Lula acusa a Trump de inventar la amenaza nuclear iraní, pero los inspectores de la ONU no pueden verificar el programa de Teherán
RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE
Luiz Inácio Lula da Silva aseguró, durante una conversación con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que Irán no tiene una bomba nuclear ni pretende construirla.
El mandatario brasileño utilizó como argumento su participación en una negociación diplomática con Teherán en 2010 y acusó a Estados Unidos de inventar amenazas para justificar intervenciones militares.
Sin embargo, aquel acuerdo no certificó que Irán careciera de ambiciones nucleares: proponía trasladar parte de su uranio poco enriquecido a Turquía bajo supervisión internacional.
La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que no puede verificar plenamente las reservas iraníes de uranio enriquecido ni inspeccionar instalaciones afectadas por los ataques de 2025.
La discusión enfrenta dos cuestiones diferentes: el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y la falta de garantías verificables sobre el alcance de su programa.
La declaración de Lula que reavivó el conflicto con Trump
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó públicamente la política de Donald Trump hacia Irán durante una conversación con Pedro Sánchez, difundida el 17 de noviembre. En el intercambio, sostuvo que Teherán no tiene armas nucleares ni interés en fabricarlas y acusó a Washington de utilizar argumentos falsos para justificar ataques y ocupaciones en otros países.
«En 2010 fui, junto con Turquía, a hacer un acuerdo con Ahmadineyad», recordó Lula, en referencia al entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. A partir de esa experiencia diplomática, afirmó que las acusaciones estadounidenses sobre las intenciones nucleares de Irán eran falsas.
El mandatario brasileño comparó la situación con la invasión de Irak de 2003 y las acusaciones sobre la existencia de armas químicas bajo el régimen de Saddam Hussein, que no fueron encontradas tras la invasión. Su argumento apuntó a cuestionar la credibilidad de Washington y la utilización de amenazas de seguridad como justificación para intervenciones militares.
Sin embargo, su razonamiento deja afuera un elemento central: una negociación realizada hace 16 años no permite determinar por sí sola cuáles son las capacidades actuales de Irán ni cuáles son las intenciones de su gobierno.
Qué establecía realmente el acuerdo de 2010
La declaración firmada por Brasil, Turquía e Irán el 17 de mayo de 2010 tenía un objetivo concreto: facilitar un intercambio de combustible nuclear. Teherán aceptaba depositar 1.200 kilos de uranio poco enriquecido en Turquía, mientras que recibiría combustible para su reactor de investigación de Teherán. El documento contemplaba la supervisión del material por parte de Irán y de la OIEA.
El texto reafirmaba el derecho de los países a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, pero no certificaba que Irán no tuviera intenciones militares ni resolvía las preocupaciones internacionales sobre su programa. De hecho, la propuesta no prosperó como solución definitiva y, cinco años después, se alcanzó otro acuerdo: el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado en 2015 entre Irán y las principales potencias mundiales.
Ese pacto estableció límites específicos al enriquecimiento de uranio, a la cantidad de centrifugadoras y a las reservas iraníes, además de mecanismos de inspección internacional. La necesidad de imponer esas restricciones demuestra que el problema nuclear no podía resolverse únicamente mediante declaraciones políticas sobre las intenciones pacíficas de Teherán.
La OIEA no puede verificar qué ocurrió con el material nuclear iraní
El principal elemento que contradice la seguridad expresada por Lula es la situación actual de las inspecciones internacionales.
En un informe difundido en noviembre de 2026, la OIEA comunicó que Irán no permitió el acceso de sus inspectores a las instalaciones afectadas por los bombardeos de junio de 2025. Por esa razón, el organismo no puede verificar el estado de las reservas de uranio altamente enriquecido ni reconstruir completamente qué ocurrió con el material almacenado.
La agencia mantiene como referencia una reserva de 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel técnicamente cercano al 90 % que suele utilizarse para fabricar armas nucleares. Su director general, Rafael Grossi, advirtió que esa cantidad podría proporcionar material para varias bombas si Irán decidiera desarrollar armamento. Pero también aclaró que disponer de ese material no significa que el país ya tenga armas nucleares.
La situación se agravó porque Teherán comunicó que no retomaría las conversaciones sobre inspecciones mientras continuaran las amenazas de nuevos ataques estadounidenses. La OIEA calificó la falta de información sobre las instalaciones y los materiales como un motivo de preocupación para la no proliferación y reclamó que se restablezca el acceso con urgencia.
Una defensa política que va más allá de la diplomacia
Las declaraciones de Lula se producen en medio de una escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel. El presidente brasileño cuestionó la estrategia de Trump y puso el foco en las consecuencias económicas de la guerra, especialmente el encarecimiento de los combustibles y los alimentos por las restricciones en el estrecho de Ormuz.
El artículo de opinión publicado por PanAm Post, que da origen al título de esta nota, interpreta las palabras del mandatario como una defensa política del régimen iraní. Su argumento es que Lula exige pruebas a Washington, pero presenta como certeza las declaraciones de Teherán pese a que los inspectores internacionales no pueden verificar el programa nuclear.
La discusión, por lo tanto, no pasa por demostrar que Irán ya posee una bomba nuclear —algo que no está acreditado—, sino por determinar qué capacidades conserva, qué ocurrió con sus reservas de uranio y si su gobierno está dispuesto a someterse a controles internacionales efectivos.
Lula puede cuestionar las decisiones militares de Trump y recordar los antecedentes de Irak. Pero su participación en una negociación de 2010 no constituye una prueba sobre las intenciones actuales de Irán. Presentar esa experiencia como garantía definitiva va más allá de lo que permiten afirmar los datos disponibles.
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