La gran condonación de España

El gobierno español, liderado por los socialistas, ha perdonado recientemente 83.300 millones de euros de deuda a quince de las diecisiete comunidades autónomas del país. Aunque forma parte de un acuerdo entre el presidente Pedro Sánchez y los separatistas catalanes de los que depende su frágil coalición, no solo beneficia a la rica región de Cataluña. Andalucía, históricamente una de las regiones más pobres, sería la mayor beneficiaria, con casi 19.000 millones de euros, 47,2 % de su deuda total, cancelados. En segundo lugar aparece Cataluña (actualmente bajo control socialista), con 17.000 millones condonados; y en tercero, la Comunidad Valenciana, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), con 11.300 millones. Como subrayan los ministros, no se trata solo de favoritismo hacia aliados socialistas: siete de cada diez euros condonados irían a regiones gobernadas por el PP.

La solicitud de condonación es voluntaria, algo que ya ha enfrentado a las regiones celosas de su autonomía, en su mayoría administradas por gobiernos conservadores. Quienes se unan a Cataluña y acepten el acuerdo verán su deuda transferida al gobierno central. Aunque María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidente primera, no ha explicado cómo funcionará el esquema, ha asegurado sorprendentemente que no aumentará la deuda pública nacional de España.

Montero calificó la decisión de una medida “claramente positiva y generosa”. Al permitir que las regiones redirijan fondos que normalmente irían al servicio de la deuda hacia servicios sociales, afirmó, “refuerza el Estado del bienestar”. No es casualidad que Andalucía sea la principal beneficiaria. Tradicional bastión socialista, desde 2019 está bajo el control del presidente conservador Juan Moreno. Pero Montero, andaluza y exfuncionaria de la región entre 2004 y 2018, anunció en enero que será candidata socialista a la presidencia andaluza en las próximas elecciones, previstas antes de junio. Algunos especulan que Sánchez forzó la salida de su predecesor Juan Espadas Cejas como líder regional del PSOE, considerando a Montero con más opciones de vencer al PP. Actualmente, ella mantiene un fuerte enfrentamiento con Moreno por la construcción de un nuevo hospital en Cádiz, con acusaciones cruzadas por los retrasos.

En este contexto, no sorprende que Moreno se haya convertido en uno de los críticos más duros de la iniciativa, sosteniendo que es otra concesión del gobierno central a los separatistas catalanes, diseñada para ayudar a Sánchez a aprobar el primer presupuesto estatal desde 2022 (bloqueado en los últimos años por falta de apoyos). Los líderes regionales del PP, que controlan doce de las quince comunidades incluidas, se han unido en su respaldo a Moreno. Tanto él como María José Sáenz de Buruaga, presidente de Cantabria, han descrito el plan como una “trampa”. La división ha invertido la dinámica tradicional, en la que las regiones ricas, como Cataluña, se quejaban de subsidiar a las más pobres y aportar más en impuestos de lo que recibían en inversión pública. Ahora, Moreno y Buruaga sostienen que Andalucía y Cantabria cargarán con parte de la deuda catalana; en el caso cántabro, 523 euros por persona, según Buruaga.

La presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), también rechazó la oferta en nombre de la “responsabilidad y el respeto a la verdad”, recordando que la deuda regional no desaparece, solo cambia de manos. Ayuso afirma que, tras la condonación catalana, cada ciudadano madrileño deberá 483 euros más, mientras que cada catalán deberá 410 euros menos. Desajustes similares podrían darse en todo el país, de modo que los residentes de las comunidades que no acepten el traspaso –muchas de ellas las más pobres– acabarán financiando a las que sí lo hagan, incluida Cataluña, que genera el 20 % del PIB español. Es una posible inversión del desequilibrio observado también a nivel europeo, donde los planes de mutualización de deuda suelen contar con el apoyo de países mediterráneos en dificultades pero con la oposición de los del norte más ricos. Ahora sería como si Alemania o Francia quisieran descargar su deuda, pero España e Italia se negaran.

Aun así, Montero sostiene que será “muy difícil” que los gobiernos regionales del PP justifiquen ante sus votantes rechazar la condonación. Argumentó que la medida “encaja perfectamente” con la política de su gobierno de asignar más fondos a las regiones desde 2018. Además, sigue la narrativa fiscal del bloque de izquierda, resumida en una idea: nada cuesta nada. Cada vez que Sánchez anuncia un fuerte aumento del gasto social o recurre a miles de millones de la Unión Europea con el plan Next Generation, insiste en que el contribuyente español no saldrá perjudicado y que la deuda pública, hoy en 103,5 % del PIB, no aumentará.

Lo mismo ocurre con este nuevo plan “sin condiciones”, que depende de cómo se clasifique a los contribuyentes: ¿residentes de una comunidad autónoma o de España? Si la deuda catalana se transfiere primero al Estado, ¿no debería luego parte de esa carga regresar a los propios catalanes, pagadera ya no como catalanes, sino como españoles? Eso anularía cualquier ganancia potencial, haciendo el traspaso inútil. Pero si no es así, la redistribución de la carga fiscal sería evidentemente injusta. También queda la objeción de que, si asumen deudas ajenas, comunidades no participantes como Cantabria o Andalucía verán limitado su margen para gastar más en servicios sociales, justamente lo que el plan dice reforzar. Montero, hasta ahora, no ha abordado públicamente estas críticas.

Finalmente, la medida no es tan igualitaria como parece. Al calcular la condonación para cada región de España, se tuvo en cuenta el impuesto sobre la renta (IRPF). Se perdonará más deuda a aquellas comunidades que subieron el IRPF entre 2010 y 2023, y se asignarán además 917 millones de euros a las que aumentaron la regulación fiscal. Montero sostiene que “sería incoherente beneficiar a quienes asumen menos riesgo político”, lo que en la práctica significa castigar a regiones liberal-conservadoras como Madrid y premiar a las de mayor presión fiscal y burocracia. Esto contradice la afirmación del gobierno de que el traspaso de deuda beneficia a todas las comunidades, sin importar su color político.

En lo esencial, la iniciativa es comparable al plan de financiación anunciado en julio, que permitiría a Cataluña recaudar su propio IRPF. Aunque presentado como una medida con beneficios potenciales para todas las regiones, en un análisis más profundo parece diseñado para mantener contentos a los separatistas catalanes. Solo otras dos comunidades –Asturias y Castilla-La Mancha, ambas socialistas– se unirían a Cataluña en aceptar el traspaso, con una deuda conjunta de 6.600 millones (que, sumada a la catalana, llega a 23.800 millones). Si lo hacen, el resentimiento y la animadversión regional en España no harán sino crecer.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica

Fuente: PanamPost