Colombia sale a las calles contra De la Espriella: sindicatos y opositores desafían su plan económico
RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE
Miles de colombianos se movilizaron en Bogotá y otras ciudades durante el primer paro nacional contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El principal motivo del reclamo es el proyecto de Ley de Rescate Económico, que propone recortes del gasto público y aumentos de impuestos.
Sindicatos, docentes y trabajadores de la salud cuestionan que el ajuste pueda perjudicar a los sectores más vulnerables y a la clase media.
El presidente reconoció el derecho a manifestarse pacíficamente, pero advirtió que actuará frente a bloqueos y hechos que considere violentos.
La jornada tuvo algunos incidentes aislados, aunque la movilización fue menos concurrida que otras protestas opositoras realizadas anteriormente.
Un paro nacional contra las primeras medidas del Gobierno
Las principales ciudades de Colombia fueron escenario el jueves 19 de noviembre de una jornada de movilizaciones contra las políticas del presidente Abelardo de la Espriella. Se trató del primer paro nacional desde su llegada al poder, hace tres meses, y reunió a sindicatos, organizaciones sociales, docentes y trabajadores del sector sanitario.
En Bogotá, las concentraciones comenzaron durante la mañana en distintos puntos de la ciudad. Las columnas de manifestantes avanzaron por arterias centrales, entre ellas la carrera Séptima, hasta confluir en la Plaza de Bolívar. Los participantes llevaron banderas colombianas, pancartas y equipos de sonido instalados en vehículos.
Las protestas también se replicaron en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras localidades. Uno de los principales objetivos de la convocatoria fue expresar el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico que se debate en el Congreso.
La reforma económica, en el centro de las críticas
La iniciativa del Ejecutivo busca contener el crecimiento de la deuda pública y mejorar las cuentas del Estado. Para conseguirlo, contempla reducciones en distintas partidas presupuestarias y modificaciones tributarias que incluyen aumentos de impuestos.
Desde la oposición y los sindicatos sostienen que el costo del ajuste recaerá sobre amplios sectores de la población. El senador Iván Cepeda afirmó que la propuesta podría empobrecer a grupos vulnerables y a las clases medias, y cuestionó que la ciudadanía deba asumir las consecuencias de la situación fiscal.
El Gobierno, por su parte, argumenta que recibió una situación financiera crítica y que resulta necesario ordenar las cuentas públicas. De la Espriella había planteado durante su campaña la intención de reducir el tamaño del Estado hasta en un 40%.
Aunque el Ejecutivo anunció modificaciones al proyecto, entre ellas no aumentar el IVA sobre los productos de la canasta familiar, los cambios no alcanzaron para desactivar las protestas.
Los sindicatos denuncian un retroceso en derechos sociales
Los reclamos excedieron el plano económico. Distintas organizaciones también expresaron preocupación por las políticas laborales, los cambios en la administración pública y lo que consideran un retroceso en materia de derechos sociales.
Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendió la movilización y sostuvo que el objetivo es frenar tanto la reforma como el ajuste fiscal. También cuestionó las políticas del Gobierno en relación con el acuerdo de paz con las FARC y el funcionamiento del Estado social de derecho.
Por su parte, Percy Oyola, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que la reducción de la nómina estatal podría dejar a numerosas comunidades con menos acceso a servicios públicos. Además, manifestó su rechazo a lo que el Gobierno denomina una «batalla cultural», por considerar que afecta a mujeres, diversidades sexuales y organizaciones históricamente vinculadas con la defensa de la democracia.
Entre los demás cuestionamientos aparecen la solicitud de asistencia al Fondo Monetario Internacional, las posiciones oficiales sobre el derecho al aborto y decisiones vinculadas con la exhibición de obras en el Museo Nacional.
De la Espriella advierte que no permitirá bloqueos
Antes del desarrollo de las marchas, el presidente reconoció que la protesta pacífica es un derecho constitucional. Sin embargo, marcó un límite frente a los cortes de calles y las acciones que su administración considere violentas.
«El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo», expresó el mandatario, aunque luego advirtió que no aceptará bloqueos ni lo que definió como «terrorismo urbano». También aseguró que las fuerzas de seguridad estaban desplegadas en todo el territorio y que el Estado respondería con contundencia ante eventuales disturbios.
Las declaraciones generaron nuevas críticas de los referentes sindicales. Arias consideró que ese tipo de advertencias estigmatiza a quienes participan de las manifestaciones y recordó que el derecho a la protesta debe ser respetado.
La jornada se desarrolló mayormente sin grandes incidentes, aunque se registraron enfrentamientos puntuales en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, donde efectivos antidisturbios utilizaron gases para dispersar a un grupo de manifestantes.
Una oposición que busca medir su fuerza
La movilización también funcionó como una demostración de capacidad para los sectores opositores, que perdieron por un margen estrecho las elecciones presidenciales de este año. El Pacto Histórico, sindicatos y distintas organizaciones sociales buscaron mostrar su rechazo a la agenda del nuevo Gobierno.
Sin embargo, la convocatoria no alcanzó la participación de otras manifestaciones opositoras realizadas en octubre. Una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, publicada durante noviembre, ubicó la aprobación presidencial en el 48,3%, un dato que refleja que el descontento expresado en las calles convive con un respaldo significativo al mandatario.
Los organizadores anticiparon que continuarán las acciones para intentar frenar el proyecto económico en el Congreso. Así, el primer paro nacional contra De la Espriella marca el comienzo de una etapa de mayor confrontación entre el Ejecutivo y los sectores sindicales y políticos que cuestionan sus reformas.
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