China y el control de la religión: vigilancia, detenciones y asimilación cultural bajo el gobierno de Xi Jinping

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

• China reconoce oficialmente cinco religiones, pero mantiene un control estricto sobre sus organizaciones, autoridades, publicaciones y actividades.

• Bajo Xi Jinping se profundizó la política de «sinización» de la religión, que busca subordinar las creencias y prácticas religiosas a la ideología y los objetivos del Partido Comunista.

• En Xinjiang, los uigures y otras comunidades musulmanas fueron sometidos a detenciones masivas, vigilancia, restricciones culturales y denuncias de trabajo forzoso.

• En agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos concluyó que la detención arbitraria y discriminatoria podía constituir crímenes de lesa humanidad.

• Las restricciones también afectan a budistas tibetanos, congregaciones cristianas no autorizadas y practicantes de Falun Gong, mientras China mantiene una fuerte integración económica con el resto del mundo.

Una religión permitida, pero subordinada al Partido

En China, la libertad religiosa está reconocida formalmente en la Constitución, pero su ejercicio se encuentra sujeto a un sistema de regulación y supervisión estatal. El Gobierno reconoce cinco religiones oficiales: budismo, taoísmo, islam, catolicismo y protestantismo. Sus organizaciones deben operar dentro de estructuras aprobadas por las autoridades.

Esto implica que el Estado interviene en aspectos centrales de la vida religiosa: la designación de dirigentes, la formación del clero, las publicaciones, las finanzas y las actividades de las comunidades. Las congregaciones que funcionan fuera de los canales autorizados pueden ser objeto de vigilancia, clausuras y detenciones.

Desde 2016, Xi Jinping impulsa la denominada política de «sinización» de la religión. El concepto plantea que las creencias deben adaptarse a la cultura y las características chinas, pero, en la práctica, organizaciones de derechos humanos señalan que también funciona como un mecanismo para incorporar la ideología del Partido Comunista a la vida religiosa.

La política no se limita a exigir respeto por las leyes nacionales: busca que las instituciones religiosas demuestren lealtad política y que sus expresiones culturales no contradigan la narrativa oficial del Estado.

Xinjiang: el epicentro de la represión contra los musulmanes uigures

En el extremo occidental del país se encuentra Xinjiang, una región autónoma habitada por distintos grupos étnicos, entre ellos los uigures, una comunidad mayoritariamente musulmana con lengua y tradiciones propias. Su identidad cultural y religiosa constituye uno de los principales focos de tensión con el Gobierno central.

Las autoridades chinas justifican sus políticas de seguridad en la necesidad de combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso. Beijing sostiene que las medidas adoptadas permitieron reducir la violencia y promover el desarrollo económico de la región.

Sin embargo, organizaciones internacionales y sobrevivientes denunciaron que, bajo ese argumento, se construyó un sistema de persecución que alcanzó prácticas religiosas y culturales pacíficas. Entre las conductas que fueron objeto de restricciones se mencionaron el uso de determinadas vestimentas, la enseñanza religiosa, las expresiones de identidad islámica y otras costumbres de la comunidad.

A partir de 2017 se multiplicaron los testimonios sobre detenciones masivas en centros que el Gobierno denominó instalaciones de formación profesional. Las autoridades afirmaban que se trataba de programas educativos y de capacitación destinados a prevenir la radicalización. Las denuncias recogidas por organismos internacionales describieron, en cambio, privaciones arbitrarias de libertad, adoctrinamiento político y malos tratos.

La advertencia de Naciones Unidas: posibles crímenes de lesa humanidad

El 31 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una evaluación específica sobre Xinjiang. El documento examinó legislación, políticas oficiales, testimonios y material aportado por distintas organizaciones, además de información proporcionada por el propio Gobierno chino.

Su conclusión fue contundente: la extensión de las detenciones arbitrarias y discriminatorias contra integrantes de comunidades uigures y otras minorías predominantemente musulmanas, en el contexto de restricciones más amplias de sus derechos fundamentales, «puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad».

El informe también examinó denuncias de tortura, violencia sexual, separación familiar, vigilancia invasiva y restricciones a la libertad religiosa, cultural y de movimiento.

La publicación representó uno de los pronunciamientos internacionales más importantes sobre la situación en Xinjiang. No fue una sentencia judicial ni una declaración de culpabilidad penal contra funcionarios específicos, pero estableció que existían fundamentos serios para considerar que las prácticas denunciadas podían encuadrarse en delitos de extrema gravedad bajo el derecho internacional.

Beijing rechazó las acusaciones y cuestionó la metodología del informe, al que consideró politizado. Su posición es que las medidas aplicadas en Xinjiang fueron necesarias para garantizar la seguridad, combatir el terrorismo y mejorar las condiciones de vida de la población.

