AMÉRICA LATINA

Bukele busca un tercer mandato: el respaldo popular y las dudas sobre la democracia en El Salvador

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

  • Candidatura oficial: Nayib Bukele presentó su inscripción para competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

  • Cambio constitucional: una reforma aprobada en julio de 2025 eliminó los límites a la reelección presidencial, extendió los períodos de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta.

  • Popularidad elevada: una encuesta de CID Gallup difundida en octubre registró un 92% de aprobación presidencial; otro sondeo de la Universidad Centroamericana también reflejó una valoración favorable, aunque con cifras diferentes.

  • Seguridad como principal respaldo: la reducción de la violencia y el combate a las pandillas siguen siendo los aspectos más valorados de su gestión.

  • Cuestionamientos institucionales: organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales denuncian detenciones arbitrarias, debilitamiento de los controles institucionales y restricciones a la prensa.

Bukele formalizó su candidatura para 2027

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializó el 19 de noviembre su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral para competir por un tercer mandato consecutivo. La presentación estuvo acompañada por el vicepresidente Félix Ulloa y alrededor de 3.000 simpatizantes que se acercaron a respaldar al mandatario.

La elección está prevista para el 28 de febrero de 2027 y definirá también la composición de la Asamblea Legislativa y de los gobiernos municipales. Bukele, que llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2024, buscará extender su permanencia en la presidencia hasta 2033 si obtiene un nuevo triunfo.

Durante el acto, el mandatario convocó a sus seguidores a participar masivamente en las urnas y sostuvo que el país no debe regresar a las condiciones de inseguridad que marcaron etapas anteriores. Su mensaje volvió a colocar en el centro de la campaña el combate contra las pandillas y la transformación de la seguridad pública.

La reforma constitucional que abrió el camino a otro mandato

La candidatura de Bukele es posible por una modificación de la Constitución aprobada el 31 de julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, donde el partido oficialista Nuevas Ideas cuenta con una amplia mayoría.

La reforma eliminó las restricciones que impedían la reelección presidencial indefinida, extendió la duración de los mandatos de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral. También adelantó los comicios presidenciales: el período que Bukele había iniciado en junio de 2024, previsto originalmente hasta 2029, finalizará en 2027 para unificar el calendario electoral.

El oficialismo defendió los cambios como una forma de permitir que la ciudadanía decida cuánto tiempo quiere mantener a un presidente en el cargo. Sus críticos, en cambio, cuestionaron tanto la rapidez del procedimiento como la ausencia de un debate legislativo amplio y advirtieron que la modificación elimina límites institucionales fundamentales.

La discusión no se limita a la posibilidad de que Bukele vuelva a presentarse. También involucra el equilibrio entre los poderes del Estado y la capacidad de las instituciones para controlar las decisiones del Ejecutivo.

Una popularidad sostenida por la política de seguridad

Uno de los principales activos políticos de Bukele es el respaldo que recibe por su estrategia contra las pandillas. Desde marzo de 2022, el Gobierno mantiene un régimen de excepción que habilitó detenciones masivas y suspendió temporalmente determinadas garantías constitucionales.

La política permitió una fuerte reducción de los homicidios y modificó la vida cotidiana de numerosas comunidades que durante años estuvieron sometidas a la violencia de las organizaciones criminales. Para una parte importante de la población, la mayor seguridad y la posibilidad de circular libremente representan cambios concretos que explican la valoración positiva del presidente.

Los sondeos publicados durante 2026 reflejan esa adhesión. Una encuesta de CID Gallup, realizada entre el 9 y el 28 de septiembre y difundida en octubre, registró un 92% de aprobación de la gestión presidencial. El mismo estudio indicó que el 98% tenía una opinión positiva sobre el desempeño del Gobierno en materia de seguridad.

Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop) informó que el 87,8% de los encuestados calificó como buena o muy buena la gestión presidencial durante el séptimo año de gobierno. Su relevamiento, realizado en mayo, también identificó a la seguridad como el principal logro de la administración.

Aunque los porcentajes no son directamente comparables porque corresponden a estudios y períodos diferentes, ambos reflejan un nivel elevado de respaldo social.

El costo del régimen de excepción y las denuncias por abusos

El modelo de seguridad también es objeto de fuertes cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que las detenciones masivas han afectado a personas sin vínculos comprobados con las pandillas y señalan problemas relacionados con el debido proceso, el acceso a la defensa y las condiciones de detención.

El Gobierno sostiene que las medidas extraordinarias son necesarias para evitar que las estructuras criminales recuperen el control territorial. Sin embargo, las críticas apuntan a que el régimen de excepción se ha prolongado durante años y que sus efectos sobre las libertades individuales exceden una respuesta temporal a la emergencia.

A estas preocupaciones se suman las advertencias sobre la independencia judicial, la libertad de prensa y el espacio disponible para las organizaciones civiles. Freedom House, en su informe de 2026, clasificó a El Salvador como un país parcialmente libre y señaló retrocesos en materia de pluralismo político, independencia judicial y libertad de expresión.

El informe también cuestionó la eliminación de los límites presidenciales y la concentración de poder en el oficialismo. Estas evaluaciones contrastan con la posición del Gobierno, que sostiene que sus decisiones cuentan con respaldo electoral y que las instituciones deben responder a la voluntad de la ciudadanía.

La economía, otro desafío para el oficialismo

Aunque la seguridad ocupa un lugar central en la valoración de Bukele, la economía aparece como uno de los principales asuntos pendientes. El costo de vida, el empleo y la pobreza son preocupaciones que atraviesan a distintos sectores de la sociedad salvadoreña.

En la encuesta del Iudop de mayo, el 37,3% identificó a la economía como el principal fracaso del Gobierno. También se mencionaron la inflación y el alto costo de vida, el desempleo y la pobreza.

El país enfrenta además desafíos estructurales vinculados con la deuda pública, la inversión y la dependencia de las remesas enviadas por los salvadoreños que viven en el exterior. Según datos recogidos por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, las remesas alcanzaron cerca de 10.000 millones de dólares en 2025, equivalentes a alrededor del 27% del producto interno bruto.

Así, mientras la seguridad constituye el principal argumento de respaldo a Bukele, las condiciones económicas serán otro componente importante del debate electoral.

Una elección que pondrá a prueba los límites del poder presidencial

La candidatura de Bukele vuelve a situar a El Salvador en el centro de una discusión regional sobre seguridad, liderazgo político y calidad democrática. Su administración consiguió un respaldo social muy elevado a partir de la reducción de la violencia, pero al mismo tiempo impulsó cambios institucionales que modificaron las reglas de permanencia en la presidencia.

El escenario de 2027 estará atravesado por dos cuestiones centrales: la continuidad de un modelo de seguridad que cuenta con amplio apoyo ciudadano y las garantías institucionales que deben acompañar cualquier proceso electoral.

La votación del 28 de febrero no solo definirá quién gobernará El Salvador durante los próximos seis años. También será una instancia clave para observar cómo conviven la legitimidad electoral, la concentración de poder y los controles democráticos en el país centroamericano.