Se cierra la etapa del juicio oral del proceso contra Martín Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo en agravio del Estado por sobornos solicitados y recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. La Fiscalía de Perú presentó una acusación muy sólida, solicitando 15 años de cárcel para Vizcarra Cornejo. Entre los testigos figura el colaborador eficaz, exministro José Manuel Hernández Calderón, quien ha confesado su delito, y para rebajar su condena, delató a Vizcarra Cornejo. Otros colaboradores eficaces son los dueños de las empresas que pagaron los sobornos a Vizcarra. En la figura jurídica de colaboración eficaz, la simple manifestación delatora del colaborador no es suficiente. Este tiene que demostrar con evidencias que su delación es verdadera, la misma que tiene que ser comprobada sin dejar duda al respecto. Por ese motivo, la Fiscalía presentó testigos que corroboran la declaración de los colaboradores, además de un registro de llamadas telefónicas entre Vizcarra Cornejo, Hernández Calderón y los otros colaboradores.
La defensa de Vizcarra Cornejo se basa en afirmar que este, como gobernador regional de Moquegua (GORE), no tenía la potestad para adjudicar los contratos de las obras por los cuales solicitó y recibió los sobornos, entonces no había herramienta alguna para que Vizcarra pudiera presionar a las empresas. Vizcarra Cornejo, dentro y fuera del proceso, ha declarado que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es la que adjudicó las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua como parte del convenio firmado con el GORE. UNOPS respondió que ellos solo organizaban la licitación y declaraban al ganador de acuerdo con el reglamento, pero por ningún motivo adjudicaban, porque el convenio en su articulo 4 no se lo permitía. Entonces Vizcarra miente de una forma tonta, porque la ley es clara, y fácil de invocar.
Asimismo, la defensa de Martín Vizcarra presentó testigos muy cercanos al acusado, enlazados por vínculos políticos, laborales y de parentesco. Algunos de ellos no confirmaron quién adjudicaba las obras en el GORE Moquegua, y otros contestaron con ensalada de palabras explicando la cuadratura del círculo, lo más extraño, para no decir sospechoso, es que dos exgerentes del Proyecto Especial Pasto Grande y la abogada del mismo, al día de hoy, no pudieron responder para convencer a los vocales, solo supusieron, interpretaron, balbucearon o contestaron no saber. Por el contrario, Edmer Trujillo, exgerente del GORE-Moquegua, exministro de Vivienda y exministro de Transportes y Comunicaciones de Vizcarra, fue enfático al declarar que solo el gobernador regional podía adjudicar obras a nombre del GORE-Moquegua. Consecuentemente, la tesis fiscal no ha sido desvirtuada por la defensa del acusado; por el contrario, los testigos presentados por este lo han incriminado mucho más, al intentar protegerlo con declaraciones gaseosas.
La defensa de Vizcarra Cornejo utiliza otra estrategia, usada por muchos abogados y permitida por la ley, la de presentar su propio perito con resultados opuestos a la pericia de la Fiscalía. Vizcarra presentó al perito Alejandro Camarena ante el juzgado, sin este saber que lo habían propuesto. El objetivo del perito de Vizcarra era afirmar que el acusado Martín Vizcarra no estuvo en el lugar en donde los testigos afirman que estuvo, así como los informes de geolocalización de las empresas de telefonía. Y así lo hizo. El perito afirmó que era imposible que Vizcarra hubiese estado en el lugar en donde los testigos afirman bajo juramento. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, que se desarrolló en tres sesiones, el perito se derrumbó anímicamente y luego científica y legalmente. El perito increpó al fiscal que las preguntas que le realizaban eran “personales”. En realidad eran preguntas básicas sobre la pericia, la misma que es muy laxa y daña aún más la defensa del acusado.
