Gobierno de Boric asigna USD 100 millones para hormonización en niños desde los 3 años

La simple firma de un niño —incluso el dibujo de una raya, si no sabe escribir su nombre— es suficiente en Chile para  ingresar al  denominado programa de acompañamiento y apoyo a la identidad de género, conocido como “Crece con Orgullo”. Ese es el único requisito para ser parte de la iniciativa lanzada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que ofrece terapias hormonales y quirúrgicas a menores que estén inconformes con su sexo, a partir de los 3 años, con el fin supuesto fin de ayudarlos a “transitar el cambio”.

El programa “Crece con Orgullo” deja a un lado el riesgo de desarrollar osteoporosis, hipertensión y hasta esterilidad que producen tratamientos de esta naturaleza . Este año hay una asignación del Ejecutivo de 104 millones de dólares aprobados para sus actividades. ¿Los podrá ejecutar? El Congreso intenta impedirlo.

La acusación sobre “políticas experimentales” en Chile se dio en un contexto donde aún reina la falta de consenso en la comunidad médico-científica, sumado a la publicación de un reportaje de BioBío que habla sobre cómo se prescribe la utilización de estrógenos, como triptorelina, un bloqueador de pubertad inyectable recetado “a permanencia” para feminizar el cuerpo, cuando esta hormona es un medicamento indicado para el cáncer de próstata avanzado.

En entrevista con PanAm Post, el diputado Mauro González, integrante de la Comisión Investigadora por terapias hormonales del Congreso, aseguró que el ” enfoque afirmativo del programa chileno da prioridad a la autopercepción del menor, mientras que la participación de los padres en las decisiones no queda suficientemente clara ni garantizada.

Aunque el protocolo permite bloqueos de pubertad y hormonización cruzada, no existen mecanismos que aseguren un consentimiento informado real de las familias. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la protección de los derechos de los menores y sus tutores, destacando la urgencia de establecer regulaciones más estrictas y supervisión adecuada”.

Terapias sin evidencia
A su juicio, “la falta de evidencia científica confiable sobre los tratamientos hormonales en menores fue determinante para aprobar el informe”, sometido a votación en la plenaria del Congreso que cerró con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, tras conocerse que al menos 4000 niños han sido atendidos en el programa “Crece con Orgullo” desde 2023.

En ese sentido, González detalló que “familias denunciaron sentirse vulneradas. Además, se identificaron contradicciones en los efectos secundarios y en la irreversibilidad de los tratamientos”.

La plenaria frustró los avances de la visión de Boric que profundizó el alcance del programa que provee terapias hormonales a menores en Chile. Si bien La Ley 21.120 de Identidad de género, se promulgó en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, para permitir un cambio de nombre y sexo registral ante el Tribunal de Familia a quienes entre 14 y 17 años manifestaran otra identidad, la actual administración izquierdista fue más allá.

Programa fuera de control
Sin mencionarlo en la ley, ni su reglamento, se redujo la edad para recibir asesoría a los tres años y agregaron la obligación de usar el enfoque afirmativo.

La situación tenía dos años fuera de control, con la distribución de la circular 812 por parte del ministerio de Educación, que estableció como obligatoriedad el respeto del nombre social de los mayores de 14 años que soliciten cambio de identidad, incluso sin el apoyo de sus padres, así como también la adoptación de medidas como uso de baños, camerinos y uniforme del género con que se identifican en los colegios.

De ello se hizo parte el ministerio de Desarrollo, al facilitar el acceso a información sobre métodos seguros para modificaciones reversibles: como entrenamiento vocal, fajamiento de busto, depilación láser, prótesis de pene y derivarlos para terapias hormonales disponibles en Chile o cirugía de modificación corporal a adolescentes mayores de 14 años.

¿Y si los padres se oponían? Se calificaban como “resistentes” y los funcionarios de la salud sólo podían optar por dos caminos: sensibilizarlos o denunciarlos a la justicia.

Freno contundente
Ahora, la decisión en la Cámara es un freno de mano parlamentario que intenta reconducir a Chile hacia la postura de Inglaterra, nación que prohíbe el uso de bloqueadores de pubertad en el sistema público de salud (NHS).

El cierre de la emblemática clínica Tavistock y del servicio de identidad de género (GIDS, por sus siglas en inglés), tras la demanda interpuesta por Keira Bell, una paciente que decidió rechazar su tratamiento masculinizante para volver a ser mujer, marcó un hito que hoy es referencia en tierra austral.

El GIDS al igual que el PAIG aplican en sus evaluaciones el mismo “enfoque trans afirmativo”, en el cual sólo es suficiente que un niño se auto perciba atrapado en el cuerpo equivocado para ofrecerle y apoyarlo en tratamiento para transitar.

Sin embargo, esa visión entrará en revisión con el informe aprobado en la Cámara que recomienda modificaciones legislativas en la Ley de Identidad de Género para garantizar el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en programas de cambio de sexo.

Resolución a Contraloría
La nueva resolución establece además la suspensión de las terapias hormonales en Chile, la revisión de procedimientos relacionados con la identidad de género e incluso el envío de los antecedentes a la Contraloría, para que se auditen a los servicios públicos y a la Fiscalía por eventuales delitos relacionados con cirugías en menores de edad.

Según el diputado González, el ingreso a programas de acompañamiento para los menores a partir de los 14 años volverá a discusión junto a la eliminación del enfoque de género afirmativo. También está prevista la presentación de un proyecto de ley para fijar que los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo solo puedan realizarse a personas mayores de 18 años.

Mientras, aclara que el programa mantiene su financiamiento público, pero el informe propone suspender de inmediato las terapias hormonales en menores, colocando esta decisión en manos del Ejecutivo. En esa línea, reitera que aunque no hay una pérdida directa de presupuesto, su futuro podría revisarse en la planificación de 2026.

Fuente: PanamPost