Crisis en Paraguay: de la renuncia fallida de Santiago Peña por el escándalo del Ueno Bank al comienzo del juicio político en el Senado

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se presentará este viernes ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones, después de que la Cámara Alta constituyera el jueves un tribunal para juzgarlo. La acusación, impulsada por la Cámara de Diputados, lo vincula directamente con la intervención del banco Ueno, que dejó bloqueados los ahorros de millones de paraguayos. El proceso se inició horas después de que una fallida renuncia dejara al mandatario en un limbo institucional.

El jueves comenzó con la confirmación de que Peña había anunciado su dimisión en un video publicado en la red social X, al mediodía, mientras los diputados debatían el juicio político. “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, afirmó el mandatario en ese mensaje.

La sesión bicameral convocada para tratar la dimisión de Peña fracasó después de que los diputados del oficialista Partido Colorado abandonaran el hemiciclo y dejaran sin quórum a la Cámara Baja, lo que impidió completar la votación. Como consecuencia, el presidente continúa formalmente en el cargo, ya que no se pudo declarar la vacancia ni activar el mecanismo de sucesión.

Ante ese estancamiento, el titular del Senado, Basilio Núñez, convocó de urgencia una sesión extraordinaria para constituir a la Cámara Alta como tribunal juzgador. “Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido”, declaró la diputada opositora Rocío Vallejo, una de las fiscales designadas, al iniciar la exposición del libelo acusatorio.

El senador oficialista Derlis Maidana explicó que el proceso constará de dos etapas: el reconocimiento de los diputados como fiscales acusadores, realizado durante la noche del jueves, y la toma de juramento a los senadores que integrarán el tribunal, prevista para este viernes. Núñez informó que Peña se presentará durante la jornada en el recinto para ejercer su defensa.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, ratificó el avance del procedimiento constitucional y admitió desconocer el paradero actual del jefe de Estado. Para destituir a Peña se requieren dos tercios de los votos de la cámara alta, equivalentes a 30 de los 45 senadores.

El juicio político a Peña se originó en una acusación por conflicto de intereses e irregularidades vinculada al colapso del banco digital Ueno, que dejó sin acceso a sus ahorros a millones de depositantes y provocó protestas masivas en las calles de Asunción. Si el Senado lo destituye, Peña perdería la inmunidad parlamentaria y podría enfrentar un proceso penal.

De ser hallado culpable, Peña perdería además su elegibilidad para convertirse en senador vitalicio, condición que la Constitución reserva para los expresidentes, y su inmunidad parlamentaria, lo que permitiría que avance su procesamiento penal en caso de que el fiscal Emiliano Rolón Fernández presente cargos en su contra. El Fiscal General ya ordenó tres investigaciones penales por la crisis que incluyen denuncias contra Peña y otros funcionarios.

La acusación de los diputados, que activó el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución, señala a Peña de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. Vallejo relató que el país vivió “una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos”, cerca de la mitad de la población del país, y advirtió que “muchas instituciones públicas han perdido y van a perder sus ahorros”.

La fiscal acusadora también señaló que el Banco Central del Paraguay (BCP) le dio “una sentencia de muerte inmediata” a Ueno sin una “previa intervención”. El libelo advierte, además, un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, en alusión a la participación que Peña mantuvo en Ueno Holding, el conglomerado controlante del banco, hasta que vendió sus acciones en marzo de 2025.

Peña se convirtió así en el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo, presidente entre 2008 y 2012, que finalmente fue desalojado del poder por el Congreso.

Ueno Bank fue intervenido esta semana por el BCP debido a problemas de solvencia, luego de que la entidad emisora detectara que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización. Ocho ejecutivos y altos cargos del banco fueron detenidos, entre ellos su presidente, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez, CEO y socio comercial hasta recientemente de Peña.

Hasta septiembre, dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, que además contaba con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, el fondo estatal de pensiones y salud del país.

Poco después de obtener su licencia bancaria en 2023, la entidad se expandió con rapidez: atrajo clientes con ofertas de reembolso en compras de supermercado, abrió más de 70 sucursales, patrocinó a la selección nacional de fútbol y colocó su nombre en varios estadios. Bajo el mandato de Peña, fondos públicos fluyeron hacia las arcas de Ueno Bank, y el mandatario nombró a Carlos Carvallo, presidente de la antecesora del banco, al frente del Banco Central, el organismo encargado de supervisarlo.

En junio, inspectores del BCP detectaron un patrón de concesión de créditos de alto riesgo a personas vinculadas a la entidad, según informó el diario ABC Color. Ueno Bank había otorgado grandes sumas a empresas relacionadas con sus propietarios, superando los límites legales y sin garantías suficientes para cubrir las deudas en caso de impago. Peña restó importancia a esas advertencias en repetidas ocasiones y, el mes pasado, calificó las preocupaciones como una campaña de desprestigio destinada a alarmar a la opinión pública.

La crisis provocó que el propio partido de Peña, el Partido Colorado, se volviera en su contra, en un giro que sorprendió al execonomista del Fondo Monetario Internacional, hasta hace poco respaldado por los políticos más influyentes del país. Incluso su mentor, el expresidente Horacio Cartes, que gobernó entre 2013 y 2018, apoyó el proceso de juicio político y afirmó que el partido no respaldaría el “saqueo” de fondos públicos y privados.

En su cuenta de X, Peña adelantó que se presentaría ante el Senado “y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la república”. Sectores de la oposición y disidentes colorados cuestionaron, por su parte, la maniobra de los diputados oficialistas que dejó sin quórum a la Cámara Baja, y exigieron claridad sobre la hoja de ruta parlamentaria para evitar una parálisis institucional.

En los alrededores del Congreso, cientos de manifestantes y ahorristas afectados mantuvieron una vigilia pacífica, conocida como “sentata”, para seguir en directo las argumentaciones del juicio. El colapso de Ueno Bank generó además una ola de manifestaciones espontáneas en Asunción, con incidentes entre manifestantes y la policía que dejaron al menos un herido.

Aún con sus uniformes de Ueno puestos, varios empleados jóvenes quemaron sus tarjetas de crédito y lanzaron insultos contra Peña frente al Ministerio de Trabajo, donde exigieron el pago de indemnizaciones y salarios adeudados. El Ministerio de Trabajo estima que el colapso afectó cerca de 7.000 empleos, directos e indirectos, en el banco y sus empresas vinculadas.

“Que siga adelante el proceso de destitución y que pierda su inmunidad”, señaló el manifestante Adolfo Villalba. Otro de los presentes, Luis Pineda, afirmó: “Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros. Estamos hartos de 70 años de saqueo”.

Muchos paraguayos no consideran el colapso de Ueno Bank como el simple resultado de una gestión arriesgada, sino como un ejemplo de corrupción estatal. En Sudamérica, solo Venezuela ocupa una peor posición que Paraguay en el último índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional. “Este es un atropello nuevamente a la ciudadanía honesta, trabajadora, que tiene en Ueno Bank sus pequeños fondos, fruto de su trabajo de años”, señaló el manifestante Belarmino Balbuena.

Fuente: Infobae