Solo dos observaciones; el perito recibió la información con la cual efectúo su estudio pericial, no de la Fiscalía, sino del anterior abogado del acusado Martín Vizcarra, y en la calle, “inmediaciones de la tienda Hiraoka”. Consecuentemente, la cadena de custodia de la evidencia se ha roto. Inclusive la misma jueza le preguntó sobre este muy inusual comportamiento, ya que el perito Camarena afirmó tener cuarenta años de experiencia. Los abogados conocen que hay peritos y peritos. Algunos pueden afirmar que la Tierra es plana y el Sol gira alrededor de la Tierra. Otra observación; las empresas de telefonía al emitir su informe aclararon que la geolocalización no es 100 % exacta, que existe margen de error. Por el contrario, el perito afirmó que el acusado no estuvo en el lugar que la geolocalización de las empresas de telefonía demostraron, asumiendo que la geolocalización es exacta para él, pero con margen de error para las empresas de telefonía. Estas afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Una observación más; el perito contaminó adrede la cadena de custodia de la evidencia al enviar la misma a un servidor en los Estados Unidos, porque los que él utiliza no tienen la capacidad requerida. Todo muy extraño con el perito experto.
La pericia de parte del acusado Martín Vizcarra no le ha ayudado en lo absoluto; por el contrario, deja la sensación de haber sido realizada a la medida y gusto del cliente, por la forma en que se cumplió, dejando muchas dudas sobre la metodología utilizada y las conclusiones. La Fiscalía ha demostrado su tesis de acusación, el acusado Vizcarra afirma que los testigos mienten porque él, siendo ministro de Transportes, denunció al corrupto Club de la Construcción, y redujo el monto de referencia que el Estado está dispuesto a pagar por una obra. Ambas afirmaciones del expresidente Martín Vizcarra son muy cuestionables, pues Vizcarra mismo contrató con las empresas del supuesto Club, cuando fue nombrado director ejecutivo del Proyecto Pasto Grande, en 1989, durante el primer gobierno de Alán García, cargo que mantuvo hasta 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En ese lapso, licitó la obra Túnel de Jachacuesta por 17 millones de dólares, ganándola la empresa JJ Camet, cuyo dueño fue ministro de Economía de Fujimori, y la empresa encargada de hacer la supervisión del proyecto fue ATA, del ahora delator de Vizcarra, José Manuel Hernández. Esa obra, termino costando 67 millones de dólares, sin contar sobrecostos.
Graves indicios de corrupción fueron encontrados, pero nunca se acusó a los posibles culpables y el delito prescribió. Asimismo, el argumento de la reducción del monto referencial es una ilusión, ya que, en adicionales, para la obra de Lomas de Ilo, en los últimos meses como gobernador regional, Vizcarra y sus testigos de lujo Rossmery Silva Acevedo y José Luis Núñez Herrera, aprobaron 10 millones de soles. Esta obra es inservible, la misma que se licitó por 80 millones de soles, a 2025 debe ya bordear los 550 millones. Este proyecto es un barril sin fondo, mal elaborado y tiene que ser cancelado. Es la obra pública. Solo sirve para la corrupción. La empresa Obrainsa, que se adjudicó Lomas de Ilo, también contrató por 100 millones de soles con el Fondo de Desarrollo de Moquegua (FDM) cuando Vizcarra era su director ejecutivo. La obra contratada con este fondo, que tiene un presupuesto de 1000 millones de soles, de aporte de la minera Anglo American a favor de la Región Moquegua, tampoco se ha concluido. No existe. Este contrato no se ha investigado, y el FDM, dirigido por la concuñada de Martín Vizcarra, Rossmery Silva Acevedo, testigo de este proceso y directa participe de la licitación de Lomas de Ilo, no ha iniciado proceso alguno contra Obrainsa. Ahora, la pregunta es si Vizcarra se fugará y qué medidas se tienen que ejecutar para enfrentar a su mafia enquistada en el Estado y en particular en Moquegua.
Fuente: PanamPost
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