“No sé qué voy a hacer”: entre la incertidumbre y el miedo, miles de migrantes se preparan para el cierre de albergues en Nueva York

Rosa Herrero ha establecido como ha podido una nueva vida para sí misma y sus cinco hijos en el albergue para migrantes en el que viven. La madre soltera lo ha hecho a pesar de que el refugio está ubicado en el medio de la nada en Brooklyn, donde la estación de metro más cercana está a casi nueve kilómetros y el trayecto en transporte público a otros puntos de la ciudad de Nueva York toma horas. Lo ha logrado también a pesar de que su familia duerme en catres dentro de una gigantesca tienda de campaña que forma parte de un campamento levantado por el Gobierno local en un antiguo aeródromo para acoger a unos 2.000 solicitantes de asilo. Es lejos de ser un hogar, pero es el único techo que los Herreros han tenido sobre sus cabezas durante el último año. Ahora, la ciudad los va a desalojar de él.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Eric Adams, anunció el pasado 10 de enero que su Administración cerrará 25 albergues para inmigrantes en los próximos dos meses. Entre ellos está el campamento de Floyd Bennett Field, en el que vive la familia Herrero junto a otras 500. Este centro forma parte de una red de 250 refugios habilitados por la ciudad para acoger a los miles migrantes que han llegado a la Gran Manzana desde la primavera de 2022. Desde entonces han arribado más de 225.000 peticionarios de asilo, una cifra récord. Sin embargo, el número de recién llegados ha ido diminuyendo desde hace cinco meses, lo que ha llevado la Administración Adams a reducir los recursos destinados a la gestión de la crisis migratoria, incluyendo la clausura de varios albergues.

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“Gracias a nuestras inteligentes estrategias de gestión, hemos dado la vuelta a la esquina”, aseguró Adams al anunciar el cierre inminente de 25 centros. “Vamos a seguir buscando más sitios para consolidar y cerrar, y más oportunidades para ahorrar dinero de los contribuyentes, a medida que continuamos gestionando con éxito esta respuesta”, añadió. En los últimos dos años, su Administración ha destinado más de 6.000 millones de dólares a la acogida de los recién llegados.

Además del ubicado en Floyd Bennett Field, que cerrará el 15 de enero, el alcalde planea clausurar el campamento instalado en la isla Randall’s, varios hoteles a lo largo de la ciudad, dos residencias universitarias en Manhattan y un almacén convertido en albergue en el aeropuerto J.F. Kennedy, entre otros. Los migrantes que viven en esos centros serán trasladados a otros del sistema, que alberga a 54.900 migrantes, frente al máximo registrado en enero de 69.000.

Las familias afectadas, por su parte, denuncian que no han recibido suficiente información sobre cómo se llevará a cabo el cierre y el proceso de reubicación. Algunos migrantes alojados en el Floyd Bennett Field —el tercer refugio familiar más grande de la ciudad, abierto en noviembre del año pasado— aseguran que el aviso de clausura les tomó completamente por sorpresa. Las familias han sido convocadas a reuniones individuales en el centro de recepción y gestión ubicado en el hotel Roosevelt, en Manhattan, donde esperan enterarse dónde vivirán el mes que viene. El trayecto de ida y vuelta desde el campamento hasta este hotel es de entre cuatro y cinco horas.

Herrero tiene su cita el próximo viernes. Sentada en un banco a las afueras del Floyd Bennett Field junto a dos de sus hijas, la madre soltera de 45 años espera bajo el sol a que llegue el único bus público que pasa cerca del campamento. El viento de la bahía de Jamaica, que rodea casi totalmente al refugio, la azota, mientras la temperatura ronda los 2 grados. “No sé qué voy a hacer”, lamenta la migrante originaria de Venezuela que llegó a Nueva York hace un año. Desde entonces, Herrero ha vivido junto a sus cinco hijos —de 9, 14, 15, 20 y 22 años de edad— en este albergue.

“No quise recorrer a ningún otro lado porque yo pienso en la escuela de mis hijos que está cerca, pienso en mi trabajo que está cerca, la comodidad y el bienestar de ellos”, explica. El tener que mudarse a otro centro, posiblemente en el otro punto de la inmensa ciudad, le preocupa no solo por su trabajo, sino porque la reubicación ocurrirá en medio del año escolar. “Psicológicamente, no está bien para mis hijos. Ya ellos hicieron amistades y se trataron de adaptar a esa escuela. Moverlos de una escuela para otra también los afecta”, asegura.

Esta es precisamente una de las principales preocupaciones de las organizaciones pro migrantes de la ciudad. Aunque celebran el cierre de este centro, que nunca consideraron apto para acoger a familias con niños, instan a la Administración Adams a hacer todo lo posible para que el proceso de reubicación perturbe lo menos posible las vidas de estas familias y en especial las de los menores.

“Aunque acogemos con satisfacción este cierre, por el que hemos abogado durante mucho tiempo porque este lugar nunca fue adecuado para familias con niños y suscitaba preocupación por la seguridad de las familias, somos conscientes del trastorno que causa a las familias a las que atendemos, que por encima de todo anhelan estabilidad. También queremos garantizar que los niños sigan aprendiendo, que su acceso a las aulas no se vea obstaculizado y que las familias puedan seguir teniendo acceso a oportunidades de empleo, asistencia sanitaria y servicios esenciales”, expresaron en un comunicado conjunto las organizaciones defensoras de migrantes, la Coalition for the Homeless (Coalición para los Sin Techo) y la Legal Aid Society (Sociedad de Asistencia Jurídica).