Vigilancia masiva y asimilación cultural

La vigilancia se convirtió en uno de los instrumentos centrales del control estatal. Las investigaciones sobre Xinjiang describieron el uso de cámaras, reconocimiento facial, controles policiales, recopilación de datos personales y sistemas digitales para identificar comportamientos considerados sospechosos.

El monitoreo no se limitaba a espacios públicos. También se denunciaron controles sobre las comunicaciones, las relaciones familiares y las actividades cotidianas de integrantes de las comunidades musulmanas. Algunas investigaciones documentaron visitas obligatorias de funcionarios a hogares y mecanismos de supervisión de las familias.

A estas prácticas se suman las políticas de asimilación cultural. Las restricciones sobre el uso de lenguas minoritarias, la educación religiosa y las expresiones tradicionales forman parte de un proceso más amplio que busca reforzar una identidad nacional definida desde el poder central.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, actualizado en septiembre de 2026, señaló que una nueva ley china sobre unidad étnica y progreso, que entró en vigor en julio de ese año, estableció un marco legal para profundizar la integración cultural de las minorías. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron que esa integración pueda convertirse en una forma de asimilación forzada.

La persecución no se limita al islam

Aunque Xinjiang concentra las denuncias más conocidas, el control estatal sobre la religión alcanza a otras comunidades.

Budistas tibetanos. En el Tíbet, las autoridades mantienen un control estricto sobre monasterios, instituciones religiosas y formación de monjes y monjas. Las organizaciones de derechos humanos denuncian presiones para que los religiosos demuestren lealtad al Partido Comunista y restricciones a las expresiones de veneración al dalái lama.

Cristianos. Las congregaciones protestantes y católicas que no aceptan integrarse a las organizaciones reconocidas por el Estado enfrentan controles, clausuras y detenciones. En 2025, Human Rights Watch documentó arrestos de integrantes de iglesias no oficiales y nuevas restricciones sobre la difusión de contenidos religiosos en internet.

Falun Gong. Este movimiento espiritual, prohibido por las autoridades chinas desde 1999, continúa siendo objeto de persecución. Sus practicantes denuncian detenciones, encarcelamientos y malos tratos.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), en su informe de 2026, sostuvo que durante 2025 el Gobierno chino continuó profundizando el control sobre las organizaciones religiosas. También estimó que al menos medio millón de integrantes de minorías túrquicas, predominantemente musulmanas, permanecían encarcelados o recluidos en otras instalaciones de internamiento en Xinjiang. Se trata de una estimación de ese organismo, no de una cifra confirmada de manera independiente por Naciones Unidas. 

El contraste internacional: denuncias por derechos humanos y negocios con Pekín

La situación plantea una contradicción para numerosos gobiernos y empresas que mantienen relaciones económicas con China. Mientras organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos denuncian restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales, Pekín continúa siendo uno de los principales centros de producción, comercio e inversión del mundo.

Las relaciones comerciales no se interrumpieron a raíz del informe de Naciones Unidas. En algunos países se adoptaron medidas específicas, como restricciones a la importación de productos vinculados al trabajo forzoso y sanciones contra funcionarios, pero no se produjo un aislamiento económico general de China.

Estados Unidos, por ejemplo, aprobó la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que establece restricciones a la importación de productos procedentes de Xinjiang salvo que se demuestre que no fueron fabricados mediante trabajo forzoso. La medida busca impedir que bienes producidos bajo condiciones de explotación ingresen a su mercado.

Sin embargo, la aplicación de estas políticas convive con la dependencia de las cadenas globales de suministro respecto de la industria china. La situación evidencia los límites de la presión internacional cuando los intereses comerciales, tecnológicos y geopolíticos están profundamente conectados.

El objetivo de Xi: unidad nacional y control político

La política religiosa del Gobierno chino forma parte de una estrategia más amplia de centralización del poder. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, el Partido Comunista reforzó los mecanismos de supervisión sobre la sociedad y promovió una mayor uniformidad ideológica y cultural.

Para las autoridades, la unidad nacional y la estabilidad política son prioridades que justifican una intervención intensa sobre las organizaciones sociales. Para los organismos de derechos humanos, ese argumento no puede utilizarse para restringir libertades fundamentales ni para perseguir identidades religiosas y culturales.

El caso de Xinjiang es el ejemplo más documentado de esa tensión, pero no el único. La situación de los tibetanos, los cristianos de congregaciones no oficiales y los practicantes de Falun Gong muestra que el control estatal atraviesa distintas tradiciones y comunidades.

La cuestión central no es si China permite que sus ciudadanos tengan creencias religiosas, sino bajo qué condiciones pueden practicarlas y hasta dónde llega la obligación de someterlas a las directrices del Partido. Mientras Pekín defiende su modelo como una política de seguridad y unidad nacional, las denuncias internacionales mantienen abierto el debate sobre sus consecuencias para los derechos humanos.