La Corte Constitucional se lava las manos con la reforma pensional

Los colombianos tuvimos la oportunidad de escuchar la magnífica y certera réplica que el profesor Mauricio Gaona efectuó a la motivación que torticeramente dio el creador intelectual del “decretazo”, dejando en evidencia el verdadero propósito de ese decreto y de para donde va toda la actuación del gobierno, por lo que con la autoridad que le da no solo sus conocimientos sino su dolorosa experiencia de vida llamó la atención a la justicia y en particular a la Corte Constitucional sobre su trascendental rol en este oscuro túnel por el que estamos pasando y puntualmente clamó: “Les hago un llamado a través del tiempo. Hay un momento en la historia de cada país en que el carácter de sus líderes se une al destino de esa Nación. Ese momento ha llegado”.

Ese clamor, que contiene la esperanza de los colombianos, no fue escuchado por la Alta Corte, sino que aún yendo en contra de su doctrina resolvió alinearse en el nefasto lado que se avizora conducirá al total caos con perjuicios irreparable para el pueblo colombiano, lo que de suyo refleja un panorama bastante “enrarecido”.

Esta semana la Corte Constitucional, en medio del convulso panorama institucional del país, nos sorprendió con una decisión desconcertante: devolver al Congreso la reforma pensional del gobierno Petro para la corrección de vicios de trámite en vez de ejercer su función de garante del orden constitucional.

Esta decisión de la Corte resulta jurídicamente débil, políticamente ingenua y éticamente peligrosa. La reforma debió archivarse o ser declarada inconstitucional.

La Corte consideró el procedimiento seguido en el Congreso como un trámite limpio y democrático cuando en realidad y desde su origen, se trató de un entramado de corrupción. Al respecto hay denuncias, investigaciones fiscales y testimonios. El sonado caso de la UNGRD ha salpicado a congresistas que votaron a favor de la reforma pensional a cambio de contratos, puestos y promesas burocráticas.

A primera vista puede parecer un acto de prudencia identificar los errores procedimentales como la falta de aval fiscal y la deliberación insuficiente, entre otros.

Pero en realidad es un hecho inédito: la Corte le ha otorgado una segunda oportunidad a una ley nacida de la trampa, de la compra de votos y la manipulación del Congreso. Se degrada así la función constitucional del control formal que debería anular lo viciado en vez de darle oxígeno.

Devolver el proyecto para que lo corrija un Congreso enlodado por denuncias de corrupción no es solo ingenuo: es éticamente inadmisible. ¿Cómo puede el máximo tribunal constitucional devolverle la palabra a un poder legislativo desacreditado, sin antes considerar el contexto político que contaminó ese trámite?

Múltiples investigaciones señalan que varios congresistas que votaron favorablemente la reforma recibieron a cambio contratos, favores burocráticos o presiones directas del Ejecutivo. El trámite de esta ley no fue democrático, fue clientelista. Y eso no se corrige con una fe de erratas ni con sesiones nuevas.

La Corte Constitucional ha sentado un precedente nefasto: si el Congreso comete irregularidades para aprobar una ley, basta con que vuelva a intentarlo con más cuidado. No hay consecuencias reales. No hay sanción institucional.

Lo que debía ser un control de constitucionalidad se ha convertido en una oportunidad de mejora para quienes torcieron el sistema. El mensaje es claro y preocupante: si haces trampa, te corregimos la forma, pero te dejamos intacta la intención.

Con esta decisión, la Corte no solo deja en el limbo el futuro de la reforma, sino también el de millones de colombianos que hoy no saben qué pasará con sus ahorros pensionales. La propuesta del gobierno, que busca trasladar buena parte de los aportes al control del Estado bajo un sistema de reparto, genera serias dudas sobre sostenibilidad, eficiencia y garantías individuales. Pero mientras discuten si hubo o no suficiente deliberación, los ciudadanos siguen en vilo, sin certezas sobre el futuro de su jubilación y expuestos a reformas que avanzan más por presión política que por justicia social o viabilidad financiera.

El país necesita una reforma pensional. Pero esta debe provenir de un consenso técnico y ser debatida de forma transparente. No debe provenir del chantaje burocrático ni de la “mermelada” disfrazada de gobernabilidad. Colombia atraviesa una profunda crisis institucional. El poder ejecutivo ha acumulado poder, desafiado controles e intentado introducir reformas estructurales mediante mecanismos cada vez más cuestionables.

La Corte tuvo la oportunidad de poner un límite, de trazar una línea y la dejó perder.

Al conocerse el fallo se dio inicio a una gran controversia con posibles perjuicios para diferentes sectores.

La suspensión de la entrada en vigencia de la reforma, señalada para el 1 de julio del presente año, afecta a los afiliados al sistema y también a la estabilidad económica.

Esa decisión de la Corte no resuelve nada, solo dilata.

Fuente: PanamPost