Funcionando en vacío

Las bombas de combustible de Bolivia están funcionando en vacío, una crisis casi impensable para un país que alguna vez fue conocido por sus vastas reservas de gas natural. Largas filas de camiones y automóviles se extienden por las avenidas de las ciudades, con conductores que esperan horas o incluso días para obtener gasolina o diésel. El modelo energético estatal de Bolivia ha provocado una escasez de combustible.

¿Cómo es posible que una nación que en su día disfrutó de un excedente de gas se haya quedado sin reservas en menos de dos décadas? La respuesta se encuentra en la lección de Bastiat sobre «lo que se ve y lo que no se ve». La crisis de 2025 pone de manifiesto las consecuencias de una intervención gubernamental extrema a largo plazo y revela por qué solo el retorno a los principios del libre mercado puede volver a llenar el depósito del país.

La situación actual de Bolivia
Desde 2023, los bolivianos sufren una escasez recurrente de combustible. Los conductores de todo el país se enfrentan a colas interminables que a veces se extienden a lo largo de 15 manzanas o más. Los camioneros afirman pasar noches enteras en la cola solo para conseguir raciones limitadas de diésel. En marzo de 2025, siete de los nueve gobernadores regionales de Bolivia declararon el estado de emergencia y exigieron medidas urgentes al Gobierno central.

En un principio, el Gobierno socialista del presidente Luis Arce restó importancia al problema, culpando a la logística, el acaparamiento o la «especulación». Pero la realidad ya no podía negarse. Los ministros acabaron admitiendo que el país carece de combustible porque carece de dólares; Bolivia se ha vuelto tan dependiente de las importaciones que ahora gasta la asombrosa cifra de 56 millones de dólares a la semana en la compra de combustible en el extranjero.

Eso es más del doble de lo que gastaba hace solo cinco años: 1500 millones de dólares en 2019 frente a 3300 millones en 2024. Bolivia debe importar ahora el 86 % del diésel y el 54 % de la gasolina. Esta dependencia hace que el país sea vulnerable a las perturbaciones de las divisas y, con el declive de la economía en general, las reservas de Bolivia se han agotado, lo que dificulta el pago a los proveedores.

Mientras tanto, los precios subvencionados en las gasolineras son insostenibles. Los bolivianos pagan alrededor de 0,53 dólares por litro, aproximadamente un 35% menos que el promedio en Estados Unidos y menos de la mitad de lo que cobran países vecinos como Perú o Brasil. Estos precios bajos impuestos por el Estado obligan al Gobierno a vender el combustible por debajo de su coste, lo que agota los fondos públicos para cubrir el déficit. Peor aún, el combustible barato crea un incentivo para el contrabando. Las autoridades estiman que el «contrabando inverso» (combustible que se saca de Bolivia para revenderlo en el extranjero) le cuesta al país unos 600 millones de dólares al año.

En resumen, Bolivia pierde dólares por ambos lados: paga de más por las importaciones y luego ve cómo se le escapa el combustible.

El control estatal: la raíz del problema
En el centro de la crisis se encuentran la gestión politizada, la fijación de precios y el pensamiento a corto plazo. Lo que los ciudadanos ven son precios bajos del combustible; lo que no ven son las distorsiones a largo plazo, la disminución de la inversión, el aumento de los subsidios y, ahora, la escasez real.

«No hay arroz, hay gente enferma, no hay nada. Este gobierno nos miente… Si no nos levantamos, ¿quién nos va a ayudar?».

– De una entrevista de Red América TV
Los precios fijados por decreto ahuyentan la iniciativa privada. Ninguna empresa quiere importar o producir combustible para venderlo con pérdidas. Como resultado, se detuvo la exploración y la refinación. Entre 2014 y 2023, la producción de petróleo cayó un 54 %. La producción de gas natural se redujo un 45 %. Sin embargo, el consumo siguió creciendo, debido a los precios artificialmente bajos. La escasez era inevitable.

El Gobierno también dependió en gran medida de los excedentes del pasado sin reinvertir. Bolivia disfrutó de un auge de las exportaciones de gas a principios de la década de 2010, pero el Gobierno lo trató como una hucha sin fondo. En lugar de reinvertir en exploración o infraestructura, gran parte de los ingresos se destinó a subsidios y otros proyectos políticos.

En 2023, las exportaciones de gas habían caído de 6600 millones de dólares a unos 2000 millones. El modelo estatal fomentó el consumo a corto plazo a expensas de la sostenibilidad a largo plazo.

Esta escasez no es el resultado de crisis mundiales, sino el resultado previsible de la planificación centralizada. Se pospusieron ajustes políticos responsables para obtener beneficios políticos.

Antes y después de la propiedad estatal
 
Las últimas tres décadas cuentan una historia clara: un crecimiento impulsado por el mercado seguido de un estancamiento impulsado por el Estado.

En la década de 1990, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada privatizó parcialmente YPFB y acogió con satisfacción la inversión extranjera. Los resultados fueron transformadores. Se descubrieron importantes yacimientos de gas, como San Alberte y Sábalo, y se construyeron gasoductos que conectaban Bolivia con Brasil y Argentina. A principios de la década de 2000, la producción de gas se había triplicado. Las exportaciones se dispararon, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de Bolivia.

Pero en 2006, Bolivia dio un giro de 180 grados. El presidente Evo Morales nacionalizó el sector, no expulsando directamente a las empresas extranjeras, sino aumentando la propiedad estatal a través de YPFB. El gobierno recaudó más de 50 000 millones de dólares en ingresos por gas, que utilizó para financiar programas sociales. La pobreza se redujo y la popularidad de Morales se disparó, alimentando la ilusión de que la propiedad estatal había traído la prosperidad.

Pero ese auge se basaba en el impulso de reformas anteriores y en los altos precios mundiales. A finales de la década de 2010, empezaron a aparecer las primeras grietas. La producción de gas disminuyó drásticamente. En mayo de 2023, la producción se había reducido un 45 % con respecto a su máximo de 2014. El Gobierno renegoció los contratos de exportación para evitar las sanciones por incumplimiento de entrega.

A nivel interno, Bolivia comenzó a importar combustible a granel y, pronto, incluso gas natural.

Combustibles y energía privados: la verdadera solución
Para salir de esta crisis, Bolivia debe abandonar el enfoque estatista y adoptar el libre mercado. Eso significa poner fin a los subsidios a los combustibles y al control de precios, dar la bienvenida a la inversión privada, hacer respetar los derechos de propiedad y promover la competencia en el sector energético. Habrá dificultades a corto plazo, pero la alternativa es un declive indefinido.

Economistas como Roberto Laserna han advertido contra la mentalidad de «boom de los recursos estatales» de Bolivia. El crecimiento sostenible requiere una diversificación impulsada por el mercado.

Bolivia debe seguir este camino. Deja que la empresa privada lidere en un entorno competitivo, en un sector energético basado en normas. Si lo hace, la recuperación llegará y los surtidores podrían volver a llenarse.

Fuente: PanamPost