




La Fiscalía General de Ecuador formalizó una acusación contra siete personas a las que señala como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito en agosto de 2023.
La investigación apunta a un grupo integrado por exfuncionarios, un empresario y personas vinculadas a una organización criminal. Entre los principales acusados aparecen Xavier Jordán, José Serrano y Ronny Aleaga.
Villavicencio, exlegislador y periodista de investigación, fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023 cuando abandonaba un acto de campaña en la capital ecuatoriana, pocos días antes de las elecciones presidenciales.


Su muerte generó una fuerte conmoción en Ecuador y tuvo repercusión internacional. El dirigente había construido parte de su trayectoria política a partir de investigaciones y denuncias sobre corrupción y posibles vínculos entre sectores políticos y organizaciones criminales.
La acusación de la Fiscalía
Según informó el Ministerio Público ecuatoriano, los siete procesados fueron acusados como presuntos autores mediatos del delito de asesinato, es decir, como personas que habrían tenido algún grado de responsabilidad en la planificación o ejecución del crimen sin necesariamente haber sido quienes dispararon contra Villavicencio.
La Fiscalía solicitó que todos los acusados permanezcan bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Además, pidió la intervención de Interpol mediante la emisión de circulares rojas para cuatro de los señalados que actualmente se encuentran fuera de Ecuador.
Los nombres que aparecen en la investigación
Entre los acusados se encuentra el empresario Xavier Jordán, quien reside en Estados Unidos y al que los investigadores atribuyen un supuesto papel en la financiación y planificación del asesinato.
También fueron incluidos en la acusación José Serrano, exministro del Interior, y Ronny Aleaga, excongresista. Ambos quedaron vinculados a la investigación por la presunta participación que la Fiscalía les atribuye en la organización del crimen.
La acusación representa un nuevo capítulo en una causa que comenzó tras uno de los asesinatos políticos más impactantes de la historia reciente de Ecuador.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar la eventual responsabilidad penal de los siete procesados.





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