Justicia española imputa a las hijas de Zapatero por «papel instrumental» en rescate de Plus Ultra

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Alba y Laura, las dos hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Zapatero, enfrentarán a la justicia en los próximos días por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y contrabando. Ambas deberán comparecer frente a la Audiencia Nacional ante la sospecha de un «papel instrumental» por parte de su empresa, WhattheFav SL, en el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra para el cobro de comisiones presuntamente vinculadas al entramado de su padre.

Junto a ellas, también será convocada la secretaria del exmandatario, Gertrudis Alcázar. La decisión es oficial. El juez José Luis Calama, magistrado número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ya firmó la citación en «calidad de investigadas», según informa The Objective. 

En el caso de las hijas de Zapatero, el juez alega que su comparecencia se sustenta en «la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes» desde su compañía. Para el magistrado, hay indicios presentados por la Fiscalía Anticorrupción que apuntan al blanqueo de 239.000 euros procedentes de Análisis Relevante, empresa propiedad de Julio Martínez, en retribución por las gestiones de Zapatero ante la administración de Pedro Sánchez que evitaron la quiebra de Plus Ultra tras recibir 53 millones de euros estatales.Entrevistas exclusivas

Además de servir de centro de redistribución de flujos económicos, canalizando pagos hacia Zapatero y su entorno, WhattheFav SL también es señalada por generar facturación ad hoc con el fin de formalizar movimientos financieros carentes de actividad económica real y de participar en la difusión de informes sin aportar valor técnico propio, lo que evidenciaría la existencia de una estructura instrumental.

Penas con más de diez años en prisión
La investigación contra WhattheFav SL expone a las hijas de Zapatero a penas de más de diez años de prisión. Si las pesquisas confirman el rol de «colaboradoras necesarias» en una organización criminal podrían enfrentarse a condenas de dos a cinco años.

Por blanqueo de capitales se exponen a sentencias de seis meses a seis años de cárcel, además de una multa económica que podría superar los 700.000 euros (el triple del valor blanqueado), mientras que, por tráfico de influencias el castigo va de seis meses a dos años de prisión.

Su defensa definirá su destino, considerando que su compañía triplicó los ingresos después del rescate de Plus Ultra. De hecho, pasó de facturar 155.000 euros a casi 500.000 en tan solo cuatro años. Los abonos desde Inteligencia Prospectiva, son parte de la averiguación por tener ingresos casi nulos y pérdidas de 850.000 euros.

Ante este contexto, el juez argumenta que la imputación responde a la necesidad de garantizar sus derechos procesales. Como investigadas pueden ejercer su derecho a no incriminarse y a no confesarse culpables, en línea con las garantías constitucionales. Como testigos sería otro panorama, habría resultado incompatible con su posible responsabilidad penal porque las obligaría a declarar bajo juramento.

Fuente: PanamPost

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