedicada a la defensa de los migrantes. Se refiere a la decisión del Supremo de revocar el derecho del aborto.

Otra opción sería añadir una nueva enmienda a la Constitución, pero necesitaría una mayoría de dos tercios del Congreso que es casi imposible que consiguiera. Los republicanos ocupan 220 escaños de la Cámara de Representantes, sólo cinco más que los demócratas.

Los lugares sensibles
Trump no ha ofrecido muchos detalles de cómo va a realizarse la tan prometida “mayor deportación de la historia”, pero una de las pistas es que se harán redadas en lugares donde hasta ahora las detenciones estaban prohibidas. Las escuelas, los hospitales y los lugares de culto se consideraron ya en 2011 como “lugares sensibles” por el entonces director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), John Morton. Aunque no llega a ser una ley, la recomendación se ha respetado desde entonces y el secretario de Seguridad Interior de la Administración de Biden, Alejandro Mayorkas, amplió la excepción a parques infantiles, albergues de personas sin techo y centros de acogida por violencia doméstica.

El Proyecto 2025, ideario de ultraderecha por el que se guía el republicano, quiere levantar el veto y conceder a los agentes del ICE la capacidad de decidir dónde se pueden realizar las detenciones.

En su primer mandato, Trump continuó aplicando el memorando de Morton, pero muchos padres fueron detenidos cuando dejaban a sus hijos en las puertas de los centros. “La preocupación es que ahora los agentes del ICE van a poder entrar en las escuelas, ya no va a haber esa protección”, apunta Orozco.

Varias universidades y centros educativos ya han enviado cartas a sus alumnos para tranquilizarles y asegurarles que los van a proteger, después de que la victoria de Trump encendiese las alarmas entre los estudiantes indocumentados. En su primer mandato, casi 4.000 niños fueron separados de sus familias.

La entrada de los agentes en las escuelas plantearía otros desafíos jurídicos, como la violación del derecho de todos los niños de recibir educación, sin importar el estatus migratorio. “Si se demostrara que la matrícula escolar disminuye debido al miedo generado por los patrones de arresto del ICE, eso violaría la decisión del Supremo en el caso Plyler versus Doe”, que en 1982 implantó el derecho, opina Motomura.

Asimismo, “si empiezan a arrestar a personas en ciertas iglesias, tal vez se podría considerar una violación de la libertad religiosa”, añade.

Deportaciones rápidas
Otra de las legislaciones que Trump se saltaría, según sus planes, tiene que ver con las deportaciones aceleradas, aquellas que se hacen sin la necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración y que fueron aprobadas por el Congreso en 1996. Inicialmente, estas expulsiones se hacían en la frontera, pero el espacio operativo se amplió para abarcar hasta 100 millas adentro del país.

El republicano ya quiso extenderlo a todo el territorio y podría hacerlo a partir del 20 de enero. El problema legal en este caso es que para este tipo de expulsión es necesario probar que el detenido lleva menos de dos años en el país, y muchos de ellos no tendrían cómo comprobarlo. El otro es “que la Constitución ha dejado claro que las personas que han estado en Estados Unidos, incluso por un corto período de tiempo, tienen derecho a una audiencia en inmigración”, explica Motomura.

Familias mixtas
Una de las políticas más polémicas del primer mandato de Trump fueron las separaciones familiares. Las imágenes de padres siendo separados de sus hijos por agentes de inmigración se difundieron por todo el mundo y le ganaron fuertes críticas internacionales. Los responsables de esas deportaciones, Tom Homan y Stephen Miller, han vuelto a ser elegidos por Trump para dirigir la política migratoria. Homan, que ha recibido el título de “zar de la frontera”, ha advertido que, para evitar la separación, deportará a las familias enteras, unas declaraciones que ha corroborado el presidente electo.

En las familias mixtas, donde al menos un miembro es un migrante indocumentado y el resto son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, la deportación no puede producirse por la fuerza, porque un ciudadano estadounidense no puede ser deportado bajo ninguna circunstancia. Tendría que ser una decisión personal. Los padres indocumentados tendrían que tomar la difícil elección de llevar consigo a los hijos o dejarlos al cuidado de un tutor.

En este caso, las implicaciones humanitarias preocupan más, sabiendo que durante su mandato anterior, casi 4,000 niños fueron separados de sus familias.

DACA y TPS
La vuelta a la Casa Blanca de Trump ha despertado los temores de muchos migrantes que, aunque sin papeles, residían en el país gracias a la protección de programas como DACA o el TPS (Estatus de Protección Temporal). El magnate ya intentó ponerlos fin en su primer mandato, pero los tribunales lo impidieron.

Las organizaciones de defensa de los migrantes ya han empezado a movilizarse para estar preparadas para una batalla legal, porque esperan que el republicano vuelva a intentarlo. A pesar de que Trump ha dicho que buscará un acuerdo con los demócratas para encontrar una solución para los beneficiarios de DACA (los dreamers, que llegaron siendo niños), no todos creen que lo hará. Ningún tribunal dijo que no podía acabar con los programas, sólo que el procedimiento de hacerlo no fue el adecuado, por lo que es probable que lo vuelva a intentar.

Además de los desafíos legales y éticos que la nueva Administración tendría que superar para acometer todas las promesas en materia de inmigración, va a ser necesario un cuantioso aumento de los recursos financieros y la cooperación de los Gobiernos locales y estatales. De momento, ninguno de los dos requisitos está asegurado.

Fuente: El País