El Gobierno Meloni endurece las penas para reforzar la seguridad ciudadana: hasta 7 años de cárcel por okupar una casa

El Gobierno de Giorgia Meloni endurece las penas para reforzar la seguridad ciudadana, siguiendo su lema de «ley y orden», un tema identitario de las derechas, para cumplir con su programa electoral. Numerosas son las medidas, que van desde reglas eficaces contra la ocupación abusiva de propiedades, considerar delito el bloqueo de carreteras con penas de prisión y castigo de cárcel igualmente para quien cometa fraude contra personas mayores.

El Gobierno crea un nuevo delito para la «okupación ilegal de inmuebles». La norma se orienta a devolver de inmediato a los propietarios la casa echando a los okupas. «El que, mediante violencia o amenazas, ocupe o posea sin título un bien destinado al domicilio de otros o impida al dueño o a quien legítimamente lo posee volver a él, será castigado con prisión de dos a siete años».

El bloqueo de carreteras, una práctica cada día más habitual, que se castigaba con una modesta sanción, ahora se considera un delito, tanto si es realizado por ecologistas, manifestantes o trabajadores. La pena será entre seis meses y dos años de cárcel, además de multa hasta 1.500 euros.

El fraude o engaño contra personas mayores será castigado con arresto obligatorio en flagrante delito, con penas entre dos y seis años, y multa hasta 3.000 euros. Se considera que es un fenómeno alarmante: en el año en curso, hasta el 31 de agosto, el número de las personas mayores víctimas de tales conductas ascendió a 21.924.

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Se elimina la obligación de posponer la ejecución de la pena para los carteristas con una sentencia por robo y que estén embarazadas y sean madres de menores de tres años. La medida va sobre todo contra las carteristas que utilizan la maternidad como forma de inmunidad. Hasta ahora, toda persona embarazada que robaba una cartera veía suspendida la pena.

El Gobierno crea un nuevo delito para la «ocupación ilegal de inmuebles»

Quienes dañen bienes del Estado, caso de grafiteros o por activistas ecologistas, se aplica pena de prisión desde seis meses a un año, y hasta 1500 euros de multa. Otra nueva norma establece medidas ejemplares para los presos que organicen o apoyen una revuelta en las cárceles, con penas entre 2 y 8 años. Se introduce también el delito de «posesión de material con fines terroristas», castigado con prisión de 2 a 6 años. Se tutela a las fuerzas del orden, con penas severas contra quienes agreden a un agente de policía. Se autoriza a todos los agentes a portar un arma sin licencia, distinta a la oficial, cuando no estén en servicio.

Fuente: ABC