México despliega todas sus herramientas ante la amenaza de Trump de una deportación masiva de migrantes

No hay Navidad para la Secretaría de Exteriores mexicana, ni para los 53 consulados que el país tiene en Estados Unidos. El 20 de enero, fecha en que Donald Trump toma posesión como presidente, se espera en México un tsunami de efectos incontrolables ante la amenaza tantas veces proferida por el republicano de una “deportación masiva de migrantes” que podría alcanzar los 11 millones de personas. México lleva días preparándose para combatir en el terreno legal y humanitario un posible aluvión de paisanos obligados a retornar, pero también se mantiene en guardia por la posibilidad de que otras tantas personas de terceros países atraviesen por México para volver. Los municipios fronterizos están en alerta máxima, así como los albergues, las policías y las asociaciones de derechos humanos. A juzgar por los mecanismos que se están poniendo en marcha, el Gobierno mexicano da crédito a la amenaza de Trump.

El año electoral que acaba de pasar Estados Unidos no ha sido bueno para los migrantes, nunca lo son. Los millones de extranjeros que trabajan allí, pagan sus impuestos allí, pero lustros después aún no tienen documentos que les garanticen una estancia segura en aquel país, han tenido que soportar este año, además, un acalorado debate de campaña donde el entonces candidato Trump les acusó hasta de comerse las mascotas de sus vecinos. México es el país más afectado por las amenazas reales que se vienen haciendo, entre ellas la imposición de onerosos aranceles si no se controla, es decir, se frena, la migración, una cantinela ya sabida de anteriores ocasiones en la relación entre ambos países. A nadie le extraña que en los primeros días de mandato, el magnate estadounidense ponga en marcha las anunciadas deportaciones, como un gesto de palabra cumplida, aunque quizá se frenen antes de alcanzar la cifra de los 11 millones de extranjeros.

Las maniobras que se observan en México revelan que el país se prepara para la particular guerra de la migración que llega desde su frontera norte. Los extranjeros suelen utilizarse como ariete político entre los líderes populistas, véase Trump. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dejado claro que recibirá a los suyos, es decir, a los mexicanos, pero que Estados Unidos tendrá que encargarse de deportar, si quiere, a los demás. Si acaso, como socio más débil, ofrecerá alguna colaboración. “No estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales”, ha dicho la presidenta mexicana en varias ocasiones y ha recordado por activa y por pasiva el trabajo crucial para la economía estadounidense que desempeñan sus paisanos así como los millones en impuestos que dejan en aquel país.

Mientras tanto, las oficinas de exteriores mexicanas están a toda máquina. Los consulados en Estados Unidos se ha reforzado con 329 asesores más para analizar al detalle las detenciones que incumplan los acuerdos internacionales y el 6 de enero se pone en marcha un botón de alerta que remitirá el mensaje urgente de aquellos mexicanos que se enfrenten a una detención inminente hacia los consulados y sus familiares más cercanos. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ha advertido de que estarán muy pendientes de que esos arrestos cuenten con la preceptiva orden judicial y todo el proceso se atenga a derecho. Cada consulado tiene sus planes locales para expurgar la legislación estatal y federal estadounidenses y se están afianzando las redes de apoyo comunitario, entre las que participan las iglesias, las universidades, los empresarios y los servicios de salud, entre otras instituciones para efectuar los acompañamientos requeridos. Asimismo, se está incrementando la presencia en cárceles y centros de procesamiento y detención.

Pero es complicado hacer frente a una riada humana de ese calibre. Los municipios fronterizos se quejan de que sus presupuestos y sus infraestructuras no están preparados para recibir a millones de personas en tan corto plazo de tiempo. Tijuana, Ciudad Júarez, Nuevo Laredo o Reynosa son algunas de las alcaldías que esperan mayores dificultades. Eso en la frontera norte, la del sur de México con Guatemala, por donde entran los extranjeros del centro y sur de América además de miles de asiáticos y africanos está sufriendo en las últimas semanas tensiones parecidas, en este caso con caravanas de migrantes que querían llegar a Estados Unidos antes de que Trump tomara el poder. Los albergues, siempre escasos de recursos, están en graves problemas. Ante el fenómeno de la migración, México vuelve a ser el país aplastado entre dos fronteras al rojo vivo.

Cuando los republicanos toman el poder en Estados Unidos este asunto se complica, pero tampoco va mucho mejor cuando gobiernan los demócratas. En campaña electoral el problema se vuelve espinoso al ser utilizado como estrategia para arañar votos. En los últimos tiempos, sin embargo, Biden hizo algunos gestos en favor de los mexicanos que llevaban 10 o más años viviendo en Estados Unidos y que estaban casados con un estadounidense. Pretendió documentarlos debidamente, pero los tribunales lo frenaron a instancias de gobernadores republicanos. Los migrantes viven con miedo la suspensión de programas implantados para conceder algunos beneficios a los que llegaron siendo niños, los llamados dreamers, así como otros que dan cierta seguridad a quienes llevan décadas trabajando sin papeles.

La realidad de los mexicanos en Estados Unidos cobra tintes dramáticos. Son millones los que han levantado la industria y la agricultura durante décadas y ahora jubilados no encuentran quien les conceda una pensión. La Red Nacional de Jornaleros se reunió a primeros de diciembre con el gobierno de Sheinbaum para solicitar ser incluidos en la paga universal para los retirados que se ha puesto en marcha en el último sexenio en México. Esa pensión de bienestar apenas alcanza los 300 dólares bimensuales, pero algo es algo para ellos. México recibe alrededor de 6.000 millones de dólares gracias a las remesas que los migrantes envían a sus familias, uno de los grandes pilares que sostiene la economía de este país. Pero tampoco Estados Unidos puede prescindir de la fuerza de trabajo que aportan en su territorio. Tampoco las deportaciones son moco de pavo; algunos análisis económicos sostienen que expulsar a tantos millones de personas costaría cerca de 500.000 millones de dólares.

La realidad va por un lado y las estrategias políticas, por otro. México espera que los intereses económicos pesen a la hora de cumplir estas amenazas, pero a buen seguro su economía se verá afectada, si no es por el recibimiento de sus paisanos lo será por los aranceles económicos o algunas otras medidas contra los carteles y el narcotráfico que también tienen en guardia los preceptos soberanistas de México. De Trump siempre se dice que conduce la política como si se tratara de una empresa que ha de ser lo más rentable posible. Y en ello fundan sus esperanzas quienes creen que las amenazas, finalmente, no serán para tanto. Aún así, la frontera aguarda el ciclón que se avecina para finales de enero.

Fuente: El País