Venezuela, ¿un nuevo orden normativo?

A Hugo Chávez se le identifica como mandatario de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013. Fue fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual dirigió hasta un poco antes de su fallecimiento. Al gobierno que adelantara, se le imputa haber demolido a una democracia, la más estable de América Latina, lo cual indujo a los venezolanos a preguntarse unos a otros, ¿qué pasó?

En enero 3 de 2026, los Estados Unidos, mediante una perfecta operación militar, denominada “Resolución Absoluta” apresa a Nicolás Maduro, sustituto de Chávez en la primera magistratura, a raíz del fallecimiento del último. Pero ya primer magistrado electo el 14 de abril de 2013. Y los venezolanos volvimos a curiosear con respecto a lo sucedido. Lógicamente, con caras distintas. Para una gran mayoría el anhelo democrático que se iniciara con la Constitución de 1961, vapuleado reciamente por casi tres décadas, había sido beneficiado por la “divina Providencia”, como prosigue escuchándose en las diversas iglesias y sin excepciones. El rescate de la democracia, por consiguiente, en ciernes.

El gobierno de EEUU ha decidido, no obstante, que no ha de andarse tan rápido, tal vez, por la máxima popular, en la lengua de Washington, “haste leaves nothing but exhaustion” y en criollo “del apuro no queda sino el cansancio”. Sin embargo, los venezolanos volvemos a mirarnos, formulándonos la misma pregunta, pero en tiempo presente, ¿qué pasa? Pero muchos, también, en futuro, ¿qué sucederá?

Algunos expresan sus angustias demandándose “cuánto tiempo durará la tutela”. Coadyuvará para “una república que derivaría del ejercicio de la voluntad popular, mediante el sufragio». Pero, además, sustentada en “un orden normativo democrático”. En una “Carta Magna” distinta a la denominada demagógicamente “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y que terminó siendo, perdonen la mención, “ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario”. Esto es, “cantinflera”.

En la puesta en práctica de “la tutela del norte”, afortunadamente a cargo del diligente secretario de Estado, Marco Rubio, se ha constatado que en la tarea a fin de preparar a Venezuela para un “escenario democrático”, es determinante actuar como un agricultor eficiente eliminando la vegetación no deseada (maleza, arbustos, hierba alta). Y que ello ha de abarcar, obligatoriamente, personajes, prácticas ilegales, cárceles para políticos y pare usted de contar, pues se trataría de sustituir lo malo, abundante, por no calificarlo de excesivamente exagerado.

En la ejecución de “la agenda” de EEUU surgirán con seguridad el elenco de leyes aprobadas, durante el régimen atípico que rigió en Caracas por casi medio siglo, entre ellas, la más importante, “la carta fundamental”. Una nueva pareciera lo más sensato, pues si contrastáramos lo escrito, no del todo racional, con las manipulaciones en aras de favorecer al gobierno, en todas las ramas, o sea, en lo concerniente a legislar, aplicar la ley, gobernar y administrar justicia. Es, como se escucha casi sin excepciones, un texto constitucional no “reformable» y mucho menos “enmendable”. De allí que la Venezuela, que esperamos, para que vuelva a ser democrática y lo más pronto posible, demanda una nueva constitución. No importa que se repita la historia, pues las circunstancias lo justifican.

Las leyes, los decretos leyes, los reglamentos y demás actos normativos de segundo grado, como derivados de la Constitución, si comprendemos la convicción, genéricamente, sostenida, de que adolecen del defecto de “exceso o desviación de poder”, habrá de reformárseles y hasta derogárseles. Pues, el fin para el cual fueron dictados no guarda ninguna relación con el interés que en apariencia quiso satisfacerse. Mas bien, uno opuesto, inclusive, perjudicial, colectiva o individualmente. El control de la juridicidad demanda, por supuesto, tribunales, incluyendo al de máxima jerarquía, con sobrada preparación y objetividad para la depuración de regímenes jurídicos afectados por el error o vicio calificado como “exceso de poder”.

En Caracas, no es exagerado constatar que durante los casi 30 años de gobierno que están a punto de terminar, creció considerablemente esa desviación de “la inflación normativa”, o sea, un normativismo exacerbado, en la mayoría de los casos en las hipótesis tipificadas por gobiernos populistas, característica difícil de negar en Venezuela, donde durante las últimas décadas pareciera que hubiese gobernado, legislado y administrado justicia “Raymundo y todo el mundo”. En Estados Unidos se escribe “every man and his dog”. Además de la inflación, sobran evidencias de que se incurrió, también, en la denominada “deflación normativa”, cuanto menos con respecto a los derechos humanos. Leemos, en efecto, “la legislación sectorial sobre derechos humanos sufre a menudo deflación normativa”.

El destacado politólogo boliviano y fundador del prestigioso Interamerican Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzain, ha mantenido de manera permanente un interés por la crisis de Venezuela, país al cual considera pleno de “leyes infames” elaboradas y establecidas siguiendo el procedimiento formal para su creación, pero «violando en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”.  Son leyes en el aspecto formal, pero en el marco del estado de derecho, de la justicia y de la seguridad jurídica, disposiciones carentes de verdadero sentido de legalidad y sin legitimidad. Se trata de disposiciones del régimen que se tramitan y aprueban por asambleas legislativas sometidas a la voluntad del jefe de Gobierno que las controla con mayorías absolutas conseguidas también con base a normas y sistemas electorales que instituyeron el fraude. Los órganos de legislación han sido convertidos en simples tramitadores o “levanta manos” para cumplir la voluntad del «presidente», que perdiendo en rigor tal condición, ejerce como dictador.

Todo este andamiaje de “falsa institucionalidad” está fundado en las constituciones políticas que suplantaron precisamente para que sea la base de la “detentación indefinida del poder total” con simulación de la división e independencia de poderes. El complemento final es un poder judicial también subordinado que ratifica y declara cada vez que sea necesaria la “constitucionalidad de las leyes infames”. El doctor Sánchez Berzain es partidario de que ha de alentarse un censo de estas leyes, a fin de que durante el proceso de la tutela que Estados unidos adelanta en Venezuela, una vez depuesto Maduro Moros de la Presidencia, se proceda a su anaáisis y derogatoria. Esta apreciación corrobora que la metodología del gobierno de EEUU, con respecto a Venezuela, cuyo diseño y ejecución tiene encomendado el secretario de Estado, Marco Rubio, pareciera indispensable.

Lo contrario, vale la pena acotar, es exponerse a una seguidilla de gobiernos, derogables uno por otro, no ajeno del todo en la realidad de América Latina.

El liderazgo político que los venezolanos lograron, con esmero y denodado esfuerzo y que conduce principalmente María Corina Machado, diera la impresión de que coopera en el equipo del secretario de Estado, encomiable esfuerzo en la tarea de una sincera democratización de Venezuela.

Es como para decir, como el ultimo presidente democrático que hemos tenido, Carlos Andrés Pérez, “manos a la obra”. Quien, por cierto, como no ha de olvidarse, predijo el desastre que afectaría a Venezuela, a raíz del golpe de Estado que adelantara Hugo Chávez, llevándose por delante a una democracia de cuatro décadas, elogiada en parte considerable del mundo.

Fuente: PanamPost