Crece la tensión en Bolivia: el Gobierno acusa a Evo Morales de impulsar protestas para desestabilizar al presidente Paz

El gobierno de Bolivia atraviesa una fuerte escalada de conflictividad social y apuntó directamente contra Evo Morales por las movilizaciones y bloqueos que afectan distintas regiones del país desde hace varias semanas.

Las acusaciones fueron lanzadas por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien aseguró que las protestas son financiadas desde el Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical del exmandatario boliviano.

“Quieren bloquear sin propuestas concretas. Buscan que caiga el gobierno”, afirmó Oviedo durante una conferencia de prensa, en la que sostuvo que detrás de las movilizaciones existe una estrategia de presión política contra la administración de Rodrigo Paz.

Aunque Morales evitó responder directamente a las acusaciones, sí confirmó el inicio de una marcha hacia La Paz junto a sus seguidores. La movilización partió desde la localidad andina de Caracollo, ubicada a unos 190 kilómetros de la capital administrativa del país.

A través de sus redes sociales, el exmandatario sostuvo que la protesta busca rechazar lo que considera una política de entrega de recursos naturales y denunció supuestos intentos del gobierno de avanzar hacia privatizaciones y acuerdos con fondos internacionales.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión social en Bolivia, donde distintos sectores mantienen reclamos simultáneos contra el Ejecutivo.

Entre ellos aparecen organizaciones indígenas amazónicas que realizan vigilias en La Paz para exigir la derogación de una ley vinculada al uso y conversión de tierras, además de gremios docentes que iniciaron huelgas y bloqueos en demanda de aumentos salariales y más cargos laborales.

A esto se suman protestas campesinas encabezadas por la Federación Túpac Katari, que impulsa cortes de ruta indefinidos y exige directamente la renuncia del presidente Paz.

El escenario se volvió aún más complejo tras el respaldo que esas protestas recibieron por parte de la Central Obrera Boliviana y del grupo indígena conocido como los Ponchos Rojos, organizaciones históricamente influyentes dentro de la política boliviana y con fuerte capacidad de movilización.

Durante las últimas horas, ambas agrupaciones anunciaron que no firmarán acuerdos con el Gobierno y ratificaron su apoyo a las protestas “hasta que renuncie el presidente”.

Además, cuestionaron el paquete de leyes económicas impulsado por el oficialismo, entre ellas iniciativas relacionadas con hidrocarburos y minería, que según el Ejecutivo buscan reactivar la economía y reducir el centralismo estatal.

Mientras tanto, las protestas continúan afectando el funcionamiento normal del país. Solo este lunes se registraron movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba, además de más de 30 puntos de bloqueo en rutas nacionales.

Los medios locales ya reportan faltantes de productos básicos y pérdidas económicas millonarias producto de los cortes de circulación.

Frente a este panorama, el ministro de Obras Públicas y hombre cercano al presidente, Mauricio Zamora, denunció una supuesta “conspiración” contra el Gobierno y descartó cualquier posibilidad de renuncia presidencial.

“El presidente no va a renunciar. Sacarlo por la fuerza sería una medida antidemocrática”, aseguró el funcionario, quien también llamó a la población a no dejarse “desestabilizar por intereses políticos”.