El proyecto que desafía la soberanía de los países amazónicos: el corredor triple A

El Corredor Triple A (Andes-Amazonas-Atlántico), también conocido como el “Corredor de la Anaconda”, es una ambiciosa iniciativa ecológica que busca conectar una vasta región de América del Sur, abarcando desde los Andes hasta el Atlántico atravesando la cuenca del Amazonas. Este proyecto representa un desafío geopolítico para la soberanía de Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, cubriendo aproximadamente 136 millones de hectáreas, lo que equivale a un tercio del territorio amazónico.

El principal argumento de los promotores de este proyecto es la creación de una red de áreas protegidas, tierras indígenas y corredores ecológicos que preserven la biodiversidad y mitiguen los efectos del cambio climático en una de las regiones más cruciales para el equilibrio ambiental global.

El proyecto fue ideado por el antropólogo colombo-estadounidense Martín von Hildebrand, fundador de la ONG Gaia Amazonas. Von Hildebrand, quien actualmente es secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), planteó esta iniciativa como una visión de conservación a largo plazo. En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, adoptó oficialmente la propuesta, promoviendo su respaldo internacional y presentándola en la COP 21 de París como una contribución significativa a la lucha contra el cambio climático.

La protección de la Amazonía no es un concepto nuevo. En Brasil, se creó la primera reserva forestal en 1911; en Colombia, en 1948, se estableció una en La Macarena; y en Venezuela, el Parque Nacional Canaima fue decretado en 1962. Estas y otras iniciativas sentaron las bases para un esfuerzo mayor, dando lugar a la creación de la OTCA en 1978. Sin embargo, desde los años 80, en el marco de la Guerra Fría, surgió un debate sobre la Amazonía que desafía la soberanía de los países involucrados. Para los años 90, aproximadamente una cuarta parte de los 700 millones de hectáreas de la Amazonía ya se encontraba bajo alguna forma de protección, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

El concepto del corredor se consolidó tras los compromisos asumidos en la Cumbre de París (COP 21) de 2015, donde varios países latinoamericanos (excepto Ecuador y Chile) se comprometieron a reducir la deforestación a cero. Von Hildebrand vio en esto una oportunidad para articular una iniciativa regional que conectara esfuerzos nacionales previos, argumentando que el corredor “ya estaba prácticamente hecho” en términos de áreas protegidas existentes.

Este corredor involucra a 385 comunidades indígenas y afecta directa o indirectamente a unos 30 millones de personas. En términos territoriales, Brasil aportaría el 62% del área (aproximadamente 84 millones de hectáreas), Colombia el 34% (46 millones de hectáreas) y Venezuela el 4% restante (5.4 millones de hectáreas), con otros cinco países contribuyendo en menor medida, pero siendo igualmente claves debido a su ubicación estratégica.

El discurso del cambio climático es el principal argumento para el desarrollo de este proyecto. Además, sus promotores aseguran que la iniciativa pretende promover la autogestión de las comunidades indígenas, integrándolas en la conservación y reconociendo su papel como guardianas del bosque. Sin embargo, esta postura ha sido contradictoria frente a ciertos hechos, como los ocurridos en la Raposa Serra do Sol, en Brasil, donde las comunidades indígenas denuncian la falta de servicios públicos y oportunidades debido a la implementación de este tipo de agendas.

Martín von Hildebrand ha insistido en que el Corredor Triple A no pone en peligro la soberanía de los países involucrados. En una entrevista con el Observatorio del Clima (2018), rechazó las acusaciones de que el proyecto esté vinculado a agendas extranjeras o a las negociaciones climáticas de la ONU, afirmando: “Es evidente que no tiene nada que ver con afectar la soberanía. Se está invitando a cada país a actuar conforme a sus políticas y leyes”. Según él, la iniciativa busca conectar ecosistemas, no imponer una autoridad supranacional, y respeta las decisiones soberanas de cada Estado. No obstante, en una entrevista con Folha de São Paulo (2019), Hildebrand afirmó que “la soberanía no es aislamiento; la soberanía es solidaridad”, y señaló que, frente a la resistencia de algunos gobiernos, existe “una alianza de ONG’s de todos los países, un sistema de toma de decisiones y un plan estratégico”.

En Brasil, ya se han presentado denuncias que declaran esta iniciativa como una amenaza a la soberanía nacional. Según el General Eduardo Villas Bôas, los 136 millones de hectáreas podrían convertirse en una zona de influencia extranjera. Algunos especialistas en geopolítica sugieren que los países con mayor implicación en este proyecto son aquellos de la Alianza del Atlántico Norte, que, en un escenario de guerra nuclear, verían a Brasil como su zona de retaguardia. En este contexto, el territorio del corredor Triple A serviría como un “colchón” para asegurar el dominio territorial de Brasil por parte de la alianza. Este espacio, que coincide en gran medida con el Corredor Triple A, no debería ser habitado ni desarrollado, sino “protegido”. ¿Es posible que el argumento de la “protección de la Amazonía” sea una fachada para la realización de un proyecto que se propone la hegemonía de la OTAN en el Atlántico Sur?

El rechazo al Corredor Triple A hace coincidir a la derecha y a la izquierda brasileña. Desde la derecha se rechazó la realización de la COP25 en Brasil en 2019, ya que se consideró que el debate del Corredor Triple A era una excusa para perder la soberanía en esa zona. Desde la izquierda, hay quienes señalan el proyecto de “verdadera ocupación”, señalando que podría aislar el norte de Brasil y facilitar la intervención de potencias extranjeras como Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Las denuncias sugieren que la autogestión indígena propuesta podría ser manipulada por intereses extranjeros, fragmentando la región y debilitando el control estatal.

En contraste con el expresidente Jair Bolsonaro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso que Brasil fuera la sede de la COP 30, programada para 2025 en Belém. El Corredor Triple A probablemente será un tema clave en esa conferencia, ya que algunos defienden su propósito de combatir la deforestación y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, mientras que otros lo perciben como una amenaza a la soberanía de los países amazónicos. Sin embargo, ante la creciente impopularidad de su gobierno y las fuertes resistencias internas, Brasil parece carecer de las condiciones necesarias para ejercer un liderazgo ambiental en ese evento.

Fuente: PanamPost