El escándalo de los cinco millones de kilos de alimentos sin entregar obliga a rectificar al Gobierno de Milei

En su cuarto viaje a Estados Unidos en seis meses, el presidente argentino, Javier Milei, se reunió esta semana con los líderes de las empresas de Silicon Valley para fomentar la creación de un polo de innovación tecnológica en el país sudamericano. Desde allí, Milei recibió una noticia que esperaba desde hacía semanas: el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, logró que el proyecto de ley de desguace del Estado dé un paso más y quede listo para someterse a la votación del Senado argentino en junio. Pero también se enteró que el escándalo por la negativa del Gobierno a distribuir más de cinco millones de kilos de alimentos almacenados en depósitos estatales había crecido hasta salpicar a una de sus ministras estrella, Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano.

Pettovello dio marcha atrás el jueves a la postura inicial del Gobierno y anunció que pondrá en marcha un protocolo “para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército argentino”. Además, cesó a un alto cargo y abrió una investigación interna por mal desempeño. Las decisiones muestran un cambio de relato: en los días previos, el Gobierno aseguró que esa comida comprada por la gestión anterior se guardaba “para futuras catástrofes”, cuestionó su calidad y apeló el fallo de un juez que obligaba a su reparto.

Entre la comida retenida hay casi 340.000 kilos de leche en polvo que vencen a finales del mes que viene, según el dirigente social Juan Grabois, autor de la denuncia que dio lugar a la intimación judicial al Gobierno para que presente un plan urgente de distribución de los alimentos. La lista incluye también aceite, harina y yerba mate. “Repartan la comida, sinvergüenzas”, disparó Grabois a través de sus redes sociales.

La polémica ha golpeado al Gobierno en un área sensible, la asistencia a la población más vulnerable en un país donde una de cada dos personas es pobre. Argentina arrastra desde hace años una emergencia alimentaria que se ha agravado desde la llegada de Milei al poder. Se han multiplicado los hogares con ingresos insuficientes para comprar alimentos y al menos menos cinco millones de personas, en su mayoría niños, dependen de ayudas para no pasar hambre. Un indicador claro de la magnitud de la crisis es que se ha desplomado casi un 20% el consumo de leche, un bien básico que en Argentina se vende hoy a precios europeos.

Las autoridades acaban de aumentar la suma mensual que recibirán las familias más pobres para comprar alimentos —hasta un máximo de 108.000 pesos (unos cien dólares) para las que tengan tres hijos o más,—, pero se niegan a repartir bolsas de comida a los comedores gratuitos que funcionan en los barrios pobres de Argentina. El argumento oficial es que se han detectado irregularidades en el sistema de reparto manejado por las organizaciones sociales, a las que acusan de ser “gerentes de la pobreza”. Varias de estas organizaciones formaron parte del Gobierno anterior encabezado por el peronista Alberto Fernández.

En su resolución, el juez Sebastián Casanello destacó que las presuntas víctimas no son los que gestionan los comedores, sino las personas que “integran los grupos socialmente vulnerables” y asisten a ellos en busca de un plato de comida. “Los comedores, en todo caso, son parte de una red de contención, son un medio, no un fin en sí mismo”, subrayó Casanello.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, negó este viernes que exista contradicción alguna entre las distintas versiones ofrecidas por el Gobierno desde que la semana pasada se reveló que había más de 5.000 toneladas de alimentos retenidas en depósitos oficiales. “No está el cronograma [de reparto] aún, pero hay margen”, dijo Adorni, al confirmar que hay paquetes de leche y harina que caducan en julio. ”Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos”, aseguró, sin aclarar el destino que les dará el Ejército.

El Gobierno aduce que son alimentos de calidad dudosa —ha enviado una muestra de yerba mate a analizar si es apta para el consumo humano— y que están reservados para casos de emergencia o de catástrofe. Aún así, no mandó ningún cargamento a Bahía Blanca en diciembre cuando esta ciudad bonaerense se vio castigada por un temporal que causó al menos 13 muertos ni tampoco a los afectados por las inundaciones en la norteña provincia de Corrientes en marzo.

Cuando visitó Bahía Blanca, Milei alentó a la población a salir adelante por su cuenta: “Siempre ponemos delante nuestra solidaridad, por estoy plenamente confiado en que ustedes van a poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos ya existentes”.

Esta semana, el presidente argentino volvió a oponerse de forma tajante a toda intervención estatal, incluso ante situaciones extremas como el hambre. “¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir?”, le preguntó el miércoles al público de la Universidad de Stanford. “Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque, a la postre, alguien lo va a resolver”.

Sangría de altos cargos
El escándalo por los alimentos retenidos se cobró la cabeza del secretario de Adolescencia, Niñez y Familia, Pablo de la Torre. Pettovello, no sólo lo destituyó sino que lo denunció ante la Oficina Anticorrupción por “falta de transparencia” en su gestión, informó el portavoz presidencial sin dar más detalles. Según el canal Todo Noticias, De la Torre es sospechoso de haber contratado a más de cien personas por fuera del Estado, entre ellas a personas que cobraban pero no tenían ninguna función, una acusación que el exsecretario niega.

Su salida recuerda a la que protagonizó meses atrás el entonces secretario de Trabajo Omar Yasín, a quien Milei responsabilizó por el aumento de sueldos del 50% en el Ejecutivo mediante un decreto firmado por el mismo presidente. Yasín entonces y De la Torre ahora han servido de cortafuegos para apagar las críticas.

El Gobierno de Milei ha sufrido la mayor sangría de altos cargos que se recuerda en el arranque de una gestión en Argentina. En total son ya 36, lo que da, en promedio, uno cada cinco días, según el listado elaborado por el politólogo Pablo Javier Salinas. Tres de cada diez renuncias han sido en Capital Humano, el megaministerio que absorbió las carteras de Educación, Trabajo y Desarrollo Social y que está en manos de Pettovello.

“El presidente está al tanto de todo. Expresó su total apoyo a la ministra Pettovello”, dijo Adorni. “Para nosotros la ministra Pettovello es una número uno y lo está dando todo en un Ministerio tan complicado”, agregó sobre la gestión de esta periodista y política argentina que es amiga personal de Milei. La valoración de la ciudadanía difiere de la del Gobierno, según los datos de una encuesta reciente de la Universidad de San Andrés: la imagen positiva de la ministra es sólo del 29%, mientras que la negativa escala al 33%.

Fuente: El País