En Venezuela, a raíz de la elección de Hugo Chávez Frías como primer magistrado, una Asamblea Constituyente convocada al efecto aprobó el texto constitucional hoy en vigencia, una vez promulgado por el Jefe de Estado. Se le denominó “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, fechada el 30 de diciembre de 1999, por lo que ha tenido una vigencia de dos décadas y siete años. Se derogó el texto de 1961, bajo la cual reinó la democracia más longeva del país. El documento hoy vigente, cuesta negarlo, no se le califica bondadoso, tanto en lo relativo a la observancia, como a la estabilidad constitucional.

Es forzoso expresar, pues, que en Caracas, como en la casi totalidad de los países de América Latina, “la gramática constitucional” pareciera haber privado en lo relacionado a la vigencia y aplicación de los preceptos constitucionales. Un binomio compuesto por “redacción y cumplimiento” no ha logrado estatuirse. ¿La prueba? Un número desproporcionado de textos constitucionales.

El escenario, criollamente novedoso de hoy, en proceso de comprenderse, con la excepción de algunos académicos, ha de admitirse, sin ánimo de herir susceptibilidades. Las definiciones se mueven entre los términos “protectorado (territorio en el cual se ejerce una soberanía compartida), tutela (dirección, amparo, protección o defensa) y corresponsabilidad (reparto equilibrado de tareas, obligaciones o cuidados”), lo cual pareciera atado etimológicamente a una de las acepciones de corresponder , esto es, a “pagar con igualdad, relativa o proporcionalmente, afectos, beneficios o agasajos”). El patronazgo, pues, en manos de Estados Unidos desde el 3 de enero, concerniente a lo que sucede y acontecerá. Las expectativas que se perciben, esperanzadoras para una mayoría, sin dejar de concebírsele como expectativa. En lo atinente al gobierno y demás poderes públicos priva la aceptación de “la realidad”, tanto a nivel presidencial, como legislativo y judicial, derivado en principio de la “authoritas” del presidencialismo a lo largo de nuestra historia. Acentuado sin lugar a dudas durante las tres décadas revolucionarias.

En aras de la seriedad sería deleznable dejar de lado en el inextricable escenario, la lamentable desintegración de los lazos de unidad entre los venezolanos, intensificada en las últimas décadas. Una minipartización de las organizaciones políticas es inocultable y acompañada de un evidente individualismo.

Se lee que cuando las personas se clasifican en posiciones antagónicas, el papel de un tercero que pueda mediar entre ellos es fundamental para procesar el conflicto. En las sociedades modernas, este es el rol de las instituciones estatales. Sin embargo, en el caso de una alta polarización política, es menos probable que las instituciones sean vistas como mecanismos neutrales para procesar el aprieto y no como herramientas partidistas para ejercer el poder. Cuando este llega a ser el caso, es más probable que ocurran brotes violentos. Es cuesta arriba negar que esta es nuestra situación, pero con el agregado de que las vías de solución pasan por “la corresponsabilidad” que reina a partir de enero. Una diversidad de intereses no deja de complicarnos.

La ausencia de entendimiento, alimentada por la vocación a la controversia y del “quítate tú para ponerme yo” (apártate), significa, para que el susodicho pueda entrar. Los pueblos son, sin embargo, tolerantes, hasta el extremo de que para disipar los efectos del sepárate tú, pues soy el mejor, Eddie Dee, en colaboración con Daddy Yankee, hicieron de la máxima un bien escuchado reguetón, lanzado, como observamos, en 2004, en el álbum “12 Discípulos”.

En lo concerniente a “la corresponsabilidad” hemos escrito con respecto a la conveniencia de asumir que el protectorado, de manejarse adecuadamente, impulsaría “la reconciliación  política, dejando de lado décadas de polarización y conflicto (La corresponsabilidad en Venezuela, ¿Conducirá, marzo 14, 2026)”. Esto, hoy ratificamos, que es únicamente posible mediante el reencuentro nacional para una convivencia democrática, capaz de superar la confusión, la incipiente credulidad y hasta la flaqueza institucional. Un modelo de reconciliación social para abandonar “la anarquía política” se impone como determinante. Es en rigor impostergable. Cuesta, en aras de la objetividad, rechazar el acerto.

Algunas providencias del gobierno, particularmente, aquellas referidas a la reorganización del poder público y de manera concreta a la escogencia de personas para cargos importantes, no han dejado de ser criticadas, Dios quiera que la causa haya sido la polarización y no el descontento en lo relativo a los seleccionados.

Un capítulo en lo atinente a la Asamblea Nacional, concretamente, el relativo a la escogencia del Fiscal General y del Defensor del Pueblo, integrantes, de acuerdo con la Constitución, del Poder Ciudadano, cuya importancia la propia Carta Magna pone de relieve. La idoneidad ha de ser la pauta para la selección y es ello lo que el pueblo espera. Es, por tanto, un escenario para la objetividad y la ratificación de observar las exigencias que los aludidos destinos públicos demandan.

Capítulos como este y otros más complejos corresponderá dilucidar a los poderes públicos. Dios quiera que en las providencias haya un cumplimiento objetivo de la Ley.

El renacer de la confianza en Venezuela, ha de ser fruto de la corresponsabilidad, tutela y protectorado que desde el 3 de enero rige en Caracas. Pero en la medida en que sea bien gerenciada.

Dios quiera que para bien.

Fuente: PanamPost

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