La Ley de Amnistía que permite un nuevo comienzo

Para transitar hacia una verdadera apertura, como señalamos anteriormente en PanAm Post, el chavismo en el poder, sostenido por la tutela política de Estados Unidos, debe ceder y desmontar su aparato de represión y violencia. Ese es el punto de partida para que todos podamos aceptar el inicio de una nueva etapa en la historia política nacional. La orden dada por los norteamericanos al chavismo, no es que se reacomoden para perpetuarse, sino que se desmonten.

Recientemente, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, comentó a ejecutivos empresariales que unas elecciones libres podrían tardar entre 18 y 24 meses, es decir, que podrían celebrarse aún durante el mandato de Donald Trump.

En ese contexto, se espera la aprobación de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional. Para que esta norma se convierta en un mecanismo auténtico de entendimiento nacional debe incorporar principios de reconciliación, reparación a las víctimas, memoria, verdad y garantías de no repetición. Esto podría traducirse en medidas como las siguientes:

Indulto general para todos los presos y perseguidos políticos, sean civiles, militares o funcionarios policiales.
Reconocimiento oficial del Estado sobre las agresiones cometidas contra los venezolanos, como paso previo a una reparación integral para las víctimas.
Derogación de leyes utilizadas para la persecución, la tortura y la censura.
Eliminación de los cuerpos de policía política, como la DGCIM y el SEBIN.
Cierre definitivo de centros de tortura.
Remoción del Fiscal General y de jueces implicados en violaciones de derechos humanos.
Garantía de libertad para que la sociedad civil impulse museos, monumentos y espacios de memoria que preserven el recuerdo de las violaciones sufridas.
La Constitución venezolana vigente ofrece bases jurídicas que pueden orientar esta Ley de Amnistía. Los artículos 19 y 21 garantizan los derechos humanos sin discriminación; el artículo 23 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales; el artículo 29 obliga a investigar y sancionar, sin prescripción, las violaciones graves; el artículo 30 establece la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas; y el artículo 46 prohíbe la tortura y reconoce el derecho a la rehabilitación.

En el ámbito internacional, el artículo 63 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 14 de la Convención contra la Tortura de la ONU obligan a la reparación integral de las víctimas. Asimismo, los estándares de la ONU y de la CIDH exigen investigación de violaciones graves, garantías de verdad y medidas de no repetición.

Por ello, deben contemplarse todos los hechos de motivación política: no solo las personas actualmente encarceladas, sino también causas abiertas, procesos en curso, inhabilitaciones, exiliados con órdenes de captura y personas perseguidas en el extranjero.

La Ley debe levantar prohibiciones de salida del país, inhabilitaciones políticas y órdenes de captura, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, debe establecer un mecanismo claro de registro y verificación de beneficiarios, incluyendo a quienes ya fueron liberados de forma condicional, para eliminar causas penales pendientes, suprimir restricciones como presentaciones periódicas o prohibiciones de opinar públicamente, y borrar antecedentes derivados de estos procesos.

Deben reconocerse también los tipos penales comúnmente imputados a opositores, como terrorismo, traición a la patria, conspiración o incitación al odio, y desmantelarse el andamiaje jurídico que ha servido de base para su aplicación política.

Es fundamental permitir la participación de comités de familiares, organizaciones de derechos humanos, iglesias y movimientos estudiantiles, con el fin de crear una comisión mixta, con auditoría independiente, que garantice una aplicación imparcial de la ley. Finalmente, los plazos de ejecución deben ser breves y de cumplimiento obligatorio, especialmente en lo relativo a liberaciones.

Si esta Ley incorpora estos elementos, no solo obtendrá reconocimiento social amplio, sino que podrá convertirse en el punto de partida para la construcción de un nuevo sistema político, que permita el retorno de los exiliados y la creación de nuevas organizaciones políticas.

Un paso a la vez.

Fuente: PanamPost