Nueva generación de mapuches: más violentos y armados para el ataque al sur de Chile

La nueva generación de mapuches que protagoniza ataques incendiarios y armados en la Macrozona Sur tiene un llamativo perfil: son jóvenes comuneros universitarios, descendientes de líderes territoriales de La Araucanía y Biobío que sustituyeron las puntas de lanza por armas de fuego, los caballos por vehículos todoterreno y hoy portan escopetas, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo.

Los blancos para demandar medio millón de hectáreas al Estado chileno son diversos. No sólo se concentran en empresas forestales como sus antecesores, sino además dirigen sus ataques contra contingentes de Carabineros que patrullan la Macrozona Sur, iglesias rurales, predios agrícolas, cabañas de veraneo, maquinaria e incluso, comuneros mapuches que trabajan para empresas forestales por considerarlos “yanaconas” (traidores).

En lo que va del año acumulan 26 ataques forestales, pese a la vigencia del Estado de Excepción que comenzó en mayo de 2022. La cifra publicada por El Líbero equivale a un alza de su violencia en comparación con 2025, cuyo total anual cerró con 21 sucesos incendiarios, que afectaron a 2600 trabajadores, destruyeron 74 equipos y generaron pérdidas que superan los 13 millones de dólares.

Una expansión difícil de explicar
Esta aparición de una generación de mapuches al frente del conflicto resulta llamativa considerando que el programa FTAI-20B, creado por la Ley Indígena de 1993, ha destinado más de 1017 millones de dólares para adquirir predios y devolverlos a la propiedad colectiva de las comunidades, sin imponer restricciones sobre el uso del suelo. En total, se han entregado alrededor de 230.563 hectáreas.

De la cifra global presentada, el valor promedio estimado de adquisición en los últimos cinco años asciende a 7800 dólares por hectárea. Con un estándar de 10 hectáreas por familia, cada grupo familiar recibe en promedio una propiedad cuyo costo está alrededor de los 78000 dólares.

Detrás de los números hay un escenario más complejo, en el que convergen la reivindicación territorial de sectores mapuches radicalizados, el crimen organizado y bandas locales que aprovechan el conflicto para cometer delitos.

Dedicados a extender el conflicto
Documentos reservados confirman la existencia de tres nuevos grupos organizados: Wiñotauiñ Taiñ Malon (WTKM), Lof Resistencia Territorial Kütral Mawuida y Liberación Nacional Mapuche (LNM). Según esos antecedentes, estas organizaciones replican el patrón de acción de los cuatro bloques históricos radicalizados identificados por las autoridades como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Malleco (RMM), Weichan Auka Mapu y Resistencia Mapuche Lafkenche (RML); al operar en zonas distintas de aquellas sobre las que sostienen reivindicaciones ancestrales.

La evidencia recopilada apunta a que estas nuevas organizaciones surgieron hace apenas cinco años y comenzaron a operar en territorios altamente productivos, fuera de La Araucanía y Biobío. De acuerdo con los documentos revisados, sus acciones no estarían orientadas únicamente a extender el conflicto territorial, sino que también existirían indicios de ocupación ilegal de tierras y de actividades delictivas asociadas al cultivo de marihuana, el robo de vehículos y la sustracción de madera.

El «efecto globo»
Bajo esa modalidad, la nueva generación de mapuches suma la toma de fundos en la región de Los Ríos y Los Lagos. Las autoridades lo enmarcan en el “efecto globo” que implica una expansión geográfica y fragmentación del conflicto.

El escenario contrasta con el de hace tres décadas atrás cuando, para «hacerse escuchar», líderes de la zona de Lumaco en la Araucanía estallaron por primera vez tres camiones sin ningún otro actor, variable asociada o interés en lugar distinto a sus poblaciones originarias.

De hecho, la detención de Guillermo Atlas Romero alias “Gume”, exintegrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en un operativo en Rucapihuel con seis armas ilegales y municiones, profundizó las sospechas de la participación de terceros en un conflicto que requiere aún 4000 millones de dólares más para cerrar una demanda que sigue creciendo con otros rostros al frente.

Fuente: PanamPost