Pasaje de Irak a Venezuela

La guerra trumpista contra los narcotraficantes alcanzó en las últimas horas su expresión más grotesca. Anunció el cierre del espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela el mismo día que otorgó el indulto al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en 2024, por asociarse con el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”. El gobierno de Estados Unidos no combate al narcotráfico. Lo promueve. Su verdadera guerra es contra la soberanía de América Latina y el Caribe.

El 20 de noviembre de 1993, el New York Times (NYT) publicó en su edición matutina una columna del reportero Tim Weiner en la que se detallaba el envío por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de una tonelada de cocaína de máxima pureza, proveniente de Colombia. La nota, ubicada en la portada, nombraba una operación, supuestamente organizada para infiltrar las redes de distribución al interior de los Estados Unidos, se ejecutó en connivencia con el entonces titular del Servicio Antidrogas de la Guardia Nacional venezolana, el general Ramón Guillén Dávila, ocho años antes del triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998. La tonelada de cocaína terminó siendo fragmentada y comercializada en grandes ciudades de los Estados Unidos, con el consiguiente enriquecimiento de los integrantes de la Agencia y de Guillén Dávila, inaugurando el mito del Cartel de los Soles.

La columna de Weiner profundizaba el informe televisivo presentado por el periodista Lowell Bergman para el popular programa televisivo 60 Minutos. El bloque se tituló “La Cocaína de la CIA” y en una de sus secciones, el titular de la Drug Enforcement Administration (DEA), Robert Bronner, acusó a los funcionarios de la Agencia de concebir el Cartel de los Soles junto a Guillén Dávila. La investigación periodística derivó en una pesquisa judicial tramitada por un gran jurado de Miami, que concluyó con la destitución de un alto funcionario de la Agencia y la renuncia de otros tantos. De modo sorpresivo, la repentina interferencia del Departamento de Justicia impidió que se presentasen cargos contra los máximos responsables de la CIA.

Luego del triunfo electoral de Hugo Chávez, el 6 de diciembre de 1998, las actividades de la Agencia, junto a su albacea local, Guillén Dávila, quedaron suprimidas. Como era de esperar –en similitud con el caso de Manuel Noriega–, el fiduciario local, Guillén Dávila, fue abandonado por sus instructores y terminó siendo acusado por el tráfico de 22 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. De esa manera, se logró invisibilizar y proteger las responsabilidades de quienes habían sido sus promotores en Langley, Virginia. Años después, en 2007, Guillén Dávila fue detenido junto a su hijo, el capitán Tomás Guillén Korinski, acusados por el juez militar Mariano Mosquera de participar en un complot contra el gobierno de Chávez. La razón del rechazo al mandatario bolivariano se vinculó directamente a la pérdida de su capacidad para seguir haciendo negocios con la CIA.

Donald Trump decidió el 24 de noviembre designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, sin brindar evidencia alguna de sus actividades y/o sus ilícitos. Gran parte de los medios de prensa estadounidenses señalan –como Michelle Goldberg del NYT– que ese grupo “no existe”. El último informe pormenorizado de la DEA consigna que el 90 por ciento del comercio de estupefacientes destinado a Estados Unidos transita por el Pacífico occidental (Perú, Ecuador y Colombia), mientras que solo el 8 por ciento proviene del Caribe Oriental, donde se ubican las costas de Venezuela.

En el último mes, las tropas estadounidenses, apostadas en el Caribe Oriental, han asesinado –según los informes del Departamento de Estado– a 83 personas. Las comunicaciones no detallan los nombres, las edades ni las causas de dichas intervenciones realizadas con artillería y misiles. El representante Jim Himes, de Connecticut, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara, señaló la última semana que existen dos posibilidades: se está asesinando a inocentes o, en su defecto, “a pobres ex pescadores que se ganan 300 dólares por llevar cocaína a Trinidad y Tobago”, a 50 kilómetros de Venezuela. Por su parte, la integrante del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Sara Jacobs, consideró que las acciones ordenadas por Trump son simples “ejecuciones extrajudiciales”, que violan el derecho internacional.

La exdiplomática Annie Pforzheimer, especialista mundial en temática de narcotráfico, se preguntó retóricamente por qué no son detenidas las tripulaciones. Dichas capturas, señaló, podrían permitir el ascenso en la cadena de responsabilidades criminales. Lo que omitió Pforzheimer es aceptar que los asesinatos le permiten al gobierno difundir el compromiso en la lucha contra el narco sin tocar a los grandes jugadores de las mafias, que pueden llegar a ser empresarios con tentáculos influyentes en Washington. El lavado de activos que genera el narcotráfico se reconvierte en inversión productiva, sobre todo en los sectores inmobiliarios y del juego. Ambos negocios, curiosamente, en donde la familia Trump tiene una sólida historia de adquisición y ventas. Según el Departamento de Justicia, el monto aproximado del lavado de activos, producto del tráfico ilegal de drogas, se estima en 29 mil millones de dólares en Estados Unidos.

Mientras Marco Rubio insiste en demonizar con falacias al gobierno bolivariano, un mes atrás, los Agentes del Servicio Nacional Aeronaval, de Panamá, incautaron un nuevo cargamento de droga, procedente del puerto de Guayaquil, con destino a Valencia, España. El más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, detalla que el 30 por ciento de toda la cocaína detectada en contenedores marítimos –alrededor de 80 toneladas decomisadas– tenía declarado, como procedencia de embarque, algún puerto de Ecuador. Su presidente, Daniel Noboa, perdió recientemente cuatro consultas populares, pero al ser uno de los socios hemisféricos más cercanos del trumpismo, no se ve obligado a sobrellevar la presencia de portaviones con propulsión nuclear en sus costas.

El exembajador estadunidense en Panamá, John D. Feeley, que advirtió sobre la reinstalación de los carteles colombianos en Ecuador desde el gobierno de Lenin Moreno, recordó cómo el Departamento de Estado utilizó a Ahmad Chalabi para justificar la invasión a Irak. A principios del siglo XXI, Chalabi se constituyó en el ciudadano iraquí que más influyó en la administración de George Bush (hijo) para su invasión de 2003. Reclamó la intervención de Occidente luego de aportar información falsa sobre las fábricas de armas biológicas de Sadam Hussein. El subsecretario adjunto de Defensa estadounidense, William Luti, lo describió como el “George Washington de Irak”, antes de que el colaboracionista fuera condenado a 22 años de prisión por estafa en Jordania. “Es hora de convocar al fantasma de Chalabi”, señaló Feeley, para comparar el rol desempeñado por el iraquí respecto a los pedidos bélicos requeridos por la actual cabecilla de los escuálidos, María Corina Machado. La grotesca receptora del Premio Nobel se encarga de plagiar, en la actualidad a Chalabi: insiste en provocar una intervención extranjera orientada a generar una guerra irregular que podría incendiar América Latina y el Caribe. “Es increíble cómo estos personajes –agregó Freeley– son lo suficientemente estúpidos para no recordar la historia reciente…”

Fuente: Página12