El sector privado, contra la reforma judicial: “El precio de los activos mexicanos sufrirá”

Si el año pasado fue una fiesta de optimismo económico en México, esta semana se sintió como una resaca. Las tensiones que comenzaron con la victoria aplastante del partido oficialista y sus aliados en las elecciones del 2 de junio alcanzaron proporciones febriles cuando los mercados, los bancos de inversión, las patronales y hasta el embajador estadounidense advirtieron enérgicamente sobre los peligros de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Denuncian que está en juego la democracia, pero lo resentirá también la economía.

El meollo del asunto es la elección por la vía popular de jueces, ministros y magistrados a nivel federal, la cual se espera se haga por primera vez el próximo año para reemplazar hasta 900 puestos en una sola elección, según la última versión del dictamen. Más adelante, se espera que las elecciones judiciales estén sincronizadas con el calendario de elecciones de diputaciones federales. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán nominar a los candidatos, los cuales deben ser licenciados en Derecho que cumplan ciertos requisitos.

La oposición, así como organismos no gubernamentales, señalaron que este sistema pone al Poder Judicial en manos del Gobierno, eliminando la separación de poderes. Por ello, entre el centenar de modificaciones al proyecto original, se incluyó un filtro a la lista de candidatos por un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad judicial. La selección final será por un sorteo público, asegurando la paridad de género, se lee en el dictamen.

“Ellos van a mandar las ternas y todo lo demás, es decir, siguen controlando y el voto va a ser irrelevante”, opina Luis Maizel, inversor mexicano en Estados Unidos y director de LM Capital Group. Maizel asegura que él ha vendido algunos de sus bonos de deuda mexicanos este año, primero cuando se conocieron los resultados de la elección y de nuevo en los últimos días, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) perfiló otorgarle a Morena y sus partidos aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esto prácticamente garantiza que Morena aprobará la Reforma Judicial el mes que viene que suba la nueva legislatura “más lo que se le ocurra a López Obrador”, dice Maizel, “le tengo pavor al mes de septiembre”.

Pavor fue el sentimiento que dominó al sector privado, tanto dentro como fuera de México, esta semana. El peso mexicano, el cual había perdido ya 9,5% de su valor contra el dólar desde las elecciones, cayó otro 2,6%, cerrando en una cotización de 19,10 por dólar. Esto eliminó todas las ganancias logradas durante la apreciación sostenida del tipo de cambio durante 2023 y parte de 2022, impulsado por remesas, turismo y la inversión de empresas extranjeras que buscan ampliar sus operaciones en México aprovechando la guerra comercial con China.

Esta semana también, tres bancos de inversión globales publicaron reportes por separado advirtiendo que el riesgo de invertir en México acababa de subir por la alta posibilidad de que pase la reforma judicial. Las patronales más grandes del país pidieron al INE limitar la representación de Morena y sus aliados en el Congreso, algo que hubiera dificultado la aprobación de la reforma, la cual, dijo una de ellas, “pone en riesgo la democracia”. Las Naciones Unidas, por su parte, ya se había pronunciado en contra, argumentando que pudiera “socavar la independencia de la judicatura”.

Pero el mensaje más fuerte, y más sorpresivo, vino del embajador de EE UU en México, Ken Salazar, quien cambió de parecer en apenas una semana. El viernes 16 de agosto dijo a reporteros que apoyaba la elección popular de jueces solo para cambiar de postura el jueves. “La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México”, dijo en su segunda rueda de prensa. “El debate sobre la elección directa a jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido”, agregó.

“Porque en términos generales esto es, sin duda, algo negativo y para evitar que algo así suceda, o para modificarlo, hay que subir la apuesta”, asegura Damian Fraser, exdirector general del banco de inversión UBS en México y director de la consultoría empresarial Miranda Partners. “Escribir una carta equilibrada diciendo ‘esto es algo malo’ no te traerá mucha atención. Por lo tanto, tienes que decir que la democracia mexicana está en riesgo si quieres que la gente escuche y para desarrollar una campaña en contra”, agrega el especialista.

Benito Berber, economista jefe en América para el banco de inversión Natixis, espera que una combinación de presión por parte del mercado, presión política interna y presión del exterior diluya la propuesta final. “El presidente López Obrador está decidido en capturar a los jueces y el impacto en el clima para inversión, doméstica e internacional, será negativo”, dice el especialista, “por tanto es muy posible que el precio de los activos mexicanos, incluyendo el tipo de cambio sufrirán como consecuencia de la aprobación de la reforma”.

La mayoría de los estados en el país vecino tienen elecciones judiciales, pero no a nivel federal. Además, en EE UU suelen ser los jurados los que determinan la culpabilidad y los jueces dictan la sentencia. “Estados Unidos tiene una cultura cívica y una cultura del Estado de Derecho que es infinitamente más fuerte que en México”, opina Fraser, “creo que, si ponemos todo junto, no es realmente tan comparable”.

Tanto Maizel como Fraser coinciden en que la politización que se pudiera dar en el Poder Judicial a partir de la reforma se suma a otros factores que ya hacían de México un destino de inversión riesgoso o menos atractivo que otros pares. “Hay mucho más que considerar en cualquier decisión de inversión que solamente una reforma como esta”, explica Fraser, “el déficit fiscal es alto, la economía se está desacelerando, la calidad de la política pública y la decisión por malgastar recursos en obras como una refinería o el Tren Maya ha sido muy pobre… así que definitivamente creo que la reacción del sector privado y la preocupación es adecuada”.

“El poder enferma. Si no lo controlas, si no hay quien te pare, si no hay quien te que te limite, el ejercicio del poder se vuelve abuso de poder”, dice Maizel, en referencia al control del Congreso, la presidencia y, potencialmente, el Poder Judicial del partido de López Obrador. “Al inversionista lo que le gusta es cuando el poder tiene que negociar los cambios trascendentales para el país, donde hay discusión, donde hay aceptación, donde hay diferencias. Es peligrosa una situación en la que puedes cambiar un país entero por decreto y es a donde creo que está yendo México ahora, lamentablemente”, concluye el inversor.

Fuente: El País