La defensa de Jair Bolsonaro negó que haya riesgo de fuga y acusó a la Policía Federal de Brasil de presentar una investigación “política”

La defensa del ex presidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, negó este viernes ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) haber incumplido las medidas cautelares impuestas y rechazó la existencia de un riesgo de fuga. Los abogados calificaron como “político” el informe presentado por la Policía Federal, que acusa al ex mandatario de intentar obstruir el juicio por intento de golpe de Estado.

El equipo jurídico de Bolsonaro respondió a la solicitud del juez Alexandre de Moraes, instructor del caso en el STF, quien exigió explicaciones en un plazo de 48 horas tras detectar en el teléfono móvil del ex mandatario un borrador de pedido de asilo dirigido al gobierno de Argentina. Según la defensa, “un borrador de pedido de asilo al presidente argentino” de febrero de 2024 “no puede ser considerado un indicio de fuga”.

 Los abogados argumentaron que Bolsonaro ha cumplido todas las resoluciones dictadas por la Justicia desde el inicio de las investigaciones. Denunciaron que la Policía Federal ha generado la percepción tanto en Brasil como en el extranjero de que el ex presidente “planeó una fuga”. La defensa calificó la acusación de “impactante” y “falsa” a pocos días del inicio del juicio previsto para el 2 de septiembre.

La solicitud de explicaciones por parte del STF forma parte de una pieza separada en la que se investiga a Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por supuestamente intentar interferir en el juicio por intento de golpe de Estado, mediante acciones coordinadas con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La Policía Federal presentó el miércoles cargos por “coacción” y “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho” mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales, dirigidos tanto a Bolsonaro como a su hijo. La acusación sostiene que ambos incurrieron en “conductas con el objetivo de interferir en el curso de la acción penal”, y recomendó su imputación por los mencionados delitos.

En respuesta, la defensa reiteró que las conclusiones policiales no aportan hechos nuevos y aseguró que Bolsonaro “no ha incumplido ninguna de las cautelares impuestas en el último año y medio”. Entre las restricciones impuestas por el Supremo el mes pasado figuran el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de acceso a redes sociales, tras considerar un posible riesgo de fuga. Días después, se impuso la prisión domiciliaria al ex presidente por el supuesto incumplimiento de estas medidas.

El abogado Celso Vilardi, integrante del equipo de defensa de Bolsonaro, tachó de “pieza política” el informe de la Policía, y sostuvo que busca “desmoralizar” al ex jefe de Estado al exponer detalles de su vida privada y atribuirle hechos “graves”. Sobre el uso de WhatsApp, Vilardi defendió que no supone una violación de las restricciones, al no tratarse de una red social de acuerdo con las resoluciones judiciales, ni existir prohibición al envío de mensajes privados.

El informe policial señala que en el celular de Bolsonaro fue hallado un documento de 33 páginas con un borrador de pedido de “asilo político” al presidente argentino Javier Milei, fechado pocos días después del inicio de la investigación por golpismo en febrero de 2024. En ese texto, Bolsonaro aducía una “persecución política en Brasil”, según el informe policial. El hallazgo sustentó la valoración del juez Alexandre de Moraes, quien consideró el documento como prueba del riesgo de fuga y solicitó explicaciones a la defensa.

La recomendación policial también involucra a Eduardo Bolsonaro, por realizar gestiones en Estados Unidos orientadas a que el gobierno de Donald Trump interviniese en favor de su padre. Eduardo Bolsonaro aseguró que sus gestiones en territorio estadounidense “nunca tuvieron como objetivo interferir en ningún proceso en curso en Brasil”, y que su propósito era el “restablecimiento de las libertades individuales en el país”, según escribió en la red social X.

El juicio penal contra Bolsonaro en el Supremo, basado en la acusación de encabezar una conspiración para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión. Según la defensa, la actuación del ex presidente se ajustó en todo momento a las condiciones impuestas por el tribunal.

En el ámbito internacional, Donald Trump impuso aranceles adicionales del 50% a las importaciones de productos brasileños y sancionó a varios jueces del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Alexandre de Moraes, argumentando una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

La investigación de la Policía Federal también señala al pastor evangélico Silas Malafaia y a Paulo Figueiredo, nieto del último presidente de la dictadura militar João Figueiredo, por presunta cooperación en la definición de “estrategias de coacción y difusión de narrativas falsas” con el fin de presionar a magistrados del STF. La corte suprema ordenó el allanamiento de la casa de Malafaia, le prohibió salir del país y le exigió declaración inmediata. Figueiredo, residente en Estados Unidos, habría asesorado a Eduardo Bolsonaro en sus gestiones en Washington, según la policía.

La fiscalía brasileña debe decidir si acepta la recomendación de la policía para formular cargos formales contra Bolsonaro, su hijo y los allegados implicados en el proceso judicial. El Supremo Tribunal Federal de Brasil fallará sobre la inocencia o culpabilidad de Bolsonaro entre el 2 y el 12 de septiembre.

(Con información de AFP y EFE)