La atrocidad de enjuiciar a siete adolescentes por protestar contra el fraude

Es atroz. Por cualquier lado que se mire, el enjuiciamiento de siete menores de edad en Venezuela por los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad, simplemente supera la alta vara de crueldad del régimen de Nicolás Maduro. Aun así, la decisión está tomada. La privación de libertad es solo un apéndice de un proceso donde impera la tortura y el abuso. Con dos meses de reclusión en los comandos policiales de Valencia y Libertador, el suicidio se ha pasado por sus cabezas al saber que serán sometidos injustamente a un juicio en el que los podrían condenar a 10 años de cárcel.

No resisten más los tratos denigrantes. Las constantes golpizas de los custodios les volaron piezas dentales. También les arden y duelen las heridas en sus tetillas causadas por los shocks de electricidad que les infringen para obligarlos a grabar un video donde declaren haber recibido pagos por 30 dólares por salir a protestar contra el chavismo. Esto es lo que denunciaron familiares de los detenidos a El Carabobeño.

Pero no son los únicos. Ellos forman parte de los 67 menores de edad que están presos desde los días posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio por manifestarse contra del fraude de Maduro. “Fueron detenidos arbitrariamente sin orden de captura ni en flagrancia”, aseguró Marelis Ruiz, madre de uno de los afectados recluido en Tocuyito.

Jueza cómplice de la barbarie
Detrás de los procesos contra estos siete menores está la jueza Keidimar Ramos. Ella es la titular del Tribunal número dos con competencia en terrorismo a través del cual se concretó el procedimiento contra los  adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años. Ellos conforman el segundo grupo de jóvenes menores de 18 años que enfrentan un juicio en el estado Carabobo. Anteriormente, les tocó a otros dos.

La imparcialidad de Ramos es muy cuestionable. Se trata de una operadora del chavismo que les propuso a los jóvenes reducir la condena de 10 años a cambio de una declaración de culpabilidad. Sin embargo, su oferta de establecer una pena de seis años y ocho meses sin beneficios procesales no caló.

Ninguno aceptó. La convicción de inocencia, pero sobre todo la dignidad, aún persiste entre los adolescentes. La gallardía y la valentía también, pese a que la jueza desestimó las pruebas consignadas por sus familiares ante la Defensoría Pública, que incluían constancias de estudio, deportivas y hasta las cédulas de testigos.

Ramos evitó verlos. Organizó las audiencias por internet. Los vicios en el proceso son obvios si además se agrega que solo autorizó intervenciones de dos minutos a la defensora pública Kelly Pérez, que representa a los jóvenes.

Proceso con vicios
Todo es turbio. No hay exámenes forenses sobre la tortura a menores y Pérez tampoco consignó ante el juzgado los documentos recaudados por los padres para demostrar la condición de estudiantes o deportistas. ¿Por qué? No hay explicación alguna.

“La defensa no promovió nada”, fue el argumento de la jueza al concluir una audiencia que suma irregularidades, tras realizarse 62 días después de las detenciones y no en diez como establece la ley.

Es maldad pura. De esa forma resumió la situación la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Desde su cuenta en la red social X aseguró que “solo reclamaron su derecho a ser libres. Nadie puede pensar que Venezuela será igual después de esto. Nadie puede callar”.

Las familias agotan todas las vías. Mantienen protestas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, donde introdujeron un recurso de amparo para pedir la libertad de todos los menores de edad. Exigen acceso a la defensa privada. Otro derecho violado.

Fuente: PanamPost