No importa lo que vendan, cómo lo vendan y a qué países vayan a parar sus productos letales, los fabricantes de armas en Estados Unidos acaban de reforzar su protección legal para hacerlo. Un fallo de la Corte Suprema de EE.UU desestimó el 5 de junio una demanda del gobierno de México contra siete empresas. Smith & Wesson, Beretta, Glock y Colt estaban entre ellas. El juicio iniciado en 2021 se basó en que los cárteles de las drogas mexicanos se proveen de armamento fabricado al norte de su frontera. El gobierno de Claudia Sheinbaum señala en su página oficial que “casi todas las armas recuperadas en escenas de crímenes en México (entre el 70 % y el 90 %) fueron traficadas desde Estados Unidos”.
El origen del problema de fondo es tan antiguo que nació a fines del siglo XVIII. La promulgación de la Segunda Enmienda en 1791 establece el derecho constitucional de cualquier ciudadano a poseer armas en EE.UU. Una cultura robustecida por décadas que convirtió al país en líder mundial por su cantidad de civiles armados. Pero aquella iniciativa destinada a que los colonos pudieran defenderse de enemigos externos como el imperio británico y pasados ya 234 años, se mantiene rodeada de telarañas. Esta última decisión de la Corte lo confirma. Se seguirán fabricando sin limitaciones armas para consumo interno y externo.
Solo en el caso de las compañías que demandó México “producen más del 68% de esas armas traficadas de origen estadounidense, lo que significa que venden anualmente más de 340,000 armas que fluyen desde sus plantas en Massachusetts y otros estados de Estados Unidos a delincuentes al sur de la frontera”.
El monto de lo reclamado como indemnización ascendía a 10 mil millones de dólares. El juicio se había iniciado durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador por los estragos causados en territorio mexicano con arsenales enteros que llegan desde el norte del río Bravo. Una frontera natural que recorre casi 3 mil kilómetros. Pero el máximo tribunal de EE.UU rechazó la demanda. No extrañó. Su conformación es de neto corte conservador y sensible al lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el influyente grupo de presión a favor de las armas.
Cuando México denunció a los fabricantes de fusiles de asalto, pistolas y revólveres de EE.UU argumentó que la acción judicial era “para poner fin al daño masivo que los demandados causan al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en México”.
En su sitio oficial, la administración Sheinbaum explica en detalle por qué presentó el caso en Estados Unidos y que política de armas lleva adelante en su propio territorio: “El Gobierno cuenta con leyes nacionales estrictas que prácticamente imposibilitan a los delincuentes obtener armas legalmente en México. México cuenta con una sola armería en todo el país y emite menos de 50 permisos de armas al año”.
Otro de los motivos del juicio que dio el gobierno fue que a pesar de la abundante información sobre el caso “los demandados no han implementado ningún control de seguridad pública ni disciplinario en sus sistemas de distribución. Su política es vender a cualquier distribuidor o comerciante con licencia estadounidense para comprar y vender el producto, independientemente del historial de incumplimiento de la ley del comprador y a pesar de las fuertes señales de alerta que indican que un comerciante de armas está conspirando con testaferros u otros para traficar las armas de los demandados a México”.
Pese a ese argumento, la Corte Suprema de Estados Unidos esgrimió como causa para rechazar la demanda la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) que se votó en el Congreso durante la presidencia de George W. Bush en 2005. Esta norma establece una serie de pautas que determinan la responsabilidad civil y penal de las empresas estadounidenses de fabricación de armas que participan en el rentable mercado.
En el juicio promovido por México se refieren una serie de casos para entender de qué se trata el volumen y la calidad del armamento en circulación. Los grandes medios de EE.UU y otros países de América toda, en muchos casos omitieron publicar las razones de la demanda. Una señala a la fábrica Barrett Firearms Manufacturing de Tennessee, que en 2023 fue adquirida por el NIOA Group, una empresa global de armas de fuego y municiones de capitales australianos.
“El acusado Barrett fabrica un rifle de francotirador calibre 50 que puede derribar helicópteros y penetrar vehículos con blindaje ligero y cristales blindados. Se ha convertido en una de las armas predilectas de los cárteles. Barrett comercializa su rifle de francotirador como arma de guerra (con impactos confirmados de hasta 1800 metros, el modelo 82A1 ha demostrado su eficacia en combate), pero aun así lo vende al público general sin restricciones. Barrett sabe que sus distribuidores venden estas armas militares a los traficantes, a menudo al por mayor, para armar a los cárteles que las utilizan para combatir al ejército y la policía mexicanos que intentan frenar el narcotráfico”, dice el gobierno de Sheinbaum.
Con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos quedó trunco el intento de cortar o disminuir el flujo de armas a los cárteles de la droga. El omnipresente lobby de la NRA festejó el fallo. Doug Hamlin, su director ejecutivo, dijo en mayo pasado qué objetivo persigue su organización: “Es fundamental para marcar la pauta, la dirección y la defensa de cada aspecto de nuestra libertad. La NRA no es solo sinónimo de la vasta cultura de armas de Estados Unidos, respetuosa de la ley. La NRA es la personificación de la cultura de armas estadounidense”. Un producto de exportación que recorre el mundo sin limitación alguna.
Fuente: Página12
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