Paraguay al borde del abismo: cayó un banco, renunció el presidente y estalló una crisis política y financiera

Resumen:

• El derrumbe de Ueno Bank desató una crisis financiera que dejó a millones de paraguayos sin acceso inmediato a sus ahorros.

• Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia, acorralado por el escándalo bancario y las denuncias sobre sus vínculos con el grupo empresario propietario de la entidad.

• El Congreso rechazó dar por terminada la cuestión con la renuncia y avanzó con el juicio político contra el mandatario.

• Casi tres millones de clientes quedaron afectados por la intervención del banco, que también administraba importantes recursos de organismos públicos y fondos previsionales.

• La crisis amenaza con golpear la confianza en el sistema financiero paraguayo y abre interrogantes sobre los controles del Estado y la responsabilidad de los funcionarios.

Lo que está sucediendo en Paraguay dejó de ser un problema estrictamente bancario para convertirse en una de las crisis institucionales más importantes de los últimos años en Sudamérica. La caída de Ueno Bank, una entidad financiera que había experimentado un crecimiento extraordinario, terminó provocando un terremoto económico, político y social que puso contra las cuerdas al propio presidente de la República, Santiago Peña.

El episodio comenzó cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar graves problemas de solvencia patrimonial. La entidad había alcanzado aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. Es decir, una parte enorme de la población tenía algún tipo de relación con el banco.

De un día para otro, miles de personas se encontraron con sus cuentas inmovilizadas, sin posibilidad de disponer normalmente de sus ahorros. La preocupación se extendió rápidamente entre comerciantes, trabajadores, jubilados y empresas que utilizaban la plataforma para realizar sus operaciones cotidianas.

Pero el problema era mucho más profundo. Ueno Bank también administraba importantes recursos provenientes de organismos públicos. Entre ellos se encuentran inversiones del Instituto de Previsión Social por aproximadamente 355 millones de dólares. Además, se conocieron operaciones financieras y movimientos de fondos que ahora están bajo investigación.

La pregunta dejó de ser qué pasó con un banco y comenzó a ser quién permitió que llegara hasta esta situación.

Santiago Peña, de presidente a protagonista del escándalo

El impacto político fue inmediato. Santiago Peña, quien había llegado al poder en 2023 con un discurso de estabilidad económica y atracción de inversiones, quedó directamente involucrado en la controversia por sus anteriores vinculaciones empresariales con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

La oposición impulsó un juicio político y las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Se investigan presuntas irregularidades financieras, posibles conflictos de intereses, operaciones crediticias y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos en los mecanismos de supervisión.

La situación se volvió insostenible cuando el propio mandatario anunció su renuncia a la Presidencia, argumentando que buscaba preservar la estabilidad del país y evitar una mayor confrontación institucional.

Sin embargo, su salida no se concretó automáticamente. El Congreso no aceptó cerrar el asunto mediante su dimisión y decidió continuar con el procedimiento de juicio político.

Este viernes 6 de noviembre, el Senado comenzó a tratar formalmente el proceso, mientras Peña cuestiona las condiciones en las que debe ejercer su defensa.

La crisis, por lo tanto, sigue abierta y el futuro político del mandatario es incierto.

El miedo de los ahorristas y la preocupación regional

El Banco Central comenzó a instrumentar los primeros pagos de las garantías de depósitos. Inicialmente, se habilitaron devoluciones de hasta 10 millones de guaraníes, aproximadamente 1.565 dólares, para determinados grupos de ahorristas.

Sin embargo, esto está lejos de resolver la totalidad del problema. Miles de personas todavía esperan recuperar su dinero y existe una enorme preocupación por el destino de los fondos que exceden las primeras coberturas.

El impacto también comenzó a sentirse en la actividad comercial. Cuando una parte tan importante de la población pierde temporalmente el acceso a sus cuentas, las consecuencias exceden ampliamente las puertas de una entidad bancaria: se resienten las ventas, los pagos, el consumo y la circulación del dinero.

Las autoridades intentan transmitir tranquilidad y sostienen que los mecanismos de garantía permitirán proteger a los depositantes. Pero la confianza, una vez quebrada, no se recupera simplemente con un comunicado oficial.

Una advertencia para toda Sudamérica

Lo ocurrido en Paraguay deja una enseñanza que debería ser observada con atención por todos los países de la región.

Los bancos no pueden convertirse en estructuras de poder intocables, ni los organismos de control pueden mirar hacia otro lado cuando existen señales de deterioro financiero. Mucho menos cuando están involucrados recursos públicos y fondos destinados a garantizar las jubilaciones de millones de personas.

El crecimiento de una entidad financiera no necesariamente significa solidez. Una aplicación moderna, miles de clientes, publicidad millonaria y una presencia dominante en el mercado no reemplazan los controles patrimoniales, la transparencia y la responsabilidad de quienes administran el dinero ajeno.

También queda planteado un interrogante político fundamental: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un gobierno cuando una entidad privada vinculada a su entorno empresarial recibe importantes recursos públicos y termina en una situación de insolvencia?

Paraguay enfrenta ahora dos desafíos simultáneos: recuperar la confianza de sus ciudadanos en el sistema financiero y resolver una crisis institucional que ya alcanzó al máximo nivel del poder político.

La caída de Ueno Bank puede terminar siendo mucho más que la quiebra de una entidad financiera. Puede convertirse en el símbolo de un sistema de controles que llegó demasiado tarde y de una dirigencia política que deberá dar demasiadas explicaciones.

Y cuando lo que está en juego es el ahorro de la gente, las explicaciones ya no alcanzan. La sociedad exige respuestas, responsabilidades y, fundamentalmente, que le devuelvan su dinero.