Las familias serán movidas del centro durante las próximas semanas hasta el 15 de enero, cinco días antes de que Donald Trump vuelva la Casa Blanca y comience a implementar su agenda migratoria, que incluye la detención y deportación de millones de migrantes. Aunque Adams no lo citaba al anunciar el cierre del campamento en el Floyd Bennett Field, miembros de su Administración, así como defensores de los migrantes, temían que el presidente electo lanzara redadas en el refugio, ya que es el único de la ciudad ubicado en terrenos federales, o cancelara el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, incluso con el cierre, las organizaciones pro migrantes siguen con el ojo puesto en el alcalde por su acercamiento al presidente electo. Adams ya ha dejado claro que su Administración colaborará con el Gobierno entrante en materia migratoria y el regidor se reunió la semana pasada con Tom Homan, a quien Trump encomendó llevar a cabo su prometida operación de deportación masiva como su “zar de la frontera”. Los dos salieron de la reunión asegurando que tenían los “mismos objetivos”. Frente a esta aparente alianza, grupos como la Coalition for the Homeless y la Legal Aid Society aseguran estar “vigilando de cerca” los cierres de los albergues y los traslados de los migrantes “para garantizar el acceso de los recién llegados al refugio y la protección frente a cualquier posible redada federal de aplicación de la ley de inmigración”.

Acceso a la vivienda propia: la tarea pendiente
Además, las entidades defienden que en lugar de seguir reubicando a los migrantes de centro en centro, la ciudad debería invertir en soluciones a largo plazo, que ayuden a estas personas a conseguir vivienda propia. La Administración Adams implementó el mayo pasado una nueva normativa que requiere que las familias de migrantes albergadas en estos albergues vuelvan a solicitar refugio cada 60 días, dejándolos en una situación de inestabilidad en la que, cada dos meses, corren el riesgo de tener que mudarse si no se les concede una nueva plaza en el mismo centro. Mientras, las parejas sin niños y las personas solteras reciben plazas por solo 30 días; al acabar el plazo, deben abandonar los refugios, a menos que la ciudad determine que tienen “circunstancias atenuantes” y se les conceda una exención.

“Aunque acogemos con satisfacción la noticia del cierre del [centro] de Floyd Bennett Field, no es suficiente. Instamos a la Administración de Adams a dar nuevos pasos centrándose en soluciones humanas y a largo plazo que realmente apoyen a nuestros vecinos más recientes”, señaló en un comunicado Murad Awawdeh, el presidente y director general de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés). “La ciudad debe dar prioridad a la creación de vías de acceso a una vivienda permanente que proporcione estabilidad y dignidad, garantizando que los inmigrantes neoyorquinos puedan construir sus vidas aquí y contribuir a nuestras comunidades”.

Herrero sabe de primera mano lo difícil que es encontrar un apartamento en la ciudad como solicitante de asilo. “Yo tengo cinco meses buscando alquiler para salir de aquí”, dice a las afueras del Floyd Bennett Field. Asegura que está construyendo su crédito, que va por 700 puntos (de una escala de 850), lo cual es considerado un “buen” crédito pero no suficiente para conseguir un apartamento en un mercado inmobiliario tan competitivo como el de Nueva York. “Yo no vine a este país a ser una carga del Gobierno, ¿pero cómo voy a alquilar si aquí te piden un crédito más alto del que yo tengo? Tengo que seguir siendo carga para el gobierno porque no me dan la oportunidad”, lamenta frustrada.

“Yo tengo para pagar mi alquiler, tengo mi dinero y trabajo. Pero he hecho 10, 20, o 30 aplicaciones en agencias inmobiliarias y cuando ven los documentos me piden un crédito alto, ¿de dónde se supone que lo saque si apenas tengo un año en Estados Unidos y apenas me acaba de llegar mi permiso de trabajo?”, se pregunta. Su presupuesto para un apartamento es de hasta 2.800 dólares. Busca uno de tres habitaciones para ella y sus cinco hijos. “Les he ofrecido darles tres o cuatro meses de alquiler de una vez para que así vieran que soy una persona responsable y aun así no me lo dan. Entonces me veo en la pena obligación de recurrir al Gobierno porque no tengo otra opción, de quedarme en un lugar de estos porque no hay otra situación que me pueda resolver”, añade.

Para hacer frente a esta realidad, la NYIC exige que Adams amplíe programas como el de CityFHEPS, bajo el cual beneficiarios que residen en la ciudad de Nueva York reciben un suplemento mensual para pagar su alquiler. Actualmente, migrantes sin papeles no pueden beneficiarse de esta ayuda. La organización considera que el programa contribuiría a “garantizar el éxito de todos los neoyorquinos”, independientemente de su estatus migratorio, “en lugar de perpetuar un ciclo de inestabilidad y dificultades”.

Herrero se muestra agradecida de que la ciudad le haya dado una cama a su familia durante el último año, pero reconoce que no es suficiente. “En lo que me benefició el refugio, y por lo que doy gracias, fue en darnos un techo”, dice. “Todo lo demás corre por mi cuenta porque es mi obligación como madre soltera. Y como yo, somos mucho, que trabajamos y buscamos la manera de vivir dignamente, pero no nos dan la oportunidad”.

Fuente: